Aunque casi nadie quiere creerlo, España ha entrado ya en ese fenómeno al que los demógrafos llaman invierno demográfico y que alude al progresivo envejecimiento de la población y a la reducción de su tamaño como consecuencia del déficit de nacimientos que experimenta el país al ser éstos numéricamente inferiores a las muertes. Cuando esto ocurre, la población es ya incapaz de reproducirse y sólo puede compensar esa situación, a corto plazo, recurriendo a la inmigración. Sin embargo, esta es una solución limitada debido a que ninguna sociedad es capaz de asimilar a un número demasiado grande de extranjeros sin que surjan tensiones que trastocan su configuración cultural y política. A largo plazo, la única manera de abordar este asunto es actuar sobre la fecundidad, incentivando el papel reproductivo de las mujeres, satisfaciendo las necesidades específicas de éstas y resolviendo los problemas que plantea la compatibilización de ese papel con sus actividades formativas, laborales, familiares y sociales.
Hay que señalar, además, que no existen soluciones mágicas para este tipo de problemas, sencillamente porque el pasado es siempre irreversible. Y el invierno demográfico se gesta muchos años antes de producirse, en nuestro caso cuando hace ya cuatro décadas la fecundidad de las mujeres españolas en edad fértil empezó a reducirse de una manera acelerada. Fue entonces cuando hubo que prever este fenómeno, pero ello no ocurrió porque, en la euforia de la modernización del país, nadie pensó en los estragos que podría producir una natalidad cada vez más disminuida.
Y esos estragos están ya a la vuelta de la esquina, amenazando el crecimiento de la economía, como se verá a continuación. Pero antes parece conveniente recordar las principales dimensiones del tema. Digamos, para empezar, que desde hace ya varios años la población española está disminuyendo debido a que hay más defunciones que nacimientos y a que, como consecuencia de la Gran Recesión, la emigración ha superado a la inmigración, aunque esto último tuvo un paréntesis en 2017. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el INE ha proyectado las cifras de población a medio y largo plazo. Dado que éstas son más probables cuanto menor es el lapso temporal al que nos refiramos, mi análisis se ha centrado en lo que puede llegar a ocurrir durante la década de 2020. Según el organismo estadístico, en 2029 habrá en España 46,0 millones de habitantes; es decir, algo más de medio millón menos que en el momento actual. Este descenso en la población total estará acompañado, además, de una reducción aún más importante del número de personas en edad de trabajar –entre 16 y 70 años–, de manera que de 33,5 millones se pasará a 32,4. Como consecuencia de esto último, la población activa se reducirá desde los 22,7 millones actuales a 21,5. Ambos fenómenos se explican por la razón simple de que hay menos individuos que alcanzan la edad de trabajar que los que llegan a la edad de jubilación –en el último año, por ejemplo, los primeros fueron casi 455.000 y los segundos superaron los 490.000–.
Esta caída de la población potencialmente laboral es muy importante desde el punto de vista económico porque el crecimiento depende de ella y de la productividad de los que trabajan. Si se hacen los cálculos pertinentes para el período que arrancó en 2017 y terminará en 2029, entonces se observa que la reducción de la población de entre 16 y 70 años, unida a la de la población activa, va a restar casi 0,4 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del PIB por habitante. Esta incidencia negativa de la demografía sólo puede ser compensada si el número de personas ocupada llega al 90 por ciento de la población activa; o, si se prefiere, si la tasa de desempleo no supera el 10 por ciento —lo que, en los últimos tiempos, ha ocurrido muy pocas veces; por ejemplo, entre 2005 y 2007—. En estas circunstancias, el crecimiento del PIB per cápita gravitará crucialmente sobre la evolución de la productividad del trabajo, y no está de más recordar que, en los últimos años, cuando a partir de 2013 la economía española empezó a recuperar el nivel perdido con la crisis financiera, esta variable se ha movido entre un máximo del 0,95 por ciento y un mínimo del 0,33 por ciento, siendo su promedio del 0,58 por ciento.
Digámoslo de otra manera: en las previsibles condiciones demográficas de la próxima década, el crecimiento económico de España se verá lastrado por una incidencia negativa de la caída de la población en edad de trabajar y de la población activa equivalente a 0,4 puntos porcentuales; este lastre sólo podrá superarse si el desempleo es como máximo del 10 por ciento, de manera que, bajo tal condición, la tasa de variación del producto por habitante será igual a la de la productividad por empleado. Si, por ejemplo, esta última fuera igual a la media del período expansivo más reciente, el crecimiento se cifraría en tan sólo el 0,58 por ciento, lo que se aleja mucho del nivel cercano al tres por ciento de los últimos años. Añadiré que, por debajo de un desempleo del 10 por ciento, por cada punto porcentual en el que disminuya la tasa correspondiente, la economía crecerá en 0,09 puntos adicionales. Por ejemplo, con la referida productividad y un desempleo de sólo el cinco por ciento, la tasa de crecimiento se situará en el 1,03 por ciento.
¿Qué significa todo esto? Pues, sencillamente, que el invierno demográfico nos aboca a una situación de cuasi estancamiento económico y que tendremos que hacer todo lo posible para mejorar tanto la productividad como el nivel de empleo para evitar la decadencia del país. Ello implica actuar sobre la formación y entrenamiento de la mano de obra, sobre la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, sobre los incentivos salariales y sobre la progresiva disminución del subempleo y el empleo precario. Además, habrá que mejorar el nivel tecnológico de la agricultura, la industria y, sobre todo, los servicios. Y todo ello será necesario compaginarlo con, al menos, el sostenimiento de las prestaciones y servicios que configuran actualmente el Estado del Bienestar. Además, si queremos actuar sobre las causas profundas que nos han llevado a esa situación demográfica, pensando no en la próxima generación, sino en la siguiente, con un horizonte de medio siglo, entonces tendremos que ampliar ese Estado del Bienestar protegiendo mejor a la infancia –y asumiendo colectivamente su coste–, proporcionando escuelas infantiles a todos los que las requieran, dando a las mujeres servicios de formación para que su vida profesional no se vea truncada por la maternidad y cambiando la mentalidad de los directivos de las empresas para repudiar toda discriminación de los trabajadores que tengan hijos. La tarea es, como se ve, imponente, y no estoy seguro de que no hayamos llegado demasiado tarde. Por ello, me produce vergüenza ver a nuestros políticos entretenerse en discusiones bizantinas sobre la revalorización de las pensiones como si este problema –que sin duda es relevante– fuera el único merecedor de entrar en el debate mientras la demografía sigue minando las bases de la sociedad española tal como ahora la conocemos.