Se podría pensar que son una policía especial, especializada; pongo por caso, de perseguir a los inmigrantes ilegales o a los narcotraficantes. Nada de eso. Lo social es un adjetivo cómodo, multívoco, que poco o nada significa por sí mismo. Los agentes sociales son una forma de hacer política característica de la transición democrática española. Se podría argüir que los reconoce la Constitución, pero no es la única tradición corporativista que se recoge en ella. Pensemos, por ejemplo, en los privilegios fiscales para el País Vasco y Navarra, incluidos expresamente en la magna carta. Es claro que la Constitución de 1978 la refrendamos los españoles como mal menor.
A lo que voy, los agentes sociales son una extraña figura política de la España actual. Se compone de los dirigentes de dos sindicatos (Unión General de Trabajadores, afecto al Partido Socialista, y Comisiones Obreras, vinculado al Partido Comunista y sus herederos). Queda en una nebulosa por qué no se incluyen otros sindicatos, de índole nacional o regional. Se completa con los directivos de la CEOE, el grupo empresarial más potente, que a su vez deja sin asimilar algunas otras asociaciones patronales. La selección como agentes sociales se aclara cuando se introduce la sospecha de que la UGT, Comisiones y la CEOE son organizaciones subvencionadas por el Gobierno. Acabáramos.
El revoltillo de los agentes sociales transpira la herencia correspondiente de los sindicatos verticales del franquismo. Constituían, entonces, el elemento corporativista necesario para impulsar la legislación laboral de la época. La esencia de la cual consistía en apoyar la industrialización forzada gracias a la política de que los salarios y las pensiones se incrementaran menos que los precios. Tal éxito tuvo esa fórmula que la han seguido los Gobiernos de la Transición. Siempre lo han hecho con el fidelísimo apoyo de los agentes sociales.
Hoy, chirría un poco más la práctica de que la legislación laboral (en su sentido más amplio) se determine por el Gobierno y el apoyo de los agentes sociales, y no por las Cortes (nuestro Parlamento). No es la única práctica política que se muestra alejada del correcto espíritu democrático. Ahí tenemos la desvergonzada costumbre del Gobierno de monitorizar (como ahora se dice) las sentencias de los altos tribunales de justicia. Más reciente es la decisión gubernamental de enviar tropas (bien que simbólicas) al escenario de Ucrania sin consultar a las Cortes. Tampoco intervienen los parlamentarios en la práctica gubernamental de buena inteligencia con los dictadores de la Iberosfera. Ya en tono menor, las Cortes no intervienen mucho sobre el uso del avión oficial del presidente del Gobierno para viajes a reuniones del Partido Socialista o, peor, con propósitos privados. Son otras tantas corruptelas, a la manera de herencia o recuerdo del régimen anterior. Un mimetismo último es esa imagen del presidente Sánchez hablando por teléfono con el boli en la otra mano. Es un recuerdo de la lucecita de El Pardo como símbolo de la extrema dedicación del caudillo Franco, en las horas nocturnas, a los problemas de los españoles. En ambos casos, es el mismo tirón paternalista de los autoritarismos.
En realidad, los agentes sociales son los dirigentes de sendos grupos de interés, privilegiados por el Gobierno de muchas formas. De ninguna manera representan al conjunto de los españoles, función que en buena ley corresponde exclusivamente a los diputados y senadores.
En definitiva, España es una democracia bastante sui generis. El Gobierno actual ha llegado al cenit de la curva de uso y abuso de la propaganda. Son continuos y refinados los instrumentos de esa institución, más típica de los sistemas autoritarios. Con lo cual se entiende la simpatía del Gobierno socialista-comunista-separatista de España por los regímenes de la izquierda autoritaria de la Iberosfera. La extraña alianza socialista-comunista-separatista es un remedo del Frente Popular de 1936.