Un jardinero asesino se prepara en alguna de las cárceles vascas para ejercer pronto sus habilidades florales recién aprendidas. Quién sabe si no acabará cuidando de los parterres del Palacio de Ajuria Enea u ocupándose del césped de San Mamés mientras evoca las satisfacciones que le daba su antiguo trabajo. Confiemos en que no se deje llevar por la añoranza, porque entonces se vendrá abajo el diseño de la política penitenciaria del Gobierno vasco –una política del perdón–, sumando un nuevo fracaso a la ya larga tradición de este tipo de actuaciones desde que, en 1977, se promulgó la Ley de Amnistía, cobijando en ella a los terroristas.
Claro que parecería que el destino ideal para este asesino travestido de jardinero sería el de mantener la floresta que rodea al palacete de Castellana, 5, en Madrid, donde reside el ministro Grande Marlaska, su mentor y benefactor que, acudiendo a una inveterada usanza de la política patria, trastocó la aplicación del Código Penal por la conveniencia de hacer la vista gorda y, así, satisfacer al presidente Sánchez en su necesidad de allegarse los votos del partido de los asesinos, una vez que sentó la doctrina de que Sortu y Bildu son una cosa no sólo distinta, sino completamente desvinculada de ETA –aunque, incomprensiblemente, más de la mitad de su dirección la forman quienes fueron miembros e incluso dirigentes de esa organización terrorista–. Eso sí, Grande, empequeñeciendo su apellido, se inventó un procedimiento burocrático para minimizar las responsabilidades de los presos etarras, consistente en la firma de un papelito o formulario ya relleno por la Administración –no se vayan a confundir los signatarios, como aquél que, hace ya muchos años, en la Audiencia Nacional, contestó "sí" cuando debió haber dicho "no" y tuvo que ser rectificado por el fiscal para que no lo metieran en la trena–. Un papelito, por cierto, que ha sido impugnado por algunos jueces de esa misma Audiencia, sin que, de momento, su meritorio esfuerzo por preservar el valor de la Justicia haya servido de mucho, toda vez que el ministro traidor ha logrado cumplir su propósito de colocar a todos los etarras encarcelados al alcance de la nueva y flamante Administración penitenciaria vasca –la encargada, por mor de la cogobernanza, de hacer efectiva esa vista gorda que retrata como pacíficos ciudadanos a unos asesinos que jamás renunciaron a su trayectoria letal, que incluso exigen que se les reconozca como gudaris heroicos, aunque sólo sea en su pueblo, mientras afilan las azadas y las tijeras de podar, y limpian los rastrillos con los que ingresarán en el cuerpo municipal de parques y jardines de alguna localidad vascongada–.
Hacer la vista gorda es la modalidad más socorrida de la política del perdón, toda vez que ésta es, sin duda, radicalmente ilegítima, porque deja de lado a unas víctimas del terrorismo a las que se prometió justicia y ahora se les obliga a que se fastidien. Dejemos claro a este respecto que, sea cual sea la perspectiva que se adopte, el resultado es siempre el mismo: la instauración de un irrevocable estado de injusticia.
El Gobierno podría, en efecto, indultar a los terroristas haciendo uso de su prerrogativa de establecer el perdón real mediante la aplicación de un extraño principio de equidad. Pero no olvidemos que, como señaló Kant, el ejercicio del derecho de gracia con respecto a "los crímenes de los súbditos entre sí" lleva a una "impunidad (…) que es la suma injusticia contra ellos". También puede hacer dejación de la responsabilidad estatal de administrar la Justicia –como exhibe nítidamente la política de Grande Marlaska– y establecer un particular orden del perdón a su conveniencia. Pero, en tal caso, como recuerda Sandrine Lefranc, investigadora del CNRS de Francia, se altera radicalmente el marco institucional de la democracia, pues "el orden jurídico no puede tolerar la irrupción del perdón, (…) porque no existe el orden del perdón (…) y éste incluso podría ser un fermento de destrucción del orden". Y, finalmente, puede acudir a la perspectiva ética –como sin duda se hace promocionando los planteamientos de novelistas como Aramburu, con Patria, o cineastas como Bollaín, con Marixabel– haciendo creer que el perdón irrestricto es la definitiva solución al conflicto político que ETA estableció con el Estado. Pero, en tal caso, olvidaría que la ética establece que el perdón sea un hecho singular que no apela a la desmemoria sino al recuerdo; que es además un asunto que concierne únicamente a la relación personal entre el ofensor y el ofendido; que es este último quien gratuitamente puede otorgarlo; y que el perdón nunca puede exigirse, pues solo se puede pedir. Por eso mismo el perdón nunca puede ser el resultado de una decisión colectiva de un Gobierno o un Parlamento. "Ni el Estado, ni el pueblo ni la Historia", nos recuerda Sandrine Lefranc, "pueden pretender perdonar", privando así a las víctimas del terrorismo de su derecho a la reivindicación de su resentimiento sin que sobre ellas quepa pronunciar ningún reproche.
"Memoria, dignidad y justicia" es el lema que aparece en el frontispicio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). De esos tres conceptos, es sin duda el de justicia el que vertebra su reivindicación, pues no puede haber justicia sin memoria de los hechos violentos que causaron el dolor a las víctimas, ni sin respeto a su dignidad. El perdón político niega la justicia, pues, como escribió en cierta ocasión Primo Levi, "no sé de ningún acto humano que pueda borrar una culpa". Por eso, concluía el gran escritor italiano, víctima del nazismo, "pido justicia".