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Mikel Buesa

Iglesias, la libertad de información y lo público

Mientras algunos medios se consolidan llegando a amplios segmentos de la población, otros languidecen, incluso cuando sirven a intereses poderosos.

Mikel Buesa
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Mientras algunos medios se consolidan llegando a amplios segmentos de la población, otros languidecen, incluso cuando sirven a intereses poderosos.
Pablo Iglesias, junto a Pedro Sánchez y Carmen Calvo, durante la sesión de control del pasado miércoles. | EFE

No deja de ser sorprendente que, mientras alienta y jalea la violencia callejera con ocasión del encarcelamiento de Pablo Hasel, el partido de Iglesias arremeta contra la libertad de información exigiendo el control de los medios de comunicación. Claro que, si prescindimos del impulso revolucionario que anima a ese dirigente político y a ese partido, entonces no entendemos que la lógica del asunto no está en la defensa de unos supuestos derechos sino en el objetivo de derribar la democracia lo más rápidamente que sea posible. Y si nos atenemos a esa lógica, de nada vale apelar a los principios constitucionales, pues lo que está en juego exige entrar en el debate ideológico. Por tanto, aunque no esté de más recordar que la Constitución ampara la libertad de información, prohíbe la censura previa de las publicaciones y circunscribe el posible secuestro de éstas a la competencia de los jueces, lo relevante ahora es discutir el lamento de Iglesias cuando recordó hace unos días que en España no hay "ningún tipo de elemento de control democrático [tal vez debiera sustituirse este término por el de autocrático, más apropiado a las pretensiones del vicepresidente y a sus circunstancias] sobre los medios de comunicación".

Es obvio que la justificación aducida por el líder de Podemos para propugnar semejante idea forma parte de sus fantasiosos demonios, de su obsesión persecutoria, pues afirmar que los medios de comunicación están al servicio de los intereses de "los millonarios, los bancos y los fondos buitre", o que son "brazos mediáticos de poderes económicos", no deja de ser una apelación propia de alguien que no está en sus cabales, sencillamente porque la nómina de esos intereses es muchísimo más amplia e incluye, entre otros, a los ciudadanos, las confesiones religiosas, las entidades de la sociedad civil y, curiosamente, al propio Gobierno del que Iglesias forma parte –pues no es otra la orientación principal de la televisión de Rosa María Mateo– y también a su partido –como revela diariamente esa Última Hora que dirige Dina Bousselham–.

Pero vayamos más allá porque lo fundamental de las ideas que maneja Iglesias para acogotar a la prensa está en la afirmación de que los medios están fuera de control –y que para eso está él, presto a restaurar la censura al estilo de José Antonio Giménez-Arnau, el redactor de la Ley de Prensa de 1938 que quería liberar a los "lectores envenenados por una prensa sectaria y antinacional", pues seguramente la Ley Fraga de 1966 le resultaría demasiado liberal–. Tal aserto es evidentemente falso, pues sobre los medios de comunicación se extiende el mecanismo de control del mercado, de tal manera que son las preferencias de sus lectores, oyentes o espectadores las que finalmente determinan el tamaño y las características ideológicas e informativas de su ámbito de influencia, así como sus posibilidades de supervivencia. Ciertamente caben matices a lo que acabo de señalar, porque en algunos segmentos de ese mercado –me refiero principalmente a la televisión– hay estructuras oligopólicas e intervenciones estatales que trastocan el resultado de la competencia. Eso que los de Podemos llaman "lo público" está, en efecto, presente en el ámbito televisivo a través de RTVE y de las cadenas autonómicas y locales. A este respecto, no deja de ser curiosa la acérrima defensa que desde la izquierda –aunque, en esto, no quepa excluir del todo a la derecha–,se hace de unas instituciones como Televisión Española y Radio Nacional de España, que heredamos del régimen franquista. Allá por los años de la Transición, el Estado se deshizo aceleradamente de la Cadena de Prensa del Movimiento, pero dejó incólumes a esas dos entidades, a las que ni siquiera les cambió el nombre. Naturalmente, el Gobierno de Adolfo Suárez –y luego todos los que les sucedieron hasta llegar a Sánchez e Iglesias– lo hizo con la pretensión de servirse de ellas para su sustento político.

Pero hete aquí que el mecanismo regulador del mercado, aun con la interferencia de lo público, es mucho más poderoso de lo que esos aficionados creen. Y sus efectos a la vista están: mientras algunos medios se consolidan llegando a amplios segmentos de la población, otros languidecen, aun cuando sirvan a intereses poderosos. Para comprobarlo basta con repasar las audiencias y las tarifas y la facturación publicitaria. Pero también se verifica lo mismo en las encuestas de opinión. Por ejemplo, en la que acaba de publicar al Fundación BBVA sobre el empleo de las tecnologías de la información en el marco de la covid-19. Ahí encontrará el lector la verificación de que los españoles se fían más de las instituciones médicas y científicas que de los medios de comunicación; y que cuando valoran éstos la escala va desde la cúspide que ocupan los periódicos impresos hasta el agujero en el que está instalada la televisión pública.

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