Hacia un nuevo texto constitucional

"Y con la grande polvareda, perdimos a don Beltrane". El Romancero nos ayuda a reconocer que las batallas suelen ser grandes polvaredas, en las que a menudo se desorienta uno. En este caso, el torpe desmantelamiento del PP nos oculta la gran metamorfosis que está teniendo lugar en el panorama político español. Sencillamente, se nos acaba el largo periodo de la Transición democrática. Ha cumplido gozosamente su ciclo. De modo natural, los textos constitucionales sin enmiendas suelen alcanzar la vida de una generación (unos 30 años). El de 1978 se ha estirado durante una generación y media; es mucho durar.

La actual cohorte de los españoles activos tendría que prepararse para redactar una nueva Constitución, vista la experiencia de la todavía vigente. No hay mejor estímulo que el declive ideológico de los dos grandes partidos que hicieron la Transición: el socialista, a su aire, y el popular, a su modo. Caben muchas propuestas, según como a cada uno le vaya la feria, para ponerse a redactar una nueva magna carta con cierta dignidad. Anótese mi proposición, sin representar a nadie, como una más. Las sugerencias son, pues, a título personal, más que nada, para seguir pensando. No es un menester frecuente en nuestra vida pública.

La primera salvedad es que no tiene por qué repetirse una comisión redactora constituida por catedráticos de Derecho Político o similares. En su lugar, habría que diseñar algo más plural y participativo. No estará mal, por ejemplo, una asamblea redactora compuesta por un centenar de personas de distintas actividades. Naturalmente, se exigiría la facultad de saber leer y escribir, condición nada fácil, vista la precaria situación de nuestro sistema educativo. Esta vez se añadiría la nota de no haber ostentado cargos de Gobierno a lo largo del periodo de nuestra democracia transida. La imagen alternativa que cumple es la de los burgueses de Calais, del gran Rodin. Es una soberbia estatua, explícitamente sin peana.

No sería difícil acordar que los partidos políticos deban representar a toda España. Es decir, se excluirían los que intentan hacerlo solo de una fracción territorial de la nación. Ya de paso, tampoco estaría mal que los partidos políticos se abstuvieran de solicitar y recibir dinero público. Bastaría la suma (bien supervisada, eso sí) de las cuotas y donaciones de sus votantes o simpatizantes. A renglón seguido, habría que acabar con las subvenciones de dinero público a las iglesias, centrales sindicales y patronales. Todas esas asociaciones deben valerse solo de las ayudas de sus socios.

La estructura política y administrativa debería volver a la unidad de las provincias y los municipios, superando el invento de las comunidades autónomas. Ha sido una innovación fallida de la Constitución de 1978. Desde luego, no cabe que continúe el antañón privilegio fiscal de Navarra y el País Vasco. La estructura municipal requiere la previa reducción del número de entes, de los ocho mil actuales a unos quinientos. Es algo coherente con los cambios en los sistemas de transporte y en la densidad de población. Es una reforma que se ha hecho en otros países europeos.

Como toda Constitución que se precie, importa definir muy bien el capítulo de los derechos y libertades. Me sumo a la opinión de Juan Luis Valderrábano, un prodigio de racionalidad. A saber, fuera de los derechos naturales (vida, propiedad, conciencia, etc.), todos los demás solo deberán mantenerse si se pueden pagar tranquilamente sin un aumento de los impuestos. Sin ese criterio, sería fácil llegar al disparate de que todos los españoles (incluidos los okupas o los inmigrantes ilegales) tienen derecho a que se les abone el coste de su vivienda. ¿Por qué no el del automóvil?

Sea cual fuere el nuevo texto constitucional, una premisa indiscutible es que contenga un procedimiento asequible para poder enmendarlo sin grandes complicaciones. Una Constitución expresa la mentalidad nacional prevalente en una época, cambiante con los tiempos. No otra cosa es la democracia.