Pedro Sánchez ha dicho que el proceso independentista catalán se ha acabado, que no habrá un referéndum, que la situación en Cataluña es de sosiego gracias a su "agenda del reencuentro" y que en absoluto se parece a los años previos y posteriores al golpe de Estado del otoño de 2017. Ese es el resumen del año que el presidente del Gobierno viene realizando desde que se aprobó la reforma del Código Penal que suprime la sedición y abarata la malversación.
Dados los antecedentes de Sánchez, que le acreditan como un auténtico vendedor de coches averiados, es obvio que el "procés" no se ha acabado, que habrá un referéndum y que se avecinan tiempos convulsos en la región. Es cierto que algunas cosas han cambiado en Cataluña. Se han limpiado las fachadas de banderas separatistas, el pueblo independentista se ha quitado el lazo amarillo de la solapa y en TV3 los editoriales independentistas se han reducido al "puta Espanya", tirarse pedos y llamar "ñordos" a los ciudadanos no separatistas.
Pero también es cierto que se ha recrudecido de manera más que notable la persecución de la lengua española. En diciembre de 2021, trascendió la historia del "niño de Canet". Su familia había ganado una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) relativa a la marginación del español en un colegio de Canet de Mar, provincia de Barcelona. Fue la sentencia del 25%, cuya aplicación consistía en que en la enseñanza obligatoria en Cataluña se debía impartir en español al menos ese porcentaje de las horas lectivas.
El niño fue señalado, la familia, amenazada. El separatismo organizó manifestaciones y la conclusión fue que la sentencia es papel mojado. Socialistas y separatistas, Gobierno y Generalidad, Sánchez y sus socios, son unos ases en materia de triturar sentencias. En el caso de la relativa al español, se sacaron de la manga un decreto del gobierno de la Generalidad y una ley autonómica para boicotear la aplicación del fallo, que ahora está en el limbo del Tribunal Constitucional, de abrumadora mayoría "progresista". En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo por los "hechos" de septiembre y octubre de 2017 (ya con Sánchez en el Gobierno se forzó cambiar el cargo de rebelión por el más beneficioso para los golpistas de sedición), la reforma del Código Penal es una amnistía para nada encubierta que deja sin efecto aquel fallo. No es improbable que se llegue a indemnizar a los indultados por su pasajera estancia en prisión.
El proceso catalán opera como un virus, es altamente contagioso y de efectos persistentes. Todas las noticias políticas catalanas de 2022 demuestran que tal virus sigue en circulación y gran parte de las relativas al Gobierno, también. El asalto sanchista al Poder Judicial, la obscena reforma del Código Penal, la "mesa de negociación" con la Generalidad y hasta la seguridad nacional.
Por una denuncia de un departamento de una universidad canadiense sobre la intervención de algunos teléfonos de dirigentes separatistas (llevadas a cabo con autorización judicial en el contexto del asalto al Aeropuerto de El Prat y el corte de las fronteras como reacción a la sentencia del Supremo) se fulminó a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y el ministro Bolaños desveló que Marruecos disponía de toda la información contenida en los móviles de Sánchez, el ministro de Interior y la ministra de Defensa. Bolaños trataba de sofocar un incendio en Cataluña y no se le ocurrió mejor manera que explicar que Sánchez también era una víctima del programa "Pegasus" y que quien le habría jaqueado el teléfono era el amigo marroquí. Una "jugada maestra", que es como se llamaba en tono irónico a algunas de las maniobras de Mas, Junqueras y Puigdemont en los tiempos locos del proceso.
El desprecio por los cauces legales y democráticos fue el santo y seña de aquella asonada. Igual que en la que encabeza Pedro Sánchez, continuadora de la separatista. El parlamento autonómico catalán llegó a aprobar unas "leyes de desconexión" que entre otros disparates atribuían al presidente de la Generalidad la designación del presidente y los magistrados del futuro Tribunal Supremo de la república catalana, cosa que no difiere en absoluto de lo que está haciendo Sánchez. He ahí sus magistrados para el Constitucional, el exministro de los indultos y una exasesora indepe de Moncloa.
El año 2022 en España ha sido una especie de reposición del 2017 catalán. Se han sentado las bases de la próxima arremetida separatista con la sutil diferencia de que lo que ocurrió en 2017 ya no será delito en 2023. No sólo se ha amnistiado a los golpistas juzgados y por juzgar. No sólo se han eliminado la sedición y prácticamente la malversación. Se ha convertido al Poder Judicial en un guiñapo.
Mientras tanto, se han dado pasos de gigante en ámbitos tan sensibles como la exclusión del español en la enseñanza y se ha introducido en el "debate" un nuevo referéndum de autodeterminación. El caldo de cultivo está listo. Es la cosecha del 17. Los separatistas tomaron las calles durante diez años, siguen al frente de las instituciones y administraciones regionales y municipales, pero ahora también mandan en el Congreso y en el Gobierno. Aunque las municipales y autonómicas de mayo sean un desastre para el PSOE, siempre contará con el apoyo de los separatistas vascos y catalanes en las próximas generales. Si logran sumar mayoría habrá un referéndum pactado. Si no, arderán las calles en Cataluña y en el resto de España azuzadas por las leyes de impunidad de Sánchez.
También han pasado otras cosas en España. Casi todas graves. La suelta de los violadores, la ley de castración de los adolescentes, la inflación, asesinatos de todo tipo e innumerables desgracias que Sánchez imputa al "cambio climático", la invasión de Ucrania, la pandemia o la prensa libre. Puede que 2023 no sea tan nefasto como 2022, pero no hay nada que augure lo contrario. Hasta es posible que Colau vuelva a ser elegida alcaldesa de Barcelona sin ganar las elecciones.