Las escuelas europeas vehiculan en lengua materna.
Idiomas y Educación está afincada en Alicante, en la misma ciudad donde se encuentra la única Escuela Europea que hay en España. Las Escuelas Europeas, repartidas por todo el territorio de la UE y con un mismo modelo lingüístico para todas ellas, tienen como objetivo educar a los hijos de los funcionarios europeos, que en la mayoría de casos están desplazados y proceden de diferentes países. Las Escuelas Europeas se encuentran en donde están las instituciones más importantes de Europa. En Alicante se encuentra la EUIPO o Agencia de Propiedad Intelectual, encargada del registro de marcas, dibujos y modelos comunitarios en la UE, con más de un millar de funcionarios europeos.
Un estudio realizado por Idiomas y Educación en 2019 sobre el modelo lingüístico de estas escuelas concluyó que la enseñanza Primaria vehicula el 85 % del tiempo lectivo en la lengua materna del niño, dentro de la oferta con que cuenta cada Escuela. Ese porcentaje no baja del 70 % en los niveles educativos equivalentes a la ESO en España, ni baja del 65 % en los niveles de Bachillerato. Con este modelo la UE se declara que apuesta por que los hijos de sus funcionarios estudien en lengua materna.
El modelo lingüístico en la Educación Valenciana
La Educación, desde las elecciones de mayo de 2015, viene dirigida y gestionada por Compromís, partido regional de corte separatista que sigue la hoja de ruta de Cataluña en base a la construcción de los países catalanes. El PSPV, Partido Socialista del País Valenciano, bloque mayoritario en el Pacto del Botánic y que gobierna hasta hoy en coalición con Compromís y el apoyo (2015) o coalición (2019) con Podemos, ha cedido su preciada educación al partido más radical y separatista de esta comunidad, en claro mensaje de Ximo Puig y de todo el socialismo valenciano de que comparte la idea de una Comunidad Valenciana independiente de España. La denominación de ese partido ya es sugerente con incorporación en sus siglas de un País Valenciano, que no existe.
La imposición lingüística en educación viene marcada en esta comunidad por la Ley 4/2018 de plurilingüismo. Se basa en establecer lenguas vehiculares en las materias educativas, con un mínimo del 25 % en español y un 25 % en valenciano. Otro aspecto importante en la ley valenciana es que ambas lenguas, español y valenciano, deben vehicular, al menos, una materia troncal no lingüística. En primaria las troncales no lingüísticas son: Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En secundaria y bachillerato son muchas más.
El problema comienza con la declaración de centros experimentales, que ha realizado la Consejería de Educación valenciana y que afecta a varios cientos de centros educativos, que no responden a los porcentajes mínimos de la ley. Hay centros que no cumplen con la troncal en castellano, aplicándose en la religión, argumentando que, según los acuerdos con la Santa Sede, esa materia es considerada análoga a troncal.
En algunos centros que sí cumplen con las troncales y con los porcentajes mínimos que dice la ley en cada lengua, la flexibilidad que incorpora del 35 % se está posicionando en valenciano como vehicular, alcanzándose ya, salvo en contadas excepciones, una distribución del 60 % valenciano, 25 % castellano y 15 % inglés.
La Ley 4/2018 surge como evolución del Decreto 9/2017, siendo consejero de Educación en ambos casos Vicent Marzá. El decreto fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia por contar con grandes dosis de discriminación en la escuela. La suspensión se consiguió gracias a un recurso contencioso administrativo presentado por la asociación Idiomas y Educación, en 2017, en compañía de Concapa y Covapa, en paralelo con otros 8 recursos que fueron presentados por otras entidades. La ley maquilló algunos aspectos sangrantes en la discriminación de los niños en la escuela, pero solo a efectos jurídicos, ya que la ley sustitutiva mantiene el carácter impositivo, de manipulación, discriminación y adoctrinamiento de los más pequeños, con el objeto de reconducir la comunidad al separatismo de los países catalanes.
En cuanto a topónimos, la hoja de ruta lingüística hacia el separatismo también cambia los topónimos. Los pasos son: 1. Se aplica una doble denominación. 2. Se antepone el nombre en valenciano. 3. Se prescinde de la denominación en castellano y solo queda en valenciano.
En relación a este proceso de manipulación y deriva, hace solo un par de semanas, en septiembre de 2022, el Ministerio de Política Territorial dirigido por Isabel Rodríguez ha cambiado el nombre oficial de 12 municipios de la provincia de Alicante. A partir de ahora la capital de la demarcación se llama oficialmente Alacant/Alicante y no Alicante/Alacant. Se trata de una nueva cesión a las presiones de los partidos separatistas que apoyan al Gobierno para mantener al presidente en la Moncloa.
El adoctrinamiento en las aulas es un grave problema en la comunidad valenciana. Idiomas y Educación cuenta con numerosos ejemplos, muestras y publicaciones de casos de adoctrinamiento. Se encuentran publicados en los diferentes medios y redes sociales de la asociación. El avance del separatismo en la Comunidad Valenciana es ya cercano a lo que ocurre en Cataluña.
En la Constitución, el español es derecho y es deber. El valenciano solo derecho en el Estatuto de Autonomía.
Todo ciudadano español tiene el derecho y también el deber de conocer el español mientras que todo ciudadano valenciano tiene el derecho a conocer la lengua valenciana. El fundamento jurídico es claro en la prioridad de las lenguas, aunque no se respeta.
El artículo 3 de la Constitución dice así: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla".
El artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: "El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano".
En el caso del Estatuto catalán sí se incluye en el artículo 6 que los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocer las dos lenguas, español y catalán, aunque la tiranía que gobierna en esa comunidad solo aplica el artículo sobre una de las dos lenguas.
El requisito lingüístico es la lacra.
Es el instrumento que inicia la deriva separatista en una comunidad autónoma, ya que:
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Transforma a los docentes. Inicialmente éstos se posicionan críticos con el requisito, pero una vez superado descubren que les aporta grandes ventajas, por lo que se transforman en predicadores de la identidad, la división y el odio.
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Nubla la opinión de los padres, que comprueban que en este mundo global de nueva economía lo que hacen falta son lenguas globales. Sin embargo, las administraciones del separatismo dan ventajas a la lengua cooficial, el valenciano, para que sus hijos puedan ser funcionarios, aspecto que cada vez es más importante en un país que no evoluciona hacia el emprendimiento ni el impulso empresarial, sino al reduccionismo de hacer crecer el aparato público.
El requisito lingüístico no solo se aplica a docentes. Ya existen avances importantes en la exigencia del requisito en toda la función pública, por lo que ahora hay más motivos para condicionar la decisión de muchos padres, que en muchos casos serían capaces de perder la lengua materna de sus hijos, con el riesgo implícito de fracaso escolar, con tal de darles oportunidades para ser funcionario público.
El ejército de profesores de valenciano.
En la Comunidad Valenciana esa cifra asciende a unos 6.000 profesores, si contamos los que están en centros educativos de primaria, secundaria y de otras enseñanzas no universitarias, por supuesto sin contar con las universidades. Se trata de un colectivo que trabaja para dar valor a su profesión, con resultado de dar una orientación identitaria y de realce a las diferencias que aporta la lengua, tradiciones y cultura territorial. Se trata de un ejército organizado y constituido que colabora, por interés propio, con el avance de la hoja de ruta al separatismo.
La Ley 4/1984 de Uso y Enseñanza del Valenciano y los municipios de predominio lingüístico castellano y valenciano.
La ley de uso del valenciano declara a los municipios su predominio lingüístico, hay ciudades que son de predominio castellano y otros de valenciano. En esta ley la ciudad de Alicante quedó designada como ciudad valencianohablante. La asociación Idiomas y Educación ha realizado encuestas en 2018 y 2019 a padres de diferentes colegios y el valenciano no alcanza en ninguno de los centros el 4 % de uso de lengua valenciana.
Fue Joan Lerma, de los socialistas del PSPV, el que realizó esas designaciones en 1984, que ahora sirven para aplicar el rodillo de la imposición lingüística. La declaración de predominio lingüístico, dice la ley, se realizó atendiendo a criterios históricos, pero los únicos criterios históricos relacionados con Alicante tienen que ver con la lengua castellana, de ahí su generalizada presencia en la ciudad.
El territorio castellanohablante designado en esa ley ocupa más de una tercera parte de la Comunidad Valenciana, aunque si se computan los habitantes la proporción es menor. Los criterios históricos de municipios que fueron designados como valencianos en realidad son castellanohablantes.
La exención del valenciano en educación
Desde 1984, esa misma ley de uso del valenciano permite la exención de la materia de valenciano en dos posibles modalidades: por un lado en municipios de predominio valenciano, durante un periodo de 2 años, para aquellos alumnos que llegan de otros países y otras regiones. Y por otra parte en los municipios de predominio castellano, donde los niños pueden solicitar esa exención de valenciano sin esa limitación de plazo.
Esto ha generado una incongruencia: la Ley 4/1984 permite a los alumnos la exención de la materia valenciano, mientras que la Ley 4/2018 obliga a vehicular materias en valenciano, con la paradoja de que un alumno puede evitar la materia lingüística al tiempo que se le obliga a estudiar matemáticas en valenciano. Este sinsentido está ahora en el TSJ de la Comunidad Valenciana, denunciado por la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística a través de recursos presentados por padres. La asociación cuenta con sede en una comarca del sur de Alicante de predominio castellano: La Vega Baja del Segura.
El modelo educativo de Idiomas y Educación
Se encuentra en proceso de revisión y será presentado en las próximas semanas. Esta asociación planea solicitar a los partidos políticos detalles sobre su modelo lingüístico, los que se presentan a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y a las elecciones generales de diciembre de 2023. La intención es exigir claridad en las propuestas de cada partido, ya que son muchos los votantes que priorizan esta cuestión.
Idiomas y Educación propone un modelo de doble línea, a elegir por los padres. En ellas no habrá porcentajes de lenguas vehiculares, sino la presencia de una materia lingüística en valenciano para la línea castellana y viceversa. El modelo tendrá un referente simétrico para la otra lengua cooficial.
Se elimina el requisito lingüístico a docentes. Idiomas y Educación y a toda la función pública, tomando prioridad solo en la adjudicación, tanto para funcionarios como interinos, es decir, en el momento de destinar a puestos en los que, tratándose de centros educativos, los padres han elegido esa lengua, un profesor con conocimientos en esa lengua tendrá prioridad en esa adjudicación.
Todos los centros, por tanto, tendrán doble línea lingüística, a no ser que la gran mayoría de padres solicite la misma lengua. En todo caso, a partir de una cifra de número de alumnos, la administración deberá garantizar la apertura de esa línea lingüística. Y siempre ambas lenguas tratadas con criterios simétricos.
A.Martínez – Idiomas y Educación