El Gobierno regional de Cataluña ha emprendido en las últimas semanas la fase final de ruptura con el resto de España. Se trata de una división que tanto el Gobierno como el Parlamento catalán ya habían iniciado en 2013. Una secesión en un país de Europa Occidental en el siglo XXI es algo que llama mucho la atención. Gente de todo el mundo siente repentino interés, y a veces esa inexplicable simpatía que muchas veces se siente por los movimientos de tipo revolucionario que ocurren en algún país distante. Pero no es la repetición de algo que ya hayamos visto en los siglos XVIII, XIX o XX, sino algo mucho más complejo.
Tenemos que hacernos tres preguntas para analizar la secesión de Cataluña en toda su dimensión. La primera es si existe o no una opresión a las libertades y derechos individuales de los catalanes. La segunda es si como principio general tenemos que creer que toda secesión es favorecedora de la libertad individual. Y la tercera nos lleva a cuestionarnos si en el caso específico de Cataluña hay elementos para suponer que la secesión favorecería una mayor libertad de las personas.
Se trata de la libertad, y de nada más que de la libertad. Libertad de los individuos, para cuya protección existen o deberían existir los Estados. Libertad protegida por el Derecho en su máxima expresión, que es la Constitución. Al llegar a este punto debo adelantar mi conclusión: en el caso de Cataluña, en la España constitucional, la secesión no significa libertad, sino arbitrariedad e imposición mediante la fuerza.
Vayamos con la primera pregunta: ¿está el Gobierno de Cataluña intentando liberarse de una situación de opresión y de despótica limitación de las libertades individuales? ¿Esta secesión tiene algún parecido con la independencia de 1776, o la emancipación de una colonia de un dominante poder externo? Lo cierto es que Cataluña forma parte de España desde el mismo origen histórico de ésta, muchos siglos atrás. Cataluña nunca fue invadida ni anexionada por la fuerza.
Ya hemos mirado atrás en la Historia. Veamos qué ha ocurrido en tiempos más cercanos. La Constitución española de 1978 puso fin al régimen autoritario de Franco. Estableció un extenso reconocimiento de los derechos y libertades individuales, a los cuales ella misma garantiza. Organizó el poder público sobre la base del consentimiento expresado en elecciones libres. Dividió los poderes mediante pesos y contrapesos. Y además de todo ello creó un sistema de poderes autonómicos en cada región española, empezando por Cataluña.
Emanado de la Constitución, Cataluña tiene desde 1979 Gobierno propio –llamado Generalitat–, Parlamento propio y atribuciones establecidas en la Constitución y en su estatuto de autonomía que la configuran como un régimen mucho más poderoso que la mayoría de los sistemas federales. El franquismo, fuera como fuera, ya no puede servir como explicación ni como excusa. Han pasado 37 años y nada queda de aquel sistema político que ahora se agita como coartada para quebrantar la Constitución.
Hay innumerables confusiones sobre la realidad actual de Cataluña. El Gobierno español no ha sido especialmente activo ni brillante a la hora de aclararlas. Recomiendo leer lo que han publicado think tanks como FAES para tener suficiente información.
Cataluña utiliza con toda normalidad sus símbolos (bandera, usos y costumbres, etc.). La lengua catalana es cooficial y de uso normal, excepto en todo lo relacionado con la Administración, en la cual solo se puede usar el catalán, mientras que el español queda en la práctica suprimido, o al menos muy limitado en el ámbito oficial, educativo y cultural que controla directa o indirectamente el Gobierno catalán.
Once veces en estos 37 años han celebrado elecciones librespara elegir su Parlamento regional. Siempre han gobernado partidos nacionalistas, solos o en coalición con los socialistas. Hasta el momento no ha existido nunca un Gobierno no nacionalista en Cataluña. La reclamación creciente de poderes ha sido constante, hasta llegar a la petición directa de la secesión en 2013. Los gobernantes catalanes plantearon las últimas elecciones (2015) como un plebiscito a favor o en contra de la secesión. Los partidos favorables a la secesión recibieron el apoyo del 35% de los ciudadanos con derecho a votar.
El Gobierno catalán maneja una parte muy importante de los impuestos y del gasto público. Recibe el 50% del impuesto sobre la renta de las personas, el 50% del impuesto sobre el valor añadido, el 100% del impuesto de sucesiones y un porcentaje variable de impuestos especiales (combustibles, etc.). En total, el Gobierno de Cataluña extrae de los ciudadanos más de 23.000 millones de dólares, que gasta en lo que la misma Generalitat decide. Pero ni con eso es suficiente para pagar el exceso de gasto del Gobierno catalán. En los últimos años los demás españoles han tenido que añadir más de 75.000 millones de dólares que el Gobierno catalán ha recibido adicionalmente para poder pagar sus gastos. No son los demás españoles los que viven a expensas de Cataluña, sino que es el Gobierno catalán el que se queda con dinero del resto de España.
