El pasado domingo 4 de septiembre, el pueblo chileno rechazó de forma tajante el proyecto constitucional cocinado desde el año 2019 por la izquierda radical. Las cifras no dejan duda. La diferencia supera los veinte puntos, un resultado abultado que envía un claro mensaje al Gobierno encabezado por Gabriel Boric. Además, el resultado mostró también el compromiso de la población, al participar más del 85% de los empadronados.
Los comicios se presentaron ante la nación y ante el mundo como un punto de inflexión, un nuevo comienzo con objeto de refundar la democracia chilena, intoxicada desde el inicio por la Constitución aprobada en el año 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet. Las fuerzas progresistas no parecieron reconocer en ningún momento la valía del texto en vigor y las modificaciones que dicho documento constitucional sufrió durante los más de treinta años de democracia. Concretamente, entre 1990 y el año 2022, el texto ha sufrido más de cincuenta cambios que han afectado a un gran número de artículos de la Carta Magna. La Constitución vigente, guste o no, ya no es la misma que existía durante los años de la dictadura. Y es necesario decir que gran parte de las modificaciones han tenido lugar bajo gobiernos de centro izquierda liderados por Ricardo Lagos o Michelle Bachelet. El trabajo de reforma y transformación de la Constitución tuvo sus frutos. Chile, gracias a sus instituciones y también a su Carta Magna, representó un ejemplo para muchos al convertirse en la nación más próspera de Hispanoamérica y en la democracia de mayor calidad en la región.
Sin embargo y a pesar de los buenos resultados institucionales, económicos y sociales obtenidos por Chile, la izquierda deseaba dar un giro radical, rompiendo con la Constitución del 81 e inaugurando un nuevo periodo en su historia democrática. Como indicábamos líneas atrás, las personas que habitan Chile rechazaron la nueva propuesta y fueron capaces de percibir el riesgo que dicho proyecto portaba tanto para la estabilidad política y social del país como para las libertades de las gentes que habitan esa gran nación. Eso, el sentido común que ha caracterizado a la sociedad en estos momentos inciertos, es de agradecer en estos tiempos marcados por el avance de la izquierda asociada al Socialismo del Siglo XXI. Dicho esto, también debe ser resaltado el papel realizado por un gran número de think tanks, asociaciones y medios de comunicación que han analizado de forma crítica y cabal el proyecto constitucional que se puso sobre la mesa.
Cuando ingresamos al texto, es lógico que el lector desconfíe del mismo. En cierto sentido, son muchos los peligros que subyacen en el documento presentado por la Constituyente. Con objeto de resumir el espíritu del nuevo documento y mostrar un vaso comunicante que conecta todos los potenciales problemas que esta Constitución podría generar, debemos centrar la discusión en el Estado de Derecho y en la Igualdad Jurídica de todos los chilenos ante la Ley. Ambas cosas son relevantes a la hora de proteger la estructura de Derechos y Libertades de las personas y ambas estaban en peligro de salir adelante el proyecto de la Constituyente. El Estado de Derecho y la Igualdad Jurídica de las personas son elementos centrales a la hora de dificultar la concentración de poder por parte de minorías organizadas, protegiendo con ello a la democracia chilena y evitando que el sistema mute y degenere progresivamente hacia formas autoritarias o semiautoritarias que caracterizan el devenir de naciones iberoamericanas como Nicaragua, Venezuela o Bolivia.
El proyecto constitucional de la izquierda chilena contribuye al desarrollo de un sistema que beneficia y privilegia a determinados grupos organizados que han participado en la negociación y peleado con objeto de obtener privilegios ad eternum constitucionalizando sus demandas políticas. Lo anterior, se evidencia con claridad cuando estudiamos el problema de la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, que puede incluso incurrir en acciones que pongan en tela de juicio la supervivencia de los Derechos Humanos o las distintas políticas de la identidad, que permean el documento en una especie de café para todos del progresismo.
El pueblo chileno no parece estar a favor de la Constitución vigente. Tampoco del proyecto que se ha presentado durante los meses de julio y agosto. Es evidente que el país debe discutir más, intentando satisfacer a una ciudadanía que quiere cambios, pero no los presentados por la Constituyente. Chile y su ciudadanía deben apostar por un documento constitucional que defienda la división de poderes, el Imperio de la Ley y que sea capaz de proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas. En definitiva, un documento que favorezca nuevamente la inserción de Chile en el sendero de la prosperidad y la estabilidad política.