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Reinserción
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Prevención entendida como advertencia a futuros criminales
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Prevención respecto a lo que pueda hacer el preso condenado (si a un tipo que atraca bancos le metes 5 años en prisión… pues cinco años durante los que no atracará ninguna otra entidad)
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Castigo
Los anteriores son los cuatro elementos fundamentales que determinan la severidad del castigo que se impone sobre aquellos que cometen un crimen. Creo que el lamentable debate, lleno de demagogia a ambos lados del pasillo, al que hemos asistido en las últimas semanas en España acerca de la Prisión Permanente Revisable (PPR) tiene su origen, en parte, en la obsesión de todos los implicados en centrarse en los tres primeros, cuando es el cuarto el que más importancia debería tener en el diseño de cualquier sistema normativo. Los otros tres no son más que añadidos, casi los definiría como externalidades positivas, que deben celebrarse si se consiguen, pero que nunca deben ocultar la verdadera naturaleza punitiva de un código penal.
Así, creo que se equivocan muchos defensores de la PPR, que han utilizado algunos de los mediáticos crímenes de los últimos años para su argumentación. Como si hiciera falta recordar los detalles de los asesinatos de Marta del Castillo, Diana Quer o Gabriel Cruz para justificar tal pena. Y no, no es necesario. Es más, tengo para mí que es contraproducente. Porque la PPR (o la cadena perpetua, que es lo que yo defiendo) es justa con o sin portadas en los periódicos, con o sin asesinatos diarios, con o sin el Chicle.
En este sentido, pintar España como si fuera un paraíso para asesinos, violadores o secuestradores de niños es falaz. Ni nuestro país tiene unas tasas elevadas de crímenes violentos (más bien al contrario) ni nuestras penas son especialmente reducidas si las comparamos con las que se aplican en otros países europeos. Pero es que eso debería dar igual. Si la sociedad juzga que ciertos crímenes deben tener un determinado castigo, el hecho de que haya muchos o pocos casos no debería ser un argumento ni a favor ni en contra. Quizás en España la PPR no haya que aplicarla más que una o dos veces al año (o incluso menos). Pues muy bien. Mejor para el conjunto de la sociedad española. Eso querrá decir que estamos en un país seguro y pacífico, en el que las fuerzas de seguridad hacen su trabajo y en el que los peores criminales, bien porque están en la cárcel o porque no se atreven o porque son muy pocos, apenas ocupan las portadas de nuestros telediarios. Pero el que lo haga, aunque sea un caso cada década, que lo pague.
En el lado contrario, es mucho peor usar esos bajos números de crímenes violentos como argumento para derogar la PPR. Esa insinuación de "Si en España tenemos una tasa de criminalidad muy baja, ¿para qué queremos penas tan duras?". Es mezclar churras con merinas para transmitir una imagen radicalmente falsa. Es el equivalente a pedir que se quiten los controles de alcoholemia porque cada noche se caza a menos conductores con tres copas de más. Y es una invitación a un contra-argumento algo tramposo pero menos demagógico: puede que esa baja tasa de criminalidad se deba en parte a que muchos miserables están en prisión cumpliendo largas condenas y a que muchos otros temen lo que les pueda pasar. Si les digo la verdad, yo no lo creo; aunque me gustaría ver algún estudio al respecto (en EEUU hay algunos; aquí no se harán, por si acaso sale algo que la policía de la corrección política no quiere ver).
Volviendo a los defensores de la PPR, también es falso el argumento de que si hubieran sabido que les iba a caer una cadena perpetua Miguel Carcaño o José Bretón no habrían actuado como lo hicieron. La mayoría de los estudios realizados sobre este tema coinciden en que en estos crímenes (y en realidad, en casi todos los actos ilegales, desde saltarse un semáforo hasta robar un banco) lo que le importa al criminal no es tanto si le van a meter 20 o 25 años en la cárcel, como si le van a pillar. Eso no quiere decir que la amenaza de una condena no tenga ningún efecto disuasorio: volviendo al ejemplo anterior, las elevadas multas que se imponen a los que superan la tasa permitida han contribuido a reducir el consumo de alcohol entre los conductores. Del mismo modo, una pena de 1 año de cárcel por asesinato sería casi una invitación para que cualquier malnacido con cuentas pendientes se arriesgase a saldarlas. Pero una vez que el castigo es lo suficientemente elevado, lo que preocupa al que se salta la ley es más que le pillen que un incremento en el mismo.
