Quien se haya asomado a España 2050, el documento estratégico con el que Sánchez pretende, al parecer, eternizarse en el poder, habrá comprobado que en el frontispicio del documento, pasados los resúmenes y la parafernalia destinados a la prensa, en el primer capítulo, hacen su aparición estelar los macroeconomistas. No es nada sorprendente, pues estos arrogantes miembros de la que, allá por 1849, Thomas Carlyle designó como la "ciencia lúgubre" –los más altivos, diría yo– son los más capacitados para navegar por las vaguedades y proyectarlas hacia el futuro, apoyados en la simplificación de sus modelos y en la abstracción de sus variables agregadas.
El contenido del capítulo no tiene nada de novedoso, pues no hace sino recoger los mensajes y el análisis que esos mismos economistas han venido difundiendo durante los últimos años: España ha crecido en el pasado y ha logrado converger con los países más avanzados de la Unión Europea, pero no lo suficiente porque su nivel agregado de productividad laboral es comparativamente bajo y, además, en los últimos años no ha dado muestras de mejora. Añaden que las causas de esa insuficiente productividad radican en el capital humano, las deficiencias tecnológicas y las carencias del marco regulatorio. Y, para rizar el rizo, no ocultan que el envejecimiento de la población puede ser una fuerza imponente para conducir a nuestra economía hacia el estancamiento.
Pero el problema del documento –y de la economía española– no reside en el diagnóstico macroeconómico, sino en las propuestas que se hacen para atajarlo. Y ahí lo que encontramos son unas formulaciones que, además de remachar los tópicos discursivos sobre los que Sánchez navega diariamente, pecan de ambigüedad y se desenvuelven en el terreno de las vaguedades y generalidades, con un recetario que tiene casi todo de voluntarismo y casi nada de conocimiento sobre el funcionamiento real de lo que se pretende reformar –que, por cierto, entra dentro del campo de estudio de la microeconomía aplicada–.
Veámoslo. El punto de partida del recetario es la afirmación de que, con el envejecimiento, el PIB crecerá a partir de ahora sólo entre un 0,3 y un 1,1 por ciento anual, con lo que la pretensión de alcanzar los niveles de bienestar de los países europeos avanzados resultará imposible. Pero, señalan los autores del documento, ello puede soslayarse si aumenta la productividad y si hay más gente dispuesta a trabajar. ¿Cómo? Pues con más educación, más I+D, menos trabas administrativas, menos economía sumergida y, naturalmente, con la transformación digital y la transición ecológica. El problema estriba en que el documento no explica cómo se digiere todo ello, a pesar de que dedica bastantes gráficos y tablas y amplia verborrea a cada uno de esos tópicos. No lo explica porque no se hace el menor esfuerzo en analizar la raíz de los correspondientes problemas. De esta manera, los redactores del papel no son capaces de explicar por qué España, con el desarrollo de la Ley de Educación de 1970, consiguió en un cuarto de siglo elevar el nivel educativo de la población –medido en años de escolaridad– hasta el 75 del promedio de la OCDE, mientras que a partir de la reforma introducida por la Logse no ha habido apenas avances relativos. Pero, eso sí, nos dicen que es importante la educación a lo largo de la vida.
Lo mismo pasa con la I+D. Es al parecer fundamental, pero no se entra en explicar por qué el segmento más débil del sistema nacional de innovación son las empresas; por qué el número de empresas innovadoras que hay actualmente es más pequeño que el de hace una década y media; y por qué el diseño de la política tecnológica ha sido incapaz de albergar instrumentos favorecedores de la emergencia de nuevas empresas innovadoras. Más aún, ni una sola línea pone en relación el problema de la I+D con la configuración estructural del sistema productivo –aspecto éste que tampoco se vincula con el hecho de que la productividad agregada se ve lastrada por el amplio desarrollo de las ramas de servicios de bajo nivel tecnológico que han encontrado su oportunidad en una política económica obcecada en la creación de empleo–. Y lo mismo puede decirse de la transformación digital, pues es la estructura productiva lo que determina las necesidades en esta materia, sin que baste extender las redes de fibra óptica o aumentar los egresados universitarios en tecnologías de la información.
En cuanto a las trabas burocráticas, lo mismo que la transición ecológica, es interesante observar que aparecen para luego desaparecer de la parte más política del papel, cosa que no ocurre con la economía sumergida, cuya reducción, en un dechado de voluntarismo, se fía a la mejora del capital humano, la modernización del sector público y el aumento de la inserción laboral, aunque nada se dice de sus raíces.
En fin, esto es como una kermesse: mucho tiovivo, puestos de chucherías y perritos calientes, pista de baile, farolitos de colores, orquestina y divertimentos variados. Pero nada de profundidad. Con la kermesse futurista de los macroeconomistas, el país no saldrá fácilmente del agujero en el que la crisis del covid le ha metido. Y lo de 2050 será otra cosa.