Las coincidencias en política no existen. En noviembre de 2020, el Frente Polisario acordó unilateralmente poner fin al alto el fuego pactado en 1991. En diciembre de ese mismo año, Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio de que el reino alauita entablara relaciones diplomáticas con Israel. En abril, entró ilegalmente en España al amparo de nuestro Gobierno Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, para ser tratado de una enfermedad. En mayo, Marruecos provocó la crisis migratoria de Ceuta en represalia. En agosto, Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos y anunció que no renovará el acuerdo que vence a finales de octubre y por el que su gas llega a España a través de un gaseoducto que atraviesa territorio marroquí pagando el correspondiente peaje. Ahora, nuestro ministro de Exteriores viaja a Argelia a tratar de garantizar el suministro de gas. Y hoy se hace pública una sentencia del tribunal de instancia europeo que tira abajo dos acuerdos comerciales entre Bruselas y Rabat con el argumento de que Marruecos no puede comprometer los recursos económicos del Sahara porque, de acuerdo con el derecho internacional, no le pertenecen. Y, sin embargo, ha habido otros acuerdos anteriores que la Justicia europea no anuló a pesar de reconocer la validez de las resoluciones de la ONU que niegan la soberanía marroquí sobre la excolonia española. ¿Qué está pasando?
Evidentemente, el Frente Polisario ha iniciado una ofensiva con algún nuevo respaldo además del habitual de Argelia. En el conflicto, Francia ha apoyado tradicionalmente a Marruecos. De hecho, el país galo respalda el plan de autonomía que Mohamed VI ha diseñado para la excolonia haciendo la ficción de que es una manera de conformar la política marroquí a las resoluciones de la ONU, que, sin embargo, exigen un referéndum de autodeterminación que ni Rabat ni París contemplan. Los alemanes sí parecen estar más próximos al Frente Polisario que a Marruecos, pero más por oponerse a los norteamericanos que por otra cosa.
Queda España, cuya voz es siempre escuchada en Europa cuando se trata del Sahara. Tradicionalmente, hemos aceptado la política de hechos consumados de Marruecos sin sancionar su ocupación. Sin embargo, nuestro silencio ante el fin del alto el fuego saharaui y la amenaza argelina de no renovar el acuerdo de suministro de gas a través de Marruecos, por no hablar del rocambolesco traslado de Ghali a España, sugieren un cambio de postura no declarado a favor del Frente Polisario y de las ambiciones argelinas en el Sahara Occidental.
¿Ha podido el Partido Comunista de España, coaligado con el PSOE en el Gobierno y amigo de los polisarios, imponer este giro? Si es así, es que Sánchez es más irresponsable de lo que parecía. ¿Ha podido Josep Borrell influir en la decisión del tribunal exigiendo un fallo coherente con la falta de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara? Es improbable. ¿Ha podido España encontrar en Europa otros aliados, como Alemania, para imponer este giro? Es posible, pero los intereses alemanes en el área no son en principio relevantes. ¿Está jugando España esta absurda carta para conformar a sus socios de coalición a pesar de los muchos perjuicios que conlleva para los pescadores españoles, especialmente los andaluces? No es descartable. Lo único que sí está claro es que es todo muy raro.