La colonización del Estado: el caso sudafricano

A principios de los años noventa, el régimen del apartheid se hizo el harakiri, y las negociaciones para la creación de un nuevo sistema político dieron lugar a la democracia universal sudafricana. En sus primeras elecciones, celebradas en 1994, el Congreso Nacional Africano (CNA) de Nelson Mandela arrasó como se esperaba.

Desde el principio, el antiguo movimiento de liberación trató la Administración pública como si fuera propiedad del partido. La empresa estaba definida en los mismos documentos programáticos del CNA bajo el nombre de cadre deployment, o despliegue de cuadros. Esta política consistía (y consiste) en colocar en todos los puestos posibles de las instituciones públicas a apparatchiks del partido en vez de a funcionarios expertos neutrales.

Aunque los principales medios nacionales e internacionales decidieran ignorarlos hasta que les fue imposible seguir haciéndolo, los efectos devastadores del cadre deployment son evidentes para todo el que haya vivido o pasado unas semanas en Sudáfrica. La sustitución de técnicos blancos por activistas del partido ha diezmado la eléctrica pública nacional, Eskom, y los sudafricanos viven desde hace años con cortes de electricidad programados ante la incapacidad de la empresa de garantizar suficiente oferta.

Por falta de mantenimiento, muchos municipios gobernados por el CNA tienen problemas para mantener en funcionamiento los sistemas de canalización y el agua corriente. Sudáfrica dejó hace mucho de tener un servicio de correos digno de tal nombre. La caída dramática en la calidad de la administración afecta también a la Policía, la Sanidad, la Justicia, la Educación o el transporte público. Sudáfrica se ha quedado virtualmente sin trenes, y la seguridad privada es una necesidad básica para todo el que tenga algo que proteger.

La politización de las instituciones alcanzó su clímax bajo el mandato de Jacob Zuma (2009-2018), del CNA, como todos los presidentes que desde 1994 ha tenido Sudáfrica. Zuma llevó a cabo agresivas purgas contra funcionarios honrados que se oponían a su corrupción. Entre los principales damnificados se contaron la agencia tributaria y los servicios secretos, que se convirtieron en brazos ejecutores del poder para facilitar chanchullos, intimidar a periodistas y apartar del camino a elementos incómodos.

La ofensiva contra el Estado de Derecho de Zuma recibió el nombre de state capture, captura del Estado, una fórmula que podría aplicársele a toda la obra post-apartheid del CNA. Todos estos atropellos fueron y siguen siendo perpetrados en nombre de la transformación racial de Sudáfrica, que pasa por corregir las injusticias que la mayoría negra sufrió en el pasado invirtiendo a golpe de leyes la pirámide social. Quien se oponga a los planes del Gobierno se enfrenta a ser tachado de racista, y al consiguiente ostracismo.

La democracia sudafricana ha sobrevivido hasta ahora gracias a la independencia de sus tribunales superiores. Pese al acoso al que ha menudo han sido sometidos por el Gobierno, la Corte Constitucional y el Tribunal Supremo de Apelación han fallado repetidamente contra presidentes en ejercicio, algo que se convirtió en habitual en los años de Zuma. La integridad de estos jueces ha puesto coto a los peores del CNA y acabó precipitando en 2018 la caída del ultracorrupto Zuma. Gobernado por otro presidente del CNA, Cyril Ramaphosa, el país continúa su proceso de decadencia.

Por acumulación, el deterioro de la situación ha tomado un cariz dramático que mina gravemente la popularidad hasta ahora incontestable del CNA. La esperanza de cada vez más sudafricanos es que la marca electoral del partido que ha secuestrado al país se destruya más rápido que lo que queda del propio país.

La experiencia sudafricana es relevante para la hora actual de España. Como el CNA, el PSOE de Sánchez ha puesto en marcha un proceso sin precedentes de captura de las instituciones que ha pervertido la misión original de organismos tan diversos como Correos, el CIS o la televisión pública. Están en la lista el Instituto Nacional de Estadística e instituciones de fuerza como la Policía.

Esta colonización amenaza con producirse también a nivel del funcionariado medio y bajo, a través de la degradación de los criterios objetivos en las oposiciones y concursos públicos. En nombre, también, de la transformación de la sociedad, y con las acusaciones de fascismo, machismo, transfobia y homofobia, en este caso, como recurso mágico para la deslegitimación del adversario o el disidente.

Igual que las políticas económicas de discriminación positiva (que imponen socios y personal de raza negra a los inversores) llevan tres décadas haciendo más pobre a Sudáfrica, la hostilidad del sanchismo hacia las empresas y los ricos han hecho de España un país menos próspero y atractivo para los inversores, que no deja de caer en los ránkings económicos europeos.

El caso sudafricano nos revela, además, el papel capital que para la defensa de la democracia representa una Justicia independiente. De ahí el blitzkrieg de Sánchez contra el Constitucional. A diferencia de Sudáfrica, los españoles no vivimos amenazados por los cortes de luz y la falta de agua, lo que no quiere decir que no estemos en decadencia.

Una consolidación del frente de izquierdas sanchista supondría para España varias generaciones de alumnos peor preparados (bajar la exigencia parece una de sus prioridades en materia educativa), y de funcionarios menos capaces en tanto que seleccionados según parámetros cada vez más ideológicos. Las decisiones políticas tienen consecuencias concretas que empiezan a verse cuando se acumulan y ya es demasiado tarde para remediarlas.