Por mucho que disimule, Sortu –y por ende su coalición electoral EH Bildu– entronca, a través del MLNV, con ETA, la entidad protagonista del hecho fundacional de ese Movimiento al que el referido partido se ha adherido. Por eso no es de extrañar que algunos terroristas, tras cumplir condena, hayan asentado sus posaderas en él y, a través suyo, en las poltronas representativas de ayuntamientos, diputaciones forales y parlamentos. Y tampoco sorprende que, en tales circunstancias, no haya habido pronunciamiento alguno de condena del terrorismo entre sus filas. Esto lo sabe todo el mundo, por mucho que, en el partido socialista, se hagan ahora la picha un lío al tratar de enmascararlo, apelando a la institucionalidad, para justificar sus rastreros negocios con ellos a cambio de un puñado de votos. Porque, recordémoslo, tal institucionalidad ha existido durante toda la trayectoria política que el partido de ETA, bajo diferentes nombres y siglas, ha ido atravesando desde su configuración electoral como Herri Batasuna, en 1978, hasta nuestros días. Sin embargo, ello no ha sido motivo hasta ahora para que el PSOE haya aceptado tratarlo, incluso con deferencia, como si fuera uno más entre los partidos que se desenvuelven en la arena política española. Digámoslo claramente: con la llegada de Pedro Sánchez al poder, se ha producido una ruptura en este asunto –es verdad que con algún entronque en la etapa de Zapatero– hasta el punto de que el terrorismo nacionalista, en su expresión política, está siendo indisimuladamente blanqueado.
Ese es el motivo por el que conviene echar una mirada al pasado para evocar un episodio en el que, gobernando Felipe González, el partido socialista hizo exactamente lo contrario, siendo apoyadas sus decisiones ulteriormente por el PP, cuando fungía en la presidencia José María Aznar, pues el suceso se alargó por un período de nada menos que veinte años. El caso es que el dirigente socialista decidió bloquear el pago de las subvenciones electorales a las que tenía derecho HB por haber obtenido escaños en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1986, 1989 y 1993. Detrás de su resolución no había otra cosa que impedir que el dinero del Estado acabara en manos de terroristas, aunque se adujeran dificultades materiales y formales –razones burocráticas, en definitiva– para no hacer efectivos los pagos correspondientes. El partido de ETA –que para esto no abominaba de las instituciones del Estado– decidió reclamar lo suyo ante la Audiencia Nacional. Ésta, ya en 1998, condenó al Estado a pagar 1,8 millones de euros a HB. Y otra sentencia de 2003, esta vez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, falló a favor de los batasunos concediéndoles un pellizco de 134.000 euros.
Entretanto, había cambiado el Gobierno, pues cuando llegó la primera sentencia, Aznar llevaba ya dos años en la Moncloa. Ni que decir tiene que su Ejecutivo se negó a cumplirla, aun cuando los pleitos fueran heredados de su rival político –tal vez porque, en aquella época, no había penetrado todavía el maniqueísmo en el debate partidario, sobre todo desde la izquierda–. Tal negativa resultó finalmente atajada por la Audiencia Nacional, que a partir de enero de 2002 sancionó con cinco multas sucesivas de 300 euros a la subsecretaria de Interior –a la sazón Ana Pastor, a quien, por cierto, nadie ha agradecido un gesto que podría haberle restado credibilidad política por desobedecer a los tribunales–. Las multas fueron recurridas con la finalidad de dilatar el proceso, pues en aquel momento se estaba a las puertas de la ilegalización de Batasuna y las demás marcas con las que ETA había venido concurriendo en la actividad político-institucional.
El pleito se alargó tres años más tras la proscripción de los partidos etarras, y no se resolvió definitivamente hasta 2006 cuando, gobernando de nuevo el PSOE, su ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, instruyó a la Abogacía del Estado para que pusiera a disposición del Tribunal Supremo los casi dos millones de euros que se adeudaban a HB, a fin de que éste los integrara en el proceso de liquidación de la entidad ilegalizada. El Supremo dictaminó que ese dinero se destinara a sufragar los gastos de las víctimas del terrorismo, pero una oportuna intervención de las cajas de ahorro vascas, BBK y Kutxa, a las que los batasunos habían dejado créditos impagados, hizo recapacitar a los magistrados, quienes dos años y medio más tarde resolvieron en su favor. Lástima que esta preeminencia de los acreedores dejara, finalmente, un borrón en el punto final del episodio que acabo de relatar. Un episodio que muestra que, en política, para repudiar a los terroristas y a quienes tienen negocios con ellos, lo único que hace falta es tener claridad de ideas y voluntad para no traspasar las fronteras que, ahora, Pedro Sánchez, imbuido de un fanatismo sectario, innecesariamente ha derrumbado.