Esta misma semana hemos conocido que el Gobierno tiene encima de la mesa su enésimo machaque a las cotizaciones sociales. El propio Ministerio de Seguridad Social ha confirmado que planea un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos, aunque no ha dado más detalles sobre las rentas que se verán afectadas o las cuotas que pretende aplicar.
La razón de esta nueva estocada al empleo no es otra que la necesidad imperiosa del Ejecutivo de engordar las arcas del Estado. José Luis Escrivá necesita urgentemente incrementar los ingresos de la Seguridad Social por dos motivos: porque el desorbitado gasto en pensiones está poniendo en jaque al sistema público y porque en Bruselas ya se han percatado de este grave problema. No hay que olvidar que la sostenibilidad de las cuentas públicas es un requisito fundamental para que España siga recibiendo los suculentos fondos europeos que tanto ansía el Gobierno.
Expolio al trabajador
Esta próxima subida de los impuestos al trabajo ha salido a la luz después de que el 1 de enero de este año el Gobierno haya elevado un 0,6% las cotizaciones de todos los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social (ya sean autónomos o empleados). Con este reciente sablazo (que ha hecho que la cotización por contingencias comunes haya pasado de un 28,3% a un 28,9%), el Gobierno pretende recaudar casi 3.000 millones de euros al año a través de lo que han bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
El Gobierno ingresará lo que recaude a través de esta herramienta en la exigua hucha de las pensiones con la que pretende hacer frente al aumento del gasto en prestaciones que experimentará el sistema por la entrada masiva de los pensionistas nacidos en el baby boom (son los nacidos desde finales de los años cincuenta a principios de los setenta). ¿Será suficiente? Parece que no. El escarnio en 2023 no acaba aquí.
El Gobierno ha decidido este año endurecer todavía más las condiciones de contratación en España elevando las bases máximas de cotización un 8,6%. Este incremento implica que la base máxima de cotización del Régimen General pasa de los 4.139,4 euros al mes a los 4.495,4 euros, por lo que aquel que gane más de 4.495,4 euros al mes brutos cotiza ya este año por toda esa cantidad. Como es lógico, la decisión del Gobierno repercutirá más en las compañías que mejor pagan a sus empleados y en los trabajadores mejor formados. Remunerar con sueldos altos a los ciudadanos sufrirá un castigo.
Recortes por la puerta de atrás
Sin embargo, con la hipocresía y la demagogia que les caracteriza, en el Gobierno siguen defendiendo a ultranza que no existe ningún problema en las cuentas de la Seguridad Social. Pero la mejor prueba de que saben perfectamente que el sistema es imposible de sostener son todas estas subidas fiscales a empresas y trabajadores que se suman a los recortes por la puerta de atrás a los futuros pensionistas que está urdiendo Escrivá, como son la ampliación de la edad de jubilación o el aumento del periodo de cálculo de 25 a 30 años.
Según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, el Gobierno pretende cerrar 2023 con una recaudación récord por cotizaciones sociales de 184.522 millones de euros, lo que elevaría sus ingresos en 16.380 millones respecto al año anterior (un 9,7% más). Para justificar estos ingresos por cotizaciones sociales estratosféricos, el Gobierno se basa en la teoría de que en 2023 habrá más empleados cotizando y que cobrarán unos salarios más altos. A la misma argumentación se aferra Hacienda para justificar el récord de 262.781 millones de recaudación tributaria que pretende anotarse este año María Jesús Montero gracias al IRPF o al IVA. Sin embargo, la realidad es que llenar las arcas del Estado será más fácil debido a la desorbitada inflación actual y a este expolio a la economía productiva.
El ‘regalo’ a los pensionistas
Pero a pesar de la voracidad recaudatoria del Gobierno, si tenemos en cuenta que el gasto en pensiones contributivas presupuestado para 2023 será de 187.195 millones de euros y que la deuda de la Seguridad Social ya supera los 100.000 millones sanear las cuentas del sistema se torna tarea imposible.
Lejos de abordar cualquier tipo de reforma estructural, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez han optado por engañar vilmente a los próximos damnificados (los futuros pensionistas) mientras colman de prebendas electoralistas a un colectivo que aglutina nada menos que a 9 millones de votantes, como son los jubilados actuales. Y todo a costa de detraer recursos del sector productivo vía impuestos.
Ahora, con la inflación desbocada, el compromiso del Gobierno de revalorizar las pensiones respecto al IPC amenaza con agrandar todavía más el profundo agujero de las cuentas de la Seguridad Social. Actualizar las prestaciones de los jubilados un 8,5% este año tendrá un coste de 15.000 millones extra que contribuirán a agravar todavía más el desequilibrio del sistema. Mientras tanto, la brecha entre la España que recibe y a la que esquilman cada vez se hace más grande.