En resumen, lo que más nos importa es saber que hay muchos controles y no si la multa es de 1.000 o 2.000 euros, de un año o dos de retirada del carnet (aunque está claro que si la multa fuera de 20€ el efecto advertencia sería mucho menor). Y a un asesino lo que le preocupa es que le descubran y que la pena sea muy elevada. Pero una vez superado un cierto límite (¿20-30 años?), creo que es evidente que subir la posible condena de 30 a 40 años o a cadena perpetua no tendrá demasiados efectos disuasorios.
De hecho, Ana Julia Quezada probablemente no tenía ni la más remota idea de qué pena le podría caer por matar al hijo de su novio. No conocía eso ni ninguna otra de las peculiaridades del Código Penal español. Sabía que serían muchos años en la cárcel y punto. Por eso, no creo que hubiera dejado al niño vivo sabiendo que existía la PPR ni lo hubiera matado un año antes de haber estado vigente la pena máxima de 20 años por asesinato. Tengo para mí que lo único que la habría detenido aquella tarde es la convicción de que la iban a cazar. Desgraciadamente, no sólo es una miserable, sino que también calculó mal la extraordinaria pericia de la Guardia Civil.
Pero peor aún es decir que la PPR no ha servido para detener a Quezada como argumento para derogarla. Es demagogia barata. Y no tiene ningún sentido. Pues claro que no la detuvo. Como ninguna de las penas contenidas en el Código Penal detienen a ninguno de los que violan los preceptos a los que hacen referencia. Los criminales son así: hacen cosas malas incluso aunque sepan que serán castigados si son atrapados. Pero no vamos a quitar una pena porque haya quien esté dispuesto a cometer un crimen incluso aunque esa pena exista. Porque entonces podemos ir tirando a la basura todo el sistema normativo español.
De hecho, aquellos que dicen este tipo de memeces edulcoradas ("la cadena perpetua no habría salvado la vida a Gabriel") no se dan cuenta (o, si se dan cuenta, es que son muy tontos o muy malos) de que en realidad su argumento sólo tiene una respuesta lógica: endurecer aún más las penas. Si la "cadena perpetua no habría salvado la vida de Gabriel" y dado que salvar la vida de un niño de 8 años debe ser una prioridad frente a una miserable que quiere asesinarlo… pues saquen ustedes las conclusiones: ¿qué pena habría que imponer a Quezada para que el siguiente tipejo que esté en su posición se lo piense dos veces? Pues eso.
Moral y estadística
En realidad, la razón por la que el debate ha girado alrededor de estos argumentos, bastante absurdos, es que nadie quería entrar en el verdadero fondo de la cuestión: el de la pena como un castigo para el que comete un ataque contra el que la sociedad quiere defenderse. Hemos preferido tirarnos a la cabeza estudios sobre formas de prevenir los crímenes o tablas repletas de tasas de delincuencia antes que responder a unas cuantas preguntas complicadas: ¿Qué sanción merece quien comete estos actos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Tiene legitimidad una sociedad para arrebatarle la libertad a una persona durante el resto de su vida (o durante 20 años) sin estar segura al 100% (y nunca podrá estarlo) de qué pasó o cuáles fueron sus motivaciones?
Ninguna tiene una respuesta sencilla. Apelan a nuestra ética y a nuestra razón. Como no podía ser de otra manera, nos ponen frente a un espejo ante el que nos resulta incómodo mirarnos: tanto el que defiende la cadena perpetua (como es mi caso) como el que pide 20 años por un asesinato lo hacen por razones fundamentalmente morales.
Ahora nos gustan más las respuestas que parecen científicas. Para no pensar. Por eso, la infantilizada opinión pública española ha preferido esconderse detrás de una disputa estadística sin demasiado sentido (si habría más o menos crímenes con penas más o menos elevadas). Y no quiero con esto señalar a nadie en concreto: yo, el primero, he preferido en muchas ocasiones recurrir a estos argumentos, más o menos facilones, antes que meterme en honduras de más complicada resolución.
