El texto de la ley Trans, tal y como pretende aprobarse por el actual gobierno, parte de un profundo desconocimiento de características fundamentales de la infancia y la adolescencia, como su vulnerabilidad y volubilidad, que son sustituidas por una supuesta solidez y madurez por motivos estrictamente ideológicos.
Así, se entiende que, aunque la ley proclama arropar en todo momento al menor, en verdad se le desprotege. El menor se encuentra desprotegido en el momento en el que como sociedad aceptamos sin cuestionar que ante su proclamación de género lo único que puede hacer el sistema sanitario, educativo, de protección social y, por supuesto, su familia es asumir tales deseos que en ese momento manifiesta el menor y aplicarlos al ámbito de su sexo físico, iniciándose en tratamientos irreversibles durante una etapa de la vida que se caracteriza por la urgencia, la variabilidad de las decisiones, por frecuentes cambios en la propia imagen, etc. Es una etapa en la que el joven se está construyendo. La idea de que farmacológicamente se puede inducir una pausa inocua y reversible en el desarrollo es infundada.
Los menores no tienen plena capacidad de entendimiento y consentimiento en relación con los efectos irreversibles y no deseados de estos tratamientos. Por un lado, sus decisiones se basan fundamentalmente en los efectos a corto plazo y, por otro, hay efectos adversos cuya gravedad no puede ser calibrada a tan temprana edad. ¿Cómo podemos pretender que una niña de 11 años entienda lo que supone para su vida futura que puede quedarse sin capacidad de tener orgasmos durante toda su vida? Aunque pueda sorprendernos, en ocasiones el testimonio de jóvenes detransicionadoras señalan que aceptaron una doble mastectomía teniendo la idea de que podrían volver a crecer sus pechos si interrumpían la hormonación, o de que la colocación de implantes les devolvería la funcionalidad y las sensaciones de unos pechos femeninos naturales.
Nos encontramos ante una distopía en la que a la prudencia se le llama transfobia y a lanzar rápidamente a niños y jóvenes a decisiones irreversibles se le llama acompañar y proteger. Esto ya está ocurriendo con las leyes autonómicas, pero éstas aun no tienen competencias para afectar al registro civil del sexo. El proyecto nacional viene a reforzar esta postura legislativa autonómica, adoptada en un momento en que no se conocían los problemas de la atención transafirmativa ni la altísima incidencia que podía llegar a alcanzar este fenómeno de contagio social.
Obviamente, cualquier ley que recaiga sobre la infancia tiene importantes repercusiones sobre las familias. Éstas, en la práctica, pierden su capacidad de tomar decisiones en relación con la protección y la atención sanitaria y educativa de sus hijas e hijos, ya que cualquier opción que no sea la impuesta por el legislador es interpretada como un maltrato que justificará la intervención del Estado.
Si las familias piden prudencia, tiempo para que sus hijos maduren y tomen decisiones reflexionadas, una valoración profesional exploratoria del malestar para conocer cuál es la mejor forma de ayudar a su hija o hijo a superar su sufrimiento, se les puede acusar de estar poniéndoles en riesgo. Esto incluso puede llevar a una pérdida de patria potestad con la modificación de la ley de protección del menor en su art. 17, ya realizada en la ley Rhodes y refrendada por el proyecto de ley Trans. Si su postura es de prudencia, son coaccionadas, bien con esta posibilidad de pérdida de la patria potestad, bien con el fantasma del riesgo de suicidio, ignorando que los estudios no permiten concluir que el riesgo de suicidio descienda por realizar la transición médica.
Finalmente, ante esta coacción o por desconocimiento, muchas familias firmarán consentimientos informados, que sólo buscan descargar de responsabilidad al sistema sanitario en el posible caso de que los menores sufran efectos dañinos en su salud o se arrepientan de la decisión adoptada. Resoluciones judiciales en otros países —por ejemplo, el famoso caso de Keira Bell en el Reino Unido— ya han fallado a favor del joven dañado, reconociendo la invalidez de los consentimientos informados dados en tales perversas circunstancias.
En el sistema educativo nos encontramos con problemas semejantes. Con frecuencia, los centros educativos descargan la impartición de sus contenidos afectivo-sexuales a asociaciones transactivistas que despliegan todo un programa de adoctrinamiento en una ideología extravagante y anticientífica, presentándola como el colmo de la modernidad, la sofisticación y el progresismo. Cualquier queja por parte de familias o profesores que demande contenidos basados en la coeducación, en la igualdad o en la ciencia, son tachados de tránsfobos.
Es difícil dar pautas sencillas acerca de cómo abordar estos problemas cuando se presentan en el hogar. En principio, cualquier actitud extrema, bien negadora de forma autoritaria, bien afirmadora más entusiasta que la del propio menor, parece tener más inconvenientes que ventajas. El amor incondicional que los hijos e hijas merecen no implica que debamos aceptar cualquier planteamiento que nos estén presentando, por muy seguros que se sientan en tal planteamiento o por muy confundidos que se sientan los padres. No debemos confundir el respeto con la aquiescencia. Conviene mantener una actitud prudente, comprensiva, no invalidadora de la experiencia que el menor nos está confiando, sino escéptica respecto de la explicación que nos ofrece de tal experiencia. Se puede disentir de alguna afirmación, nunca de la propia persona.
Podemos mostrar al menor con franqueza nuestra ignorancia y extrañeza ante lo que ocurre, y explicarle que la prudencia y la espera atenta durante una temporada es la mejor estrategia, sin que esto sea visto ni como odio ni como un ataque a la urgencia y seguridad que son tan propias de estas edades.
Conviene informarse con espíritu crítico, y buscar apoyo profesional prudente, que ofrezca terapia exploratoria del malestar, que pueda valorar si estamos ante un caso en el que la incongruencia de género es síntoma de otros malestares subyacentes, efecto de contagio social, etc, o si nos encontramos ante un caso que requiere un proceso de espera vigilante que posteriormente aconseje una transición social y médica como mejor opción ante el nivel de sufrimiento que tiene la persona.
Ante la existencia de dudas razonables, la mejor postura es la más prudente o conservadora desde el punto de vista clínico, evitando decisiones que pueden provocar daños irreversibles, dando tiempo al menor para madurar y entender en su plenitud la magnitud de la transición que desea encarar, tanto social como médica. Recordemos: lo primero, no dañar. Este principio de serenidad y abordaje prudente se opone frontalmente a las prisas, los intereses impropios y la utilización partidista desde la que se quiere realizar la aprobación de la ley Trans.
Desde AMANDA entendemos que la infancia tiene derecho a una atención familiar, psicológica, médica y educativa adecuada, que proteja su sano desarrollo en cualquier circunstancia, inclusive cuando presenta incongruencia de género. Esta adecuada atención incluye, tal como recoge el reciente comunicado de la AEPNYA el derecho a recibir una atención psicológica y médica integral, que debe incluir una valoración física y de salud mental del niño y su entorno ante malestares emocionales. Y sólo a partir de esta valoración completa se puede determinar qué es lo más adecuado para cada niña y cada niño.