Mientras algunos medios se consolidan llegando a amplios segmentos de la población, otros languidecen, incluso cuando sirven a intereses poderosos.
No deja de ser sorprendente que, mientras alienta y jalea la violencia callejera con ocasión del encarcelamiento de Pablo Hasel, el partido de Iglesias arremeta contra la libertad de información exigiendo el control de los medios de comunicación. Claro que, si prescindimos del impulso revolucionario que anima a ese dirigente político y a ese partido, entonces no entendemos que la lógica del asunto no está en la defensa de unos supuestos derechos sino en el objetivo de derribar la democracia lo más rápidamente que sea posible. Y si nos atenemos a esa lógica, de nada vale apelar a los principios constitucionales, pues lo que está en juego exige entrar en el debate ideológico. Por tanto, aunque no esté de más recordar que la Constitución ampara la libertad de información, prohíbe la censura previa de las publicaciones y circunscribe el posible secuestro de éstas a la competencia de los jueces, lo relevante ahora es discutir el lamento de Iglesias cuando recordó hace unos días que en España no hay "ningún tipo de elemento de control democrático [tal vez debiera sustituirse este término por el de autocrático, más apropiado a las pretensiones del vicepresidente y a sus circunstancias] sobre los medios de comunicación".