Porque cuando afirmo que estoy a favor de la cadena perpetua lo que quiero decir es que me parece perfectamente razonable que se castiguen así determinados actos, que no merecen menos que la expulsión del que los realiza de la sociedad. Y sí, creo que el resto de los habitantes de un país tenemos derecho a juzgar y sancionar así, a través de nuestras instituciones, a quien actúa de esta manera. Por duro que sea pedir que se encierre a una persona durante el resto de sus días. De hecho, no comprendo por qué nos parece legítima una pena de 12-15-20 años de cárcel por corrupción (y se están imponiendo estas penas) y no la cadena perpetua. De hecho, a un alcalde de 55-60 años al que metes 12-15 años en prisión le estás diciendo que perderá allí entre un 33 y 50% de lo que le queda de vida (si tomamos como referencia la esperanza media de vida en España). Y sobre eso no hay debate. ¿Meter a un tipo en la cárcel la mitad de los años que le quedan por delante por amañar concursos urbanísticos nos parece irreprochable, pero decirle a otro que pasará el resto de sus días en esa misma cárcel por matar a un niño es inadmisible? Sinceramente, no lo entiendo.
También sé que esto no puede ser una verdad absoluta y respeto a los que, con argumentos reales, no tramposos, defienden penas inferiores incluso para los más abyectos de los crímenes. Lo primero es asumir que nos movemos en el terreno pantanoso de la moral.
Eso sí, dos apuntes para los que quieran entrar en este apasionante debate. El primero es que, igual que me piden a mí que no utilice argumentos sensibleros, tampoco lo hagan ellos. Yo prometo no sacar las fotos de las víctimas, pero exijo lo mismo. Porque el relato de las cárceles de máxima seguridad (las que acogen a estos criminales) como si estuvieran pobladas de miles de Tim Robbins y Morgan Freeman en Cadena perpetua, rodeados de cientos de buenos tipos que un día cometieron un error y están deseando arrepentirse… esa película también es ficción. Y también es trampa. De hecho, es mucho más trampa que un padre llorando la muerte de su hija.
Pero no sólo eso. También les pido que acepten las consecuencias de sus posiciones. Todas las consecuencias. Les pondré un ejemplo. ¿Recuerdan a Anders Breivik? Seguro que sí. Es el noruego que mató a 69 chavales de las juventudes socialistas que se reunían en los cursos de verano que su partido organizaba en la Isla de Utoya y que ese mismo día puso una bomba que acabó con la vida de otros ocho viandantes que paseaban por el centro de Oslo. En los días posteriores a aquel crimen, hubo quien alertó de que, si se cumplía de forma estricta el código penal noruego, aquel miserable volvería a las calles en mucho menos tiempo del que nadie podía imaginar. Aquello repugnaba a cualquiera con un mínimo de sensibilidad. Así que sacamos el comodín de la locura: pocas horas después del crimen recuerdo haber leído columnas y artículos en los que se planteaba la opción de que a Breivik le consideraran incapacitado para poder mandarlo a una institución hospitalaria de máxima seguridad durante el resto de su vida. No voy a entrar aquí en el fondo del asunto. No sé si está loco o no. Ni siquiera he querido buscar cuál fue la condena final que se le impuso. Lo que sé es que aquellos que escribían en aquel momento tampoco tenían ni idea. Simplemente estaban tratando de compaginar su buena conciencia con la evidencia de que querían que Breivik no volviera a ver la luz del sol. También lo hacían porque no querían admitir que la aplicación de su Código Penal podía implicar que el asesino estaría en 18-20 años paseándose tranquilamente por las calles de Oslo. Y eso sí que es una gran trampa. Por ahí no paso. Yo asumo que soy el malo, el justiciero, el que pide cadena perpetua sin posibilidad de revisión y sin importarme si el tipo es reinsertable o no. Para algunos crímenes (muy pocos, esto también tengo que decirlo) creo que es la única pena razonable. Como decía antes, estoy abierto al debate. Pero sin atajos.
PD: he hablado mucho de demagogia, porque creo que ha habido demasiada en estas últimas semanas, pero no he querido meterme en la peor de todas, la que describe en este impecable artículo mi compañero Daniel Rodríguez Herrera. Me refiero a esa mezcla de superioridad moral e insulto al discrepante que tan bien utiliza cierta izquierda biempensante. En este caso se traduce en asociarse ellos mismos al Estado de derecho, el proceso con garantías o la presunción de inocencia… y dejarnos a los demás al margen, como si la petición de un endurecimiento de algunas penas no fuese compatible con la defensa de aquellos principios. No he querido ni mencionarlo en el artículo porque es un burdo truco retórico que sólo retrata a quien lo usa.