Desde hace 37 años, el Gobierno catalán decide totalmente sobre la educación, tanto en los colegios públicos como en los privados. Los sucesivos Gobiernos nacionalistas catalanes han usado a fondo esta capacidad para imponer una educación dirigida a formar futuros nacionalistas catalanes. Dos generaciones enteras de catalanes se han educado en un sistema escolar en el que está prohibido enseñar en español. Los colegios privados o públicos tienen clase de español, lo mismo que de inglés, pero les está severamente prohibido usar el español como lengua de comunicación en las aulas. En ese punto el Gobierno catalán ha sido siempre inflexible.
Hay siete canales de televisión pública catalana y otros cuatro de radio, que reciben cerca de 300 millones de dólares anuales del Gobierno catalán y que están funcionando como instrumento de promoción del secesionismo a gran escala. No son los únicos. Muchos medios de comunicación privados reciben subvenciones del Gobierno catalán, de manera que su influencia se amplifica.
Numerosas voces llevan años diciendo que la libertad de expresión en Cataluña está limitada. No es solo que una ley regional imponga multas a las tiendas que tengan su rótulo escrito en español (68 empresas multadas en 2016), sino que muchas personas sienten una fuerte presión que les desanima a expresar con libertad su opinión, si ésta no es nacionalista. Cataluña no pasaría hoy el Town square test propuesto por el antiguo disidente soviético Natan Sharansky para medir si en una sociedad realmente existe libertad de expresión.
No le falta poder efectivo al Gobierno catalán. Desde el año 2000 la Policía está bajo su mando. Son 16.654 policías, que ejercen o no ejercen el uso de la fuerza según las instrucciones del Gobierno regional. Hace pocos meses éste relevó a su director general porque el anterior les parecía poco comprometido con el secesionismo.
Con esta configuración del poder es difícil sostener que España mantiene un poder opresor en Cataluña. Los procesos de independencia o de emancipación suelen tener históricamente un momento culminante, cuando el gobernante supremo es expulsado de su palacio por los que de ese modo liberan su patria del dominio extranjero. La secesión catalana a la que estamos asistiendo sencillamente no puede hacer eso porque el que la declara, el presidente de la Generalitat, Sr. Puigdemont, es quien habita en el Palacio del Gobierno. Él mismo es cabeza del Gobierno regional y supremo representante del Estado en Cataluña.
Veamos ahora si, como principio general, toda secesión debe ser celebrada como un triunfo de la libertad. Eso parecen opinar algunos escritores que suelen defender ideas de libertad. Hay distintas posiciones de escritores liberales clásicos. No existe una posición unánime. Friedrich Hayek lo dijo en The Constitution of Liberty:
Though the conception of national freedom is analogous to that of individual freedom, it is not the same; and the striving for the first has not always enhanced the second.
James Buchanan fijaba en la unanimidad la regla para las normas constitucionales. La Constitución española de 1978 puede decirse que de facto fue unánime en Cataluña, ya que recibió un 91% de votos favorables.
La secesión no está admitida en la Constitución. Eso no significa que sea imposible. Significa que para hacerla posible se debe reformar la Constitución previamente. Eso es lo que el Gobierno catalán ha eludido. No ha querido plantear una propuesta de reforma, para la cual tiene capacidad. Ha preferido anunciar durante cuatro años su intención de incumplir la Constitución, a pesar de que ha recibido decisiones y advertencias en sentido contrario por parte del Tribunal Constitucional. Sencillamente, el Gobierno catalán ha decidido romper la Constitución para cumplir sus objetivos políticos.
Y así llegamos al core del problema: ¿quién ha concedido a nadie el derecho a decidir qué parte del Derecho va a cumplir y cuál no? Admitir que la Constitución puede ser incumplida por un órgano de gobierno deja a cada individuo a merced de la arbitrariedad y la imposición del poder público. Si se salta por encima de los límites que la Constitución pone al poder, deja de haber límites para el gobernante. Ya no puede haber nada que le detenga. Ni la libertad, ni la propiedad, ni siquiera la vida de las personas.
Se dice: "Déjenles votar y que decidan". ¿Los votos lo pueden todo? ¿Es admisible un referéndum que decida si se cumple la Constitución o se incumple?
No es válido oponer votos contra Derecho, tampoco es admisible invocar supuestas mayorías. La multitud nunca ha hecho que fuera admisible lo liberticida. ¿Y qué multitud? ¿Los que acuden a manifestaciones que ordenan a los asistentes por colores al estilo de las de Corea del Norte, como ha hecho el Gobierno catalán? ¿O esto es simplemente una cuestión de juntar a muchos? Pues entonces algo habrá que decir de las casi un millón de personas, la mayoría catalanes, que se manifestaron el pasado día 8 en Barcelona para decir, simplemente, que nadie tiene derecho a privarles de su país, de su Constitución y de su libertad.
