El nuevo presidente del Parlament balear, Baltasar Balti Picornell, de Podemos, ha llamado la atención de todos los medios por su look de rockero y por su accidentada relación con la ortografía, que lo llevaba a hacer profesión de fe republicana en estos términos (con los que saludó en Facebook la subida al trono de Felipe VI):
Elegido por la gracia de Dios y no del pueblo… ESTOS SON LAS HERIDAS HABIERTAS DE TU REGIMEN MONARQUICO PODRIDO.
Aunque Balti ha dicho luego: "Soy republicano, pero sé que no seré una autoridad republicana"; y aunque no tengo ni idea de sus ancestros, lo cierto es que su apellido, Picornell, remite a uno de los episodios más singulares y desconocidos de la historia de España: el primer intento por instaurar una república, más o menos copiada de la que jacobinos y girondinos habían liderado en Francia, y muy anterior en el tiempo a figuras como Pi y Margall o Castelar.
A la cabeza de todo estuvo Juan Bautista Mariano Picornell y Gomila, nacido en Palma de Mallorca en 1759, en un hogar de acaudalados terratenientes. Antes de cumplir los veinte años, se hallaba ya ejerciendo su profesión de maestro de primeras letras en Madrid, donde en 1796 se convirtió en protagonista del movimiento conocido como Conspiración de San Blas, en alusión al santo del día en que había de estallar (3 de febrero). La conjura parece haberse urdido en una logia que funcionaba en la madrileña calle del Bastero, y tenía como propósito el de instalar una junta ejecutiva y una legislativa, cada una compuesta de veinticinco miembros, para gobernar la república que se pensaba implantar.
Uno de los complotados, el maestro de francés Juan Pons Izquierdo, había traducido los Derechos y deberes del Ciudadano. Como él, los demás eran todos burgueses: el cirujano militar Joaquín Villalva; el abogado aragonés Bernardino Garasa; el profesor de matemáticas Sebastián Andrés; el profesor de humanidades José Lax; el joven ayudante de la Escuela de la Real Comitiva y Colegio de Pajes Manuel Cortés Campomanes, de apenas diecinueve años. La componenda fue delatada y cayeron la víspera todos sus miembros: condenados a la horca, Picornell, Garasa, Cortés, Ponz y Lax se beneficiaron a último momento de la intercesión del embajador francés, y sus penas fueron conmutadas por la cadena perpetua en tremendos presidios de Ultramar. Al coincidir –todos menos Ponz– en los calabozos de La Guaira, puerto de Caracas, los reos conseguirán trabar contacto con algunos venezolanos impregnados de su mismo espíritu; y tras fugarse, el 4 de junio de 1797, Picornell y Cortés continuarían conspirando desde las Antillas, donde encontraron refugio.
Según informaba en diciembre de 1797 a Godoy el capitán general de Venezuela, Picornell había impreso en la isla de Guadalupe unos Derechos del Hombre, siguiendo la estrategia trazada para la intentona de Madrid; a la vez, había editado una versión libre de la canción revolucionaria francesa titulada La Carmagnole, transformada ahora en Carmañola Americana, para hacerla circular por México y Tierra Firme (Venezuela). Resulta evidente en esta composición el matiz de lucha social que quiere infundirse al movimiento independentista, al identificar a los revolucionarios como los sincamisa o descamisados, un calco de la expresión sans-culottes:
Si alguno quiere saber
por qué estoy descamisado
es porque con sus tributos
el Rey me ha desnudado.
La canción, además, parece glosar las sentencias de Saint-Just en su célebre intervención durante el juicio de Luis XVI ("No se puede reinar inocentemente... Todo rey es un rebelde y un usurpador"):
Todos los reyes del mundo
son igualmente tiranos
y uno de los mayores
es ese infame Carlos.
Es, sin embargo, muy conocido que la acción de Picornell en América repercutirá sobre todo en la conjura preparada por los criollos Manuel Gual, miembro del Batallón Veterano de Caracas, y José María España, corregidor del pueblo de Macuto, al otro lado del monte Ávila que preside la capital venezolana. Como en el caso de la de San Blas, se trataba esencialmente de un complot tramado entre personas de la clase media (abogados, tenderos, artesanos, eclesiásticos), con un saldo que, al ser abortado el plan por una delación, implicó a cuarenta y nueve criollos y a veintiún peninsulares. Los cabecillas consiguieron huir: Gual pasó a Trinidad, y José María España, que en 1799 iría a reunírsele allá, regresaría luego a Caracas para excitar la rebelión desde la clandestinidad. En esta ciudad resultó al fin detenido, arrastrado de la cola de un caballo, ahorcado en la Plaza Mayor, descuartizado, y los miembros fueron exhibidos en distintos lugares con propósito ejemplarizante.
El republicanismo, entendido como oposición a la monarquía, brilló por su ausencia entre los liberales españoles al tiempo de insurgir contra el Antiguo Régimen. El historiador Manuel Moreno Alonso ha descubierto recientemente que la Constitución norteamericana fue conocida en España a través de una traducción publicada en Cádiz en 1811, en la imprenta de Manuel Ximénez Carreño, y por supuesto se sabía del régimen implantado en Francia tras el derrocamiento de la monarquía en agosto de 1792. Si muchos historiadores han señalado la torpeza y la inflexibilidad de Luis XVI como causas que precipitaron el fin del régimen monárquico, cuesta imaginar que los liberales españoles no hayan querido nunca volverse contra Fernando VII, siendo este rey infinitamente más odioso y maligno que su primo de allende los Pirineos. Autores como Mario Onaindía (en su estudio La construcción de la nación española) han querido demostrar que en la España de las Luces y en la del primer liberalismo existía, no obstante, una cultura republicana a la antigua, inspirada por los clásicos políticos de Grecia y Roma, más o menos remozados por ciertos autores ilustrados. Pero lo cierto es que la opción de los liberales, que abominaron juiciosamente del caos y el Terror producidos por la Revolución francesa, fue siempre la de conservar la monarquía circunscrita a lo que Argüelles llamaba su "antigua planta" (esto es, el modo de funcionar antes de la imposición del absolutismo), y que Luis Sánchez Agesta resume así:
Una autoridad real sujeta a restricciones; Cortes generales que debían ser convocadas para todos los negocios graves e importantes; jueces responsables cuya acción de juzgar se fundara en leyes sancionadas y publicadas en Cortes, y una administración de las provincias y los pueblos que, de acuerdo con la forma que tuvo en su origen, debían estar confiada a ayuntamientos electivos.
Pero algunos admiradores del robespierrismo defendían, como Picornell, la ruptura radical con la tradición histórica. Eso sí: el culto maestro mallorquín no renegaba, al menos, de la corrección ortográfica.