Las verdaderas desigualdades en España

La existencia del disparatado Ministerio de Igualdad (el gran momio del feminismo progresista) oculta las verdaderas y escandalosas desigualdades en la sociedad española. Algunas aparecen sancionadas por la historia. La más lacerante es el privilegio medieval de que la población del País Vasco y Navarra pague menos impuestos que el resto del vecindario. Lo malo es que lo recoge la Constitución vigente. Fue uno de los precios que hubo que pagar por el milagro de la transición democrática y el famoso "consenso".

Hay, también, nuevos desarrollos del esquema aceptado de desigualdades. Valga como ilustración el caso modélico de Cataluña (que siguen, ovejunamente, otras regiones), en donde se halla proscrita la enseñanza en castellano para la edad obligatoria. Es la lengua familiar de la mitad de la población catalana y, sobre todo, la lengua común de todos los españoles. Se discute una concesión que considera igualdad lingüística la norma de que los centros de la escolaridad obligatoria impartan el 25% de las clases en castellano. No deja de ser un ludibrio. Además, en la práctica, esa regulación de mínimos ni siquiera se cumple. Es más, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña alardea de no cumplirla. Se podría cambiar su título por el de "la Particularidad de Cataluña".

Malo es que el Estado se asiente sobre la inveterada costumbre de subir infatigablemente los impuestos. Lo peor es que una parte sustancial y creciente del Estado se dedica a alimentar la multitud de chiringos de la cuerda del Gobierno de turno, sea nacional o regional. Son el mayor exponente de la corrupción política generalizada, aunque presenten una apariencia legal. Esta es otra gran fuente de desigualdad social.

El contingente más numeroso de perceptores de ingresos por su trabajo (en este caso, pasado) es el de los pensionistas. Son cerca de diez millones de personas. Pues bien, el importe de sus pensiones crece cada año por debajo del verdadero índice de precios al consumo. Encima, les retienen (curioso verbo) una parte de sus pensiones como impuestos. Es notoria la doble tributación de ese ingenioso impuesto. Esta es otra silenciosa y lacerante forma de desigualdad social. Los jubilados actuales son el equivalente de los proletarios de antaño.

Nos tendríamos que preguntar por qué preocupa tanto el principio de las desigualdades sociales. Más grave aún es cómo es que hacen oídos sordos los gobernantes ante las situaciones concretas de desigualdad fomentadas por la Administración Pública. Bien es verdad que la inteligencia y la capacidad de esfuerzo del personal no se distribuyen de una forma igualitaria. Por tanto, no es de extrañar que se den todas las discrepancias entre unas posiciones sociales y otras, con independencia de la condición inicial de la herencia familiar. El sistema educativo, en todos sus grados, se diseñó para reforzar las oportunidades de ascenso social de los individuos menos favorecidos por el azar. Pero, ay, el capítulo educativo es el servicio público que peor funciona en España, vistos sus magros resultados en todos los órdenes. Es decir, por ese lado, no se consigue caminar hacia la meta deseada de reducir las desigualdades sociales más hirientes.

Recordemos que el propósito excluyente del Ministerio de Igualdad es el de acabar con la discrepancia de derechos y oportunidades entre varones y mujeres. Pues bien, este es el supuesto en el que más se ha avanzado durante el último siglo. Son otras muchas las disparidades injustas en las que el progreso se nota mucho menos. Es más, la ideología progresista (la que ahora manda) es un factor de retraso en esa dimensión. Acabo de mencionar algunas ilustraciones y se podrían dar más. La paradoja es que las fuerzas políticas que fomentan las molestas desigualdades son las que en este momento componen el llamado Gobierno de coalición. Ahora sabemos que los elementos coaligados se dedican concienzudamente a mantener las desigualdades sociales en España, por mucho que la retórica al uso argumente lo contrario.