Los ministros de Asuntos Sociales de la UE respaldan la propuesta de la Comisión de fijar una cuota de al menos un 40% de mujeres en puestos directivos de las denominadas "grandes empresas europeas". Se trata de aquellas sociedades que facturan miles de millones, esas que hacen millonarios a sus directivos y condicionan también nuestras vidas por medio de sus vínculos políticos y organismos reguladores: banca, industria, energía, transporte, medios, alimentación, distribución o tecnología.
Estas cuotas ya existen en el sector público, donde se han incorporado para feminizar desempeños y empleos públicos tradicionalmente ocupados por hombres (bomberos, policía, guardia urbana, etc.). Ahora se trata de llevar este programa al sector privado. Cierto es que nada impide a una mujer, millonaria o no, constituir una empresa y llenar su consejo de administración de féminas o designarse a sí misma como administrador único, pero estas sociedades no son las que interesan a nuestros gobernantes. Ellos se centran en aquellas que, como se ha dicho, están desarrolladas, dirigidas mayoritariamente por hombres, facturan miles de millones y permiten a sus directivos una posición y unas condiciones económicas muy determinadas.
Una compañera universitaria me dice que está encantada con la iniciativa y no ve problemas de vulneración de los artículos 33 y 38 de la Constitución (propiedad privada y libertad de empresa), porque, además, muchas de esas grandes empresas europeas eran en origen entidades públicas. Yo creo que, además de manejar un defectuoso concepto espacio-temporal de la propiedad privada y la libertad de empresa, lo que sucede es que piensa que algún día le tocará, es decir, que alguien pensará en ella para un puesto. Esto es legítimo, ojo, pero no deja de ser la misma corruptela que suele denunciarse respecto de los hombres. Es por tanto razonable considerar que la cuestión aquí es el aspecto ideológico, la red de afines y la mujer como instrumento.
Esta forma de proceder es también socialismo. Se trata de un intervencionismo esencialmente ideológico que nos está llevando a considerar progresivamente la igualdad de género como una especie de súper principio jurídico y de la política económica y social que acaba condicionando todo lo demás y que nadie osa poner en entredicho. Un fertilizante del clientelismo político, al cual se le atribuye un enorme potencial de crecimiento, que cuenta además con la deshonestidad intelectual, incluida la de la magistratura, como aliado.
Son iniciativas que generan además tensiones, agravios, y que desde luego no están pensadas para contribuir al progreso ni a la justicia, a los cuales vienen contribuyendo las mujeres desde siempre. El argumento de la visibilidad constituye más bien una estratagema e incluso una perversión. Recuerda al tal Lemberville que cita Alexis de Tocqueville en su obra El Antiguo Régimen y la Revolución. Un sujeto que insistía al Gobierno de la imperiosa necesidad de promover un cuerpo especializado de inspectores de industria y que acto seguido se proponía a sí mismo para dirigirlo. Según parece, ya contaba incluso con su propio equipo.
El asunto también recuerda, con sus matices, la denuncia que en su día realizaron Milton y Rose Friedman (La tiranía del statu quo, Ariel, 1984) en relación con la manía socialista de intentar crear puestos de trabajo mediante leyes. Aquí se trata, según dicen, de visibilizar mujeres mediante normas, reglamentaciones, recomendaciones… "Las leyes siempre destruyen más puestos de trabajo de los que crean", concluía el matrimonio Friedman. No está de más recordarlo cuando el empleo público sube un 7% y alcanza un récord de 3,47 millones. Cifras que difícilmente escapan a interpretaciones en clave electoral y a comparaciones con la situación del sector privado.
No es por tanto complicado intuir o concluir que estos cargos, cuotas o designaciones, así impulsados desde los boletines oficiales, no sólo acabarán en personas cuya función o misión principal será la de agradecer a quienes los han hecho posible, sino que suponen un estímulo para que acaben ampliándose en los lugares menos adecuados, que ocuparán consiguientemente las personas menos idóneas. No por ser mujeres, sino porque deben ser mujeres afines al programa establecido, es decir, comisariado político. Esto ya sucede con los hombres, claro está.
Vivimos un tiempo en el que ya no es suficiente la colonización ideológica o partidista de la Administración pública, la judicatura, los medios de comunicación, la educación y la universidad, los organismos reguladores, la cultura o la literatura, y el espacio público en general. Se trata de dar un paso más y crear nuevas servidumbres en la expansión de esta reformulación socialista en su mezcla o fusión con estructuras capitalistas o empresariales.
Ignoro cómo referirán los historiadores y cronistas todo esto en el futuro. Imagino que seguirán los sesgos y enfoques preestablecidos por el agitprop. Lo importante es que la opinión pública ignore que ser mujer hoy día es una garantía, tan buena o mala, como la de ser hombre, y que lo importante es el individuo, su talento, sus deseos y preferencias, sus prioridades personales, capacidad, esfuerzo o trabajo, no la pertenencia a un determinado colectivo o sexo.
Iniciativas como la de referencia no van a mejorar las condiciones de nadie que lo merezca por mérito, trabajo y tesón. Sólo contribuyen a alimentar un potentísimo mecanismo de alienación en favor de los sectores ya de por sí privilegiados, aquellos que se encuentran, viven, intrigan y cabildean en los contornos del poder. Son las mujeres que disponen de un cordón umbilical con esa esfera las que están de enhorabuena.