Hondarribia, la bella localidad fronteriza guipuzcoana que, al menos desde el siglo XII, fue conocida en toda Europa como Fuenterrabía, albergó el pasado mes de enero la sexagésimocuarta Exposición Nacional de la Paloma Mensajera, organizada por la Real Federación Española Colombófila. El amplio local, el frontón municipal Jostaldi, estaba adornado con banderas españolas, como parece natural para un acto de una asociación de ámbito nacional. Pero el alcalde peneuvista Txomin Sagarzazu ordenó en el último momento que la alergénica rojigualda fuera sustituida por la bicrucífera diseñada por Sabino Arana. A nadie debería sorprender la noticia. Es más: lo sorprendente es que haya sido noticia, pues esto es lo que pasa todos los días en todos los rincones del País Vasco desde hace muchas décadas.
Desde muy pequeñitos, a los niños vascos se les lava el cerebro en el colegio, y a los adultos desde las emisoras de radio y televisión, con la alucinante patraña de que su tierra está invadida por España. Para confirmar la veracidad de la mentira, las únicas banderas rojigualdas que se ven son las de esos lugares rodeados por alambradas, vigilados por cámaras y con las persianas bajadas, de los que todo el mundo se aleja y a los que todos miran con recelo: los cuarteles de la Guardia Civil. Y otros establecimientos parecidos de la potencia ocupante.
Lo mismo que sucede con la ausencia de la bandera nacional en los lugares en los que, por ley, debería ondear, sucede también con la ilegal presencia de la ikurriña en donde no debería estar: por ejemplo, en los barcos pesqueros y deportivos y hasta en las patrulleras de la Ertzaintza, embarcaciones que deberían llevar el pabellón nacional para su identificación por parte de naves nacionales y extranjeras. ¿Pueden ustedes imaginar, mis náuticos lectores, el despropósito consistente en que los buques de vigilancia costera de todos los países del mundo estuvieran obligados a identificar los pabellones de todas las regiones, provincias, departamentos, cantones, etc. de cada país? Pues precisamente eso es lo que deben hacer con la bandera de una región española, ilegalmente empleada como identificadora de las embarcaciones vascas.
Hasta los extranjeros que visitan la costa vasca en sus embarcaciones deportivas han aprendido la lección hace ya muchos años, pues tras haber sufrido advertencias, insultos y percances por tener izada la rojigualda como bandera de cortesía, la mayoría de ellos la han sustituido por la ikurriña para poder fondear tranquilos. Pero, como es lógico, un noruego o un holandés no tiene por qué conocer al detalle los límites provinciales españoles, del mismo modo que ningún español conoce los límites provinciales noruegos y holandeses, por lo que no es infrecuente que alguno de ellos atraque en otros puertos cantábricos, por ejemplo el de Santander, con la ikurriña que izó al dejar atrás las costas francesas y alcanzar las españolas, precisamente al llegar a Fuenterrabía. Cuando esto sucede, las autoridades portuarias santanderinas, gente seria, no tardan en informar a los bienintencionados turistas de que o arrían la ilegal ikurriña e izan en su lugar la legal rojigualda o habrán de abandonar el puerto, ante lo que es de suponer que los pobres guiris enarcarán las cejas por lo que considerarán chifladura de unos españoles a los que no hay quien entienda.
Visto lo visto durante tantas décadas, ¿se sorprenderán ustedes si les informo de que han sido –y siguen siendo– las mismísimas autoridades gubernativas, militares y policiales españolas las que llevan cuarenta años ordenando hacer la vista gorda? Porque esta ilegalidad la han cometido todos los Gobiernos de la democracia con la excepción de unas pocas personas –como el bueno de César Velasco, subdelegado del Gobierno en Álava en los años aznaristas, al que quiero homenajear póstumamente desde estas líneas– que, a título personal, se han empeñado en hacer cumplir la ley contra la voluntad de sus propios superiores. Nunca podremos insistir lo suficiente: los culpables de todo esto son tanto los separatistas por incumplir –muy sabiamente– la ley como los sucesivos Gobiernos españoles por –muy neciamente– no hacerla cumplir.
Si el Estado lleva cuarenta años tragando, ¿por qué no iba a tragar la Federación Colombófila? ¿Por qué los aficionados a las palomas habrían de tener más dignidad que Suárez, González, Aznar, ZP, Rajoy y Sánchez juntos?
La consecuencia principal de esta dejación de los organismos del Estado, y no sólo en la cuestión de las banderas, sino en otras todavía más importantes como las lenguas o el cumplimiento de leyes y sentencias, es la desaparición del Estado de varias regiones españolas y el afianzamiento universal de las patrañas separatistas, que se ven confirmadas hasta en lo que la gente ve, o deja de ver, por las calles.
Pero ETA ha sido derrotada…