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Mikel Buesa

El agujero negro de la financiación del terrorismo

Queda mucho por trabajar para disponer de un marco institucional adecuado a la situación real de la financiación del terrorismo.

Mikel Buesa
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Mikel Buesa - El agujero negro de la financiación del terrorismo
Etarras durante uno de los últimos comunicados | Archivo

La financiación del terrorismo es uno de esos asuntos resbaladizos acerca de los cuales las investigaciones policiales y judiciales aclaran muy poco, hasta el punto de que sólo en contadas ocasiones se acaban desvelando las fuentes que alimentan con dinero y otros recursos a las organizaciones terroristas y sus células. En España, eso lo vimos claramente con relación al terrorismo etarra, no sólo porque se produjeron escándalos relacionados con el tema —como, por ejemplo, el tratamiento privilegiado que en su día dio la Diputación Foral de Vizcaya a los empresarios que pagaban a ETA, o la exoneración masiva de esos mismos empresarios en cuanto a su responsabilidad penal bajo la excusa del estado de necesidad, o el chivatazo del Caso Faisán—, sino porque nunca se condenó a nadie por engrasar la maquinaria de ETA con billetes de banco. Es más, el delito de financiación del terrorismo, que en otros países se empezó a tipificar a partir de la recomendación que, en 2001, hizo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no se introdujo en el código penal español hasta 2010; es decir, hasta que ETA abandonó su campaña terrorista. Pero ocurre también que una incuria similar se aprecia durante los últimos años con respecto a la yihad terrorista.

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