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Demagogia liberal

De lo que se trata en una sociedad como la española actual, incluso desde una perspectiva liberal, es de ver cómo podemos configurar al Estado para que sea más eficaz y eficiente.

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Escribir en Libertad Digital acerca de la demagogia liberal parece un ejercicio arriesgado, toda vez que la defensa de la libertad –uno de cuyos aspectos singulares es la crítica a los excesos del Estado– es el signo distintivo de este medio. Sin embargo, en este caso me parece obligado, después de haber leído la reseña que hace el diario El Mundo de un informe elaborado por la consultora Freemarket vinculada al economista Lorenzo Bernaldo de Quirós. La esencia de su mensaje es que en España el Estado ha crecido tanto que su nómina excede la del sector privado, y que ello trae como consecuencia "una presión constante a elevar el gasto público… y los impuestos que lo financian".

Dejemos claro de entrada que la premisa inicial es falsa. Freemarket defiende que la suma de los empleados públicos, los pensionistas y los desempleados –que llega a 13,7 millones de personas– excede en 700.000 individuos a los 13 millones de asalariados del sector privado. Dicho así, no hay nada que objetar, pues los números son evidentes. Pero el problema estriba, primero, en que el sector privado de Bernaldo de Quirós carece de empresarios y trabajadores autónomos, que, como suman alrededor de tres millones, desequilibrarían la cuenta en su favor, con lo que el público ya no sería mayor y se estropearía el argumento. Y, segundo, en que la suma que reúne a los llamémosles "dependientes del Estado" está viciada por agregar en ella a elementos heterogéneos que simplemente no son aditivos. Esto es más grave que lo anterior, pues conculca una regla que, cuando yo era niño, se enseñaba en la educación primaria y que se resumía en el aforismo "no se pueden sumar peras con manzanas". Ya sé que funcionarios, parados y pensionistas aparecen en la nómina de algún organismo del sector público; pero aquí estamos hablando de economía y en la economía no tiene sentido su agregación, sencillamente porque su función económica es heterogénea. Los primeros –funcionarios y empleados públicos– realizan actividades de prestación de servicios –y, en algunos casos, de elaboración de bienes– que por lo general no se vierten sobre el mercado sino que se canalizan directamente hacia los ciudadanos a través de una relación que carece de cualquier connotación mercantil. Los segundos, en cambio, son trabajadores activos que, en el momento de contabilizarse, carecen de empleo, circunstancia ésta que les da derecho a una prestación proporcional a las cotizaciones que han aportado mientras estaban trabajando. Y los terceros son ciudadanos que superan una determinada edad –lo que les excluye de la actividad productiva– y reciben una pensión para la que, en la mayor parte de los casos han cotizado a la Seguridad Social –aunque también los hay que no han hecho esa aportación y obtienen del Estado una ayuda asistencial–.

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