No existe un derecho a actuar contra el Derecho, pues ello impone a los demás obligaciones o privaciones no pactadas ni consentidas. La libertad individual no puede depender de dónde quiera detenerse un Gobierno en su incursión por fuera de la Constitución.
En el caso específico de Cataluña se añade, además, una tendencia antilibertad que es fácilmente reconocida. Las empresas no son valientes en ningún sitio, y menos en Cataluña, porque saben cuánto puede molestarles el Gobierno. Pues bien, cuando el Gobierno catalán ha dado los pasos finales hacia la secesión, centenares de empresas –grandes, medianas y pequeñas– han corrido a trasladar su sede fuera de Cataluña. Hablamos de empresas muy catalanas, como CaixaBank, Banco de Sabadell, Aguas de Barcelona, la aseguradora Catalana Occidente, la editorial Planeta y muchas otras. En menos de una semana se han trasladado empresas cuyo valor en bolsa supera el 50% del PIB de Cataluña.
Las consecuencias económicas de la secesión de Cataluña serían devastadoras para la propia Cataluña, y para toda España y Europa. No solo porque dañaría profundamente un tejido comercial y empresarial absolutamente conectado, sino porque el Gobierno catalán y sus aliados parlamentarios han demostrado muy poco respeto por la propiedad privada y la libertad de mercado.
Cataluña está en la parte alta del ranking de impuestos de las regiones de España. Y ya vimos antes que ni con eso llega para todo lo que gasta su Gobierno, cuyo déficit sufragan todos los españoles.
Añadamos a eso lo que ya han advertido los aliados estratégicos del Gobierno catalán en el asalto secesionista, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). En estos días ya ha avanzado cómo resolverá el problema financiero que tendrá la Cataluña secesionada: imponiendo controles a la retirada y movimiento de los depósitos de los individuos y las empresas en los bancos.
Retengan ese nombre: CUP. Está más a la izquierda que la extrema izquierda. Su apoyo es decisivo para la estabilidad del Gobierno catalán. Su línea de actuación es declaradamente anticapitalista. En agosto pasado, cuando un comando terrorista cometió un terrible atentado en Las Ramblas de Barcelona, su posición fue que la culpa del atentado era de "todas las formas de terrorismo fascista fruto de las lógicas internacionales del capitalismo".
Para muchos, la secesión no es el objetivo final. El objetivo es la revolución. Lo demuestra una de las previsiones de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica. Esta ley, anulada momentáneamente por el Tribunal Constitucional, contiene una Constitución provisional para la Cataluña secesionada. A pesar de ello, fue aprobada en menos de un día en el Parlamento catalán por la mayoría nacionalista. Esta ley crea un Foro Social Constituyente, formado por representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos. Formado: es decir, no elegido. Y ese foro social constituyente tiene encomendado nada menos que debatir y formular un conjunto de preguntas sobre los principios y cuestiones generales de la futura Constitución catalana, las cuales constituirán "un mandato que vincula políticamente a la Asamblea constituyente".
Es el mismo punto de partida que los regímenes populistas: un poder de facto no elegido dibujará una Constitución que dejará atrapados a los catalanes. Por tanto, la respuesta al interrogante es negativa: en el caso específico de Cataluña, una secesión no va a hacer más libres a las personas.
Ya solo queda una pregunta, tal vez la más difícil de contestar: ¿qué va a pasar? En realidad ya está pasando: en Cataluña se está dando un golpe de Estado revolucionario.
El rey Felipe VI hizo algo inusual en la monarquía española. Su discurso logró fortalecer el ánimo de millones de españoles. Pero el rey, aunque es constitucionalmente el símbolo de la unidad y continuidad de España, no tiene poderes de gobierno, ni debe tenerlos en un régimen parlamentario democrático.
Es el Gobierno español quien tiene las atribuciones ejecutivas, aunque en los últimos años haya tratado de todas las formas posibles de pasar a los jueces la patata caliente de tomar medidas ejecutivas, incluso policiales, contra el Gobierno catalán. Pero el Poder Judicial no es Poder Ejecutivo, ni debe serlo. Bastante tarea tiene con juzgar y señalar lo que se sale de la Constitución.
Algo podemos tener por cierto: la secesión de Cataluña no se hará para la libertad, sino contra la libertad. Leonard P. Liggio, escribiendo sobre Mises, dijo:
Self-determination made sense not as a collective concept, but as an individualist concept.
La libertad es de los individuos, no de los colectivos, aun cuando estos sean pequeños o los rompamos en pequeños fragmentos, a ver si de entre ellos queda algo de libertad individual. ¿Solo es libre lo que es pequeño o se rompe para hacerlo pequeño? ¿Por qué subsiste entonces la libertad en los Estados Unidos? ¿No es más bien por su Constitución? Pues eso es lo que se está jugando ahora mismo en Cataluña. Si hay Constitución o no. Si pervive la libertad o no.
NOTA: La versión original de este texto, en inglés, apareció originalmente en Law and Liberty, del Liberty Fund.