¡Esto todo tan repetitivo, tan cansino y tan frustrante!
Cuando nos enfrentamos a los separatistas tenemos que partir de un hecho, convertido ya en evidencia a la vista de la modificación del Código Penal por el PSOE y Podemos para alquilar los votos de los diputados catalanistas en las Cortes: la solución del problema reside en Madrid.
Es ‘Madrid’, sinécdoque para la definir las élites oligárquicas políticas, empresariales y comunicativas asentadas en la corte, la que mantiene vivo el problema por su falta de resolución. El precedente lo encontramos en el lejano 1934. Entonces, la república catalana no duró ocho segundos, sino diez horas.
El golpismo de la izquierda
En noviembre de 1933, se celebraron las primeras elecciones a Cortes Generales de la Segunda República. La CEDA de José María Gil Robles y el Partido Radical de Alejandro Lerroux superaron los 100 escaños cada uno, mientras que el PSOE quedaba con menos de 60. En Cataluña, La Lliga de Cambó obtenía dos docenas de actas y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), cuyo caudillo era Lluís Companys, caía a docena y media. El partido de Manuel Azaña quedó con cinco diputados.
Desde el primer momento, toda la izquierda, desde el ‘moderado’ Azaña al socialista Largo Caballero, trató de impedir el acceso al poder del partido mayoritario. Alcalá Zamora se negó, pero vetó la formación de un Gobierno con ministros de la CEDA. El presidente del Gobierno fue Lerroux, respaldado por los diputados cedistas. Entonces, la izquierda pasó a preparar una sublevación armada.
Desde el 31 de diciembre de 1933, Lluís Companys era el presidente de la Generalidad. A lo largo de 1934, se coordinó con el resto de la izquierda.
Los separatistas disponían no sólo de un cuerpo paramilitar, los llamados ‘escamots’, dependiente del partido Estat Catalá, sino de los Mozos de Escuadra, ya que el Gobierno nacional había cedido a la Generalidad los servicios de orden público, incluso la Guardia Civil. Para procurarse armas, desarmaron a los miembros del Somatén que no eran adictos y a quienes las tenían por licencia legal.
Dos cañonazos bastaron
La excusa para el golpe de izquierdas la dio la reclamación de Gil Robles (1 de octubre de 1934) de que la CEDA tuviera ministros en el Gobierno. El 4 de octubre se anunció la incorporación de tres ministros al Gobierno y el 5 la izquierda proclamó la ‘huelga general revolucionaria’ en España. En Cataluña también se trató de imponer la huelga general con amenazas y sabotajes, tanto por parte de la izquierda como de la Generalidad.
Pasadas las ocho de la tarde del 6 de octubre, Companys pronunció una arenga desde el balcón de la Generalidad. Inmediatamente después, habló por teléfono con el general Domingo Batet, que mandaba la IV División Orgánica, con sede en Barcelona, y le ordenó que se pusiera a sus órdenes. Batet, catalán de Tarragona, se negó y después telefoneó a Lerroux, que le autorizó a proclamar el estado de guerra y le mandó reprimir a los sediciosos. El militar disponía de unos 3.000 soldados en una ciudad de más de un millón de habitantes.
A las diez de la noche, un destacamento militar, armado con cañones se presentó en la Plaza de San Jaime. Los mozos, cuyo jefe era el comandante Enrique Pérez Farrás dispararon a los soldados. Entonces, las tropas abrieron fuego contra el Palacio de la Generalidad y el Ayuntamiento. Con dos cañonazos desbarataron el golpe separatista. Algunos orgullosos catalanistas vomitaron del miedo.
Batet, en vez de atacarles, sitió a los rebeldes, y les dejó cocerse en su salsa. Al amanecer, Companys se rindió y se le encarceló en el vapor Uruguay. Los encargados del ejército catalanista, Josep Dencás y Miquel Badía, huyeron a Francia por las alcantarillas, después de haberse llenado los bolsillos con fajos de billetes.
La derrota del movimiento separatista costó 46 muertos.
Companys, encarcelado
Una vez encarcelado, Companys contó con gran apoyo fuera de Cataluña por parte de personalidades de la derecha ‘civilizada’, como el abogado Ángel Ossorio Gallardo, que, como gobernador civil de Barcelona años antes, había ordenado reprimir a palos a los catalanistas.
El corresponsal del diario El Debate en Barcelona, Enrique de Angulo, escribió (Diez horas de Estat Català) que entre los documentos descubiertos a los golpistas, había una ‘lista negra’:
Es de suponer que todo ello (planes, documentos, mapas) fue reducido a cenizas en la hoguera que se hizo para destruir papeles y documentos. Quedó, sin embargo, la lista negra (sic), firmada por Miguel Badía, y en la que constaban los nombres de quiénes debían ser fusilados al día siguiente de triunfar la revuelta, allí donde se les encontrase, sin formación de causa y ‘haciéndoles sufrir un poco’. Nombres de militantes de la Lliga, de radicales, de personalidades destacadas de Barcelona y de unos pocos periodistas, de elementos de la FAI… Figuraban, incluso, en la lista negra algunos afiliados a la Esquerra, poco afectos al Estat Català.
La izquierda amnistía a sus aliados
A diferencia de la durísima represión realizada por Azaña después de la ‘sanjurjada’ (agosto de 1932), la hecha por Lerroux destacó por su suavidad. Por ejemplo, Pérez Farrás fue condenado a muerte, junto con otros oficiales traidores a sueldo de la Generalidad, el teniente coronel Ricart y el capitán Escofet, pero acabaron indultados por insistencia de Alcalá-Zamora. Tampoco se desmanteló el tinglado autonómico ni se depuraron el Somatén y los Mozos.
Como cuenta De Angulo, "una semana después, había cambiado el panorama y volvía a renacer un fundado optimismo entre los vencidos", gracias al coro de disculpas y justificaciones entonado por la izquierda española y algunos ‘tontos útiles’ en las Cortes y los periódicos.
En cuanto Azaña regresó al Gobierno durante la toma del poder en las elecciones generales de 1936, Companys y su banda fueron amnistiados el 21 de febrero. Los golpistas derrotados, convertidos en vencedores por obra de un papel timbrado, salieron libres del penal de Puerto de Puerto de Santa María. El Frente Popular, además, restauró la Generalidad.
A partir del 18 de julio, Companys y la Esquerra aplicaron sus planes de eliminación de todo aquel que consideraban enemigo. Uno de los miles de asesinados fue el oficial Francisco Jiménez Arenas, que desempeñó durante unos meses la presidencia accidental de la Generalidad. Companys pagó con su vida el daño que había hecho cuando los vencedores de la guerra le fusilaron en 1940. Por cierto, todos los miembros del tribunal que le juzgó eran catalanes.
La conclusión que nos ofrece el golpismo catalanista de ayer y hoy es que sólo es posible con ‘compañeros de viaje’ en Madrid, que lo son por acción o por omisión.
Nos lo han avisado: "Ho tornarem a fer!". Se saben impunes.