Se ha escrito mucho en los últimos tiempos sobre la costumbre cada vez más extendida en España de utilizar instituciones públicas por definición neutrales como plataforma para promover y proclamar la adhesión del Estado a causas privadas. La polémica sobre esta práctica está más de actualidad que nunca después de que la Guardia Civil celebrara el Día del Orgullo poniendo de fondo, en su perfil corporativo de las redes sociales, la bandera arco iris que representa al llamado movimiento LGTBI.
Más allá de la opinión que pueda merecernos las reivindicaciones que representa la bandera, que la enarbolen instituciones que tienen como misión hacer cumplir la ley sin discriminación es una aberración evidente para el que aún crea en una democracia sin adjetivos. Es decir, basada en la igualdad de trato sin excepciones a todos los ciudadanos. Más aún cuando la entidad que incurre en esta extralimitación de sus funciones es un cuerpo armado encargado, entre otras cosas, de mantener el orden público y detener a quienes quebranten nuestras leyes.
¿Qué confianza puede tener en la neutralidad de un Instituto Armado abiertamente comprometido con la causa LGTBI un ciudadano que se oponga a sus exigencias, como por ejemplo el matrimonio gay? ¿Por qué la Guardia Civil acepta dar a entender que sirve y protege en mayor medida a quienes apoyan la adopción por parte de parejas homosexuales que a los que se oponen?
La sobreactuación sentimentalista en que los políticos se solazan haciendo uso espurio de las instituciones es una vieja forma de ridículo hasta ahora reservada a repúblicas bananeras y ególatras como Bernie Sanders, que siendo alcalde de Vermont le escribió a toda una primera ministra como Margaret Thatcher exigiéndole que tratara bien a los presos del IRA.
Hoy es una práctica casi común a todas las grandes instituciones del mundo occidental, que, no sé si por entusiasmo genuino o un miedo aún más auténtico a arder en la hoguera moralista que ellas mismas avivan a diario, se exceden sistemáticamente de sus funciones, para demostrar su bondad y decir amén a la sacralización de las interpretaciones moralmente superiores de los hechos.
Una sacralización que, como escribió recientemente Arcadi Espada, las eleva a la categoría de verdad objetiva cuya negación es incompatible con la civilización y el progreso, hasta el punto de empezar a estar condenada, como avaló el PP con su apoyo a la moción contra el negacionismo del género y acaba de demostrar Correos secuestrando la propaganda electoral de Vox. La deriva de Correos me es especialmente dolorosa en lo personal, pues esta institución hasta hace poco venerable le ha sido entregada a un amigo y mecenas del presidente Sánchez en vez de a un especialista en lo postal y funcionario de carrera como por ejemplo mi tío. O incluso a alguien como yo, que fui cartero varios veranos cuando la misión de la entidad era hacer que llegara la correspondencia a tiempo y sé bastante más de cartas que el inesperado censor que hoy corta el bacalao en la sociedad de la cornamusa.
Volviendo a Arcadi Espada y a lo mollar, lo que hace la izquierda realmente existente elevando a verdades objetivas sus interpretaciones es blindarlas de la crítica y excluirlas del debate, so pena de muerte civil y –estamos cada vez más cerca– persecución judicial para quien insista en no levantar el puño aun cuando le llamen facha.
Más allá de la anécdota, la escandalosa actuación de Correos –cuya denominación polisémica debería hacerle abstenerse de entrar en asuntos sexuales–, sumada a la moción contra el negacionismo abrazada por ese cordero pascual del progresismo que a veces es por vocación el PP, parecen anunciar lo que nos espera a los españoles si vuelve a salir Sánchez y al mundo entero si no repite Trump.
Un futuro en que defender la legalidad (que solo se pueda entrar a España con papeles), la igualdad ante la ley (que la justicia solo juzgue el crimen y no el sexo) o la presunción de inocencia que vulnera recurrentemente Marlaska sean considerados una vulneración de derechos fundamentales.
Un futuro, en definitiva, en el que exija el mismo valor decir la verdad que robar un banco.
Se dirá que en mitad del camino quedan los tribunales. Pero los jueces son personas con vocación de estabilidad, ambiciones y familia, que no tienen necesariamente madera de héroes, reciben además cursos de género y se lo pensarán dos veces antes de exponerse a que les llamen violadores y homófobos. Y el ambiente está tan mal que se considera más grave apartarse de una verdad oficial que atribuye a una supuesta ideología machista abstracta los delitos que nadie niega de un violador o un maltratador que una nítida pedrada, áspera, pesada y que mata, contra la ceja de un mujer si la mujer es de Vox.
Lo único divertido de este avinagramiento perpetuo en que nos ha metido gente como Iglesias para poder ponerse traje y comprarse un chalet (como decía José Antonio Montano, podría haberlo dicho y se lo habríamos pagado entre todos) será ver cómo el monstruo va despedazando a los que contribuyeron a su voracidad haciéndole ver que era invencible.