Aunque no tenga por qué sentar precedente, esta vez hay que darle la razón a Comisiones Obreras cuando afirma que la plantilla de las Administraciones Públicas está muy envejecida y que, en una década, el país tendrá que reclutar a una ingente cantidad de nuevos funcionarios para cubrir las bajas por jubilación. Empecemos por lo primero: los viejos funcionarios somos un montón, pues el 43,4 por ciento tiene más de cincuenta años. Por qué ocurre esto es fácil de averiguar, pues el paso del franquismo a la democracia implicó transitar de un Estado débil a otro mucho más fortalecido y, por tanto, con más personal. Por en medio de este proceso estuvo la ampliación de los servicios públicos, muy especialmente de la educación, la sanidad y la seguridad pública, y también el proceso de descentralización que se derivó de la creación de las Comunidades Autónomas. Ambas cosas, servicios y autonomías, van unidas, pues aquellos acabaron siendo provistos por éstas. Para que el lector se haga una idea cuantitativa de este fenómeno, basta señalar que desde 1979 hasta 2015 –año en el que se transfirieron los últimos 336 funcionarios del Estado a una comunidad autónoma– hubo 821.693 empleados públicos que pasaron desde los órganos estatales a los autonómicos. Pero éstos crearon muchos más puestos de trabajo que lo que sugiere esa cifra, pues en 2011 – fecha de su máximo esplendor laboral– contaban con 1.784.000 funcionarios o contratados. Pero no sólo aumentó el personal en las Administraciones regionales; también lo hizo en los ayuntamientos y las universidades. En total, desde que empezó el proceso expansivo del empleo público –que en las fechas recientes se ha moderado– se han creado, aproximadamente, un millón y medio de plazas funcionariales, de las cuales un millón y pico ha ido a las autonomías y el resto a las demás Administraciones. Más o menos dos tercios de esas plazas se ocuparon hace más de treinta años. Son las que corresponden a los viejos funcionarios, que ya empujan las jubilaciones hasta cotas inéditas en la función pública.
Lo del envejecimiento de las plantillas de funcionarios se sabía desde hace tiempo, pero ningún Gobierno pensó en los estragos que, para los servicios públicos, pueden derivarse de esta situación. Digo "estragos" porque no se ha previsto el relevo generacional y, de hecho, como muy bien destacan los de Comisiones Obreras, el personal joven de las Administraciones ha venido siendo cada vez menos durante los últimos años. Actualmente, sólo un 6,5 por ciento de los funcionarios tiene menos de treinta años; y esta proporción se ha reducido a la mitad durante la última década.
Sin relevo generacional, la calidad de algunos servicios puede experimentar un deterioro imponente. Piénsese, por ejemplo, en las universidades cuando los viejos catedráticos se jubilan sin que sus plazas puedan ser ocupadas por profesores con una carrera científica suficientemente dilatada. O en los hospitales del servicio público de salud cuando los viejos médicos dejan un cierto vacío tras de sí. O en la judicatura, las escuelas y los institutos, el servicio meteorológico, los organismos de investigación científica y otros servicios muy especializados, donde se requiere acumular experiencia para su prestación en condiciones aceptables para los ciudadanos. Es verdad que no toda la función pública es así y que hay muchos empleos que pueden ser cubiertos con personas poco experimentadas, pero ello no quita para que el problema de la sustitución de los viejos funcionarios –Comisiones habla de más de un millón de aquí a 2030– sea no sólo de primer nivel, sino cada vez más acuciante.
Ningún Gobierno ha hecho nada para abordarlo; ni siquiera para pensar sobre él y buscar vías para solucionarlo. No es fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que los sistemas de acceso a la función pública en España –las oposiciones– están pensados para una incorporación muy paulatina y cuantitativamente acotada de nuevo personal; y también que hay que tener en cuenta que esa incorporación tiene que ajustarse a los principios de mérito y capacidad para que se respete el derecho constitucional a la igualdad en el acceso a los empleos públicos. Pero ello no quita para que se puedan utilizar formas más ágiles de selección de los funcionarios –como ocurre en otros países avanzados o, muy importantemente para nosotros, en la Comisión Europea– que incluyen períodos formativos, prácticas y evaluaciones periódicas, así como la posibilidad de despido. Por eso no me gusta esa parte del informe de Comisiones Obreras en la que se habla de mejora de las condiciones de trabajo, reducciones de jornada, subidas salariales, consolidación de plazas, eliminación de la tasa de reposición y otros aspectos propios del sindicalismo, pero no necesariamente del servicio público –o sea, del servicio a los ciudadanos–. Claro que yo soy uno de esos viejos funcionarios, un poco chapado a la antigua, que han vendido su alma al Estado.