El diario oficialista El País ha emprendido una campaña implacable de denuncias cotidianas sobre delitos de pedofilia perpetrados a lo largo de décadas por sacerdotes de la Iglesia católica. Su colaborador, el exdiputado socialista Eduardo Madina, las remató con el elocuente artículo "Abusos sexuales en la Iglesia católica: el fin del silencio" (27/1), donde hace hincapié en la preocupación del papa Francisco por este tema, que contrasta con la negativa de la Conferencia Episcopal Española a crear una comisión de investigación. Tanto el diario como Madina se han felicitado, en cambio, por la celeridad con que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han solicitado que el Congreso designe dicha comisión.
Detalles escabrosos
Para no ser menos, La Vanguardia publicó (27/1) un extenso artículo, erizado de detalles escabrosos que rozan la pornografía, donde relata todos los suplicios aberrantes que un hermano de La Salle infligió al hoy multipremiado autor de literatura infantil y juvenil Alejandro Palomas cuando este tenía entre 8 y 9 años y era su alumno en una escuela de la orden. Un precoz martirio sexual que le dejó traumas imborrables y que quedó impune cuando su madre lo denunció a los eclesiásticos que dirigían el colegio...
Esta campaña de esclarecimiento demuestra que también los centros de culto religioso están expuestos a la infiltración de las peores perversiones humanas.
Pero…
Énfasis sospechoso
Pero el énfasis puesto súbitamente en los delitos de pedofilia circunscriptos a sacerdotes de la Iglesia católica es sospechoso. Sobre todo porque, como se ve en el Congreso, quienes llevan la voz cantante en esta ofensiva presuntamente moralizadora son los promotores del apartheid racista, los apologistas de los déspotas tercermundistas y los albaceas de los asesinos etarras. La parcialidad de estos rufianes y de los plumillas que los secundan queda al descubierto cuando se piensa que la penalización que ellos pretenden focalizar en los curas dejaría en el limbo a quienes, según todos los estudios de campo, son mayoría en las redes de pederastas: personas aparentemente normales, que van desde entrenadores deportivos y gente de la farándula hasta familiares próximos de las víctimas.
Esta parcialidad tiene una explicación. Si se profundizara en los trabajos para desentrañar la composición de estas redes de pedófilos y en la identidad de sus miembros, los resultados pondrían al descubierto vasos comunicantes con las tendencias malsanas de algunos adictos al colectivo LGTBI. Y este es un lobby intocable.
La palabra vetada
La prueba de que el lobby LGTBI es intocable, y de que cuenta con la simpatía de todos los movimientos antiespañoles, antisistema y antisociales disfrazados de progres, la encontramos en el hecho de que la palabra homosexual jamás figura en las minuciosas crónicas de los sucesos pedófilos. Los curas y los laicos que violan niños varones pueden aparecer descriptos como monstruos o como sádicos, pero la palabra homosexual está vetada en el texto.
¡Y qué decir de la pretensión de institucionalizar la corrupción de menores mediante la aprobación de ese engendro contranatura que es la ley trans, urdida para anular psíquica, química o quirúrgicamente la identidad biológica desde la infancia y la adolescencia!
En el marco de la ley
Seamos realistas. Hay homosexuales en el seno de la Iglesia católica, como en el resto de la sociedad. Quienes nos ceñimos a los principios consagrados en la Constitución del 78 respetamos sus preferencias y garantizamos sus derechos en el marco de la ley. Repito: en el marco de la ley. Lo ideal sería que el colectivo LGTBI dejara de funcionar como un lobby encamado con la izquierda reaccionaria y permitiese que sus miembros actuaran individual y libremente en defensa de ese respeto y esa garantía de sus derechos. Sin sumarse a discriminaciones sectarias, ni reclamar privilegios ni imponer censuras. Porque afortunadamente vivimos en una sociedad de ciudadanos libres e iguales.