En 1995 o 1996, no recuerdo exactamente, Peces-Barba, padre de la Constitución, rector de la Univesidad Carlos III y profesor en el Doctorado de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la misma Universidad lanzó una pregunta a sus alumnos del campus de Getafe. Era un campus multicultural, dado que Peces-Barba había abierto sus puertas tanto a profesores como a alumnos del mundo entero. En especial, en el Doctorado de Derechos Humanos había varios alumnos provenientes de distintos países hispanoamericanos. La pregunta que realizó Peces-Barba trataba del Título VI de la Constitución, sobre el Poder Judicial. Leyó el artículo 1117:
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Y, a continuación, el artículo 122.3:
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado (...) por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado.
En concreto, lo que quería saber Peces-Barba, que también había sido Presidente del Congreso, era cómo los estudiantes de doctorado allí reunidos interpretaban la norma de elección del CGPJ. Hasta 1985, los doce vocales nombrados entre Jueces y Magistrados se habían elegido por votación directa por parte de los jueces. Entonces, se cambió el sistema de elección, favoreciendo que todos los miembros fuesen elegidos por el Parlamento y el Senado. La respuesta de los estudiantes allí reunidos no gustó a Peces-Barba, porque se interpretó mayoritariamente que el sistema que funcionó hasta el 85 respetaba el espíritu de la Constitución, equilibrando la legitimidad democrática, siendo unos vocales elegidos por el Parlamento, con la independencia judicial y la separación de poderes, con los vocales elegidos por los Jueces. Al Maestro le salían respondones los discípulos.
El problema, sostuvo Peces-Barba, es que los jueces están lastrados por su procedencia sociológica. El modo de acceso a la carrera judicial, razonaba el político socialista, hacía que los jueces fuesen conservadores por cuestión de clase. Y dicho sesgo socio-político, según el rector, les afectaba, aunque fuese inconscientemente, en su modo de juzgar. De modo que, concluía, había que forzar la alineación de la interpretación judicial con el sentido de la mayoría legislativa y la voluntad ejecutiva. Algunos de los estudiantes le respondieron que la profesionalidad de los jueces y su entrenamiento en la perspectiva de la independencia les ponía a salvo de la duda de la parcialidad. Del mismo modo que, salvo excepciones, los profesores como él están obligados a ser objetivos e imparciales en sus enseñanzas, ¿o acaso él mismo en cuanto docente y rector dejaba que sus sesgos afectasen a su labor de enseñanza haciéndola que degenerase en adoctrinamiento?
Sin duda, Peces-Barba sabía que la lucha por un poder judicial independiente es simétrica a la conquista de la democracia liberal y el Estado de Derecho, desde Locke a los Padres Fundadores de EE.UU. pasando por Montesquieu, Blackstone, William Paley. El francés escribió en El espíritu de las leyes:
Cuando los poderes legislativo y ejecutivo están unidos en la misma persona u organismo, no puede haber libertad, porque podría surgir el temor de que el mismo monarca o el senado promulgue leyes tiránicas. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y del ejecutivo. Si se uniera al legislativo, la vida y la libertad de los de los súbditos estarían expuestos a un control arbitrario, ya que el juez sería entonces el legislador. Si se uniera al poder ejecutivo, el juez podría comportarse con violencia y opresión. Se acabaría todo si el mismo hombre o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerciera esos tres poderes, el de promulgar leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los casos de los individuos de las personas.
Pero para Peces-Barba lo que importa no es el Estado de Derecho sino el Estado SOCIAL de Derecho, lo que le llevaba a pensar, como a Alfonso Guerra, que se dedicaba por entonces a acuchillar a Montesquieu por las esquinas, que debería haber una tutela del poder judicial por parte del poder ejecutivo (que también controla al poder legislativo). Así, el principio democrático se impondría sobre el principio liberal. Los socialistas habían comprendido lo importante que es tener a los jueces en un puño, como si fueran las rosas de su escudo, cuando se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la expropiación de Rumasa (1983) en una apretada y discutida decisión que fue decantada por el voto de calidad del presidente del Tribunal, Manuel García Pelayo, tras reunirse con Felipe González y el ya referido Guerra, todavía este último con la sangre fresca de Montesquieu en el cuchillo.
Desde entonces, pocos jueces han tenido el coraje de Sir John Walter, el juez que en 1628 se negó a dimitir del cargo de barón principal de la Hacienda Pública porque, adujo, su mandato se basa en la buena conducta, no en la voluntad del Rey. Carlos I tuvo que ceder ante Walter, pero durante el resto de su reinado impuso a los jueces que estaban más dispuestos a darle placer, los jueces falderos, que a cumplir con su deber.
En enero de 2013, siguiendo el programa electoral de su partido, Ruiz-Gallardón anunció una reforma legislativa para volver al sistema de elección de jueces por los jueces. En diciembre de ese mismo año, efectivamente, Ruiz-Gallardón hizo una reforma, pero reforzando todavía más el poder del Parlamento en la elección de los jueces. Con el apoyo del PSOE. Con el desparpajo y cinismo que es marca de la psicopatía asociada al poder en cualquiera de sus formas, Ruiz-Gallardón defendió que de esta manera se despolitizaba la Justicia.
Sin embargo, en 2022, el comisario europeo de Justicia de la UE, Didier Reynders, dejó de mirar a Polonia y Hungría, los países señalados por la degeneración de sus sistemas democráticos, y vino a España, arrojada durante el gobierno de Sánchez fuera del selecto club de "democracias plenas" de The Economist. Con mayor diplomacia que la usada con los gobiernos conservadores polacos y húngaros, pero de manera clara y firme, Reynders ha indicado que deben ser los jueces los que elijan a los jueces en la parte que la propia Constitución sugiere, como es el estándar europeo.
Es decir, casi cuarenta años después del cambio introducido en el sistema de elección de los jueces, se confirma que hemos estado viviendo un ataque concertado y sistemático por parte de los dos grandes partidos contra la independencia judicial en España. ¿Quién se ha beneficiado de esta sistema ilegítimo y antiliberal? En primer lugar, ambos partidos, el PPSOE, que han sostenido sus respectivas cuotas de poder basándose en una corrupción amparada por jueces amigos. En segundo lugar, estos mismos jueces amigos, aquellos que han participado en un sistema amañado transformándose de jueces en consiglieri de sus capi partidistas. En tercer lugar, los votantes de dichos partidos, ya que han sido cómplices con su voto, o con sus peticiones de indulto, de la patraña institucional y los robos robinhoodianos. En cuarto lugar, los intelectuales que han justificado con sus "papers" académicos un sistema manifiestamente pervertido y sectario, poniendo su capacidad para la jerga (sería demasiado hablar de competencia intelectual) para enredar conceptos y torcer disputas, traicionado así su deber para con la verdad y su servidumbre al imperio de la ley
Para garantizar la independencia judicial y la competencia intelectual de los superjueces que deben integrar el órgano del CGPJ, al estilo de Sir John Walter y siguiendo la ejemplaridad marcada por Montesquieu, cabría combinar diversos procedimientos que hicieran más difícil que grupos de interés, clases sociales y sectas ideológicas manipulen las elecciones en su provecho. Debería haber un concurso público de méritos, y podría diluirse todavía más las posibles interferencias seleccionando entre los candidatos filtrados por méritos a unos cuantos mediante el procedimiento de sorteo puro. De ahí que fuese casi imposible prever quienes van a ser los nominados finales. Algo que haría fruncir el ceño tanto a Alfonso Guerra como a Ruiz-Gallardón, síntoma de que sería un diseño óptimo.