A lo largo de la heteróclita historia europea se han producido ocasionales levantamientos o algaradas como consecuencia de lo que los economistas llaman crisis de subsistencia. La chispa solía ser la subida desproporcionada del precio del pan, alimento básico de las clases populares. El hecho era la consecuencia de las intermitentes malas cosechas de cereales, más las dificultades del almacenamiento y transporte de la harina. Recuérdese la historia de los sueños del Faraón, interpretados por su consejero José.
Como es lógico, la brusca subida de los precios del pan suponía el comienzo de una espiral inflacionista en otros productos de consumo. La consecuencia inmediata era la pérdida de poder adquisitivo de las clases humildes y el lógico descontento político.
En la situación española actual, los cereales no representan el peso del consumo popular que tenían en el pasado. Hace más de un siglo, los españoles necesitaban un kilo de pan por persona y día para cubrir las ausencias de otros alimentos. Hoy, esa dieta panera no llega a los cien gramos. El equivalente hodierno de un consumo doméstico básico, insustituible, es el de la electricidad. Por tanto, una elevación brusca y continuada del precio del kilovatio podría equipararse, formalmente, a la escasez de harina en el pasado. Bien es verdad que la electricidad puede importarse, pero ese trasiego no es cómodo ni barato. Además, las baterías eléctricas no resuelven del todo la necesidad de almacenamiento de la energía. Ahora se ve lo nefasta que ha sido la política de prescindir de la inversión en centrales nucleares y confiar en las energías renovables. Han sido decisiones puramente ideológicas, en su peor sentido. Por si fuera poco, nos hallamos inmersos los españoles en una general crisis económica, consecuencia, entre otras causas, de la epidemia del virus chino.
El hecho reciente es que los hogares españoles se enfrentan con una subida desproporcionada de la factura de electricidad. En ella se incluye, además, una buena porción de impuestos y subvenciones a la industria, añadidos de los que el Gobierno no quiere prescindir. Por otra parte, es evidente que la desmesura en el aumento de los costes de la energía representa un capítulo fundamental en la cuenta de resultados de muchas empresas. La consecuencia es que la disparatada subida del precio del kilovatio hará subir el coste de la vida por encima de todas las previsiones. Es decir, muchos otros bienes y servicios empezarán a ser más caros. No hay más que pensar en el efecto de la nueva tendencia de tener que cargar las baterías de los automóviles eléctricos.
La enseñanza de la historia nos dice que es posible que la escalada de precios de la electricidad dé lugar a protestas populares de gran alcance. El kilovatio es el equivalente actual del pan en otros tiempos. Se trata de artículos insustituibles, de extrema necesidad. Recuérdese el famoso motín de Esquilache en la España de 1776. La causa manifiesta estuvo en las reformas políticas del ministro Esquilache, referidas, sobre todo, a Madrid: iluminación pública, adoquinado de las calles, imposición de la moda francesa del sombrero de tres picos y la capa corta. No se suele advertir que, por debajo de la queja contra tales novedades, estaba la sucesión de varios años de malas cosechas. Esa fue una razón subyacente más sustantiva.
En la situación española actual, se añade la significación del oligopolio de las grandes empresas productoras de electricidad. La posible intervención estatal en sus beneficios agravaría todavía más el problema. Estamos ante lo que antes se denominaba un "poder fáctico". No sería de extrañar que pudiera caer un Gobierno (previo adelanto de la fecha de las elecciones generales) por esta cuestión. La verdad es que, en los ambientes parlamentarios, se respira un clima preelectoral.