La realidad del sistema de pensiones español no es otra que el hecho de que el sistema está quebrado, aunque todavía no se perciban todos sus efectos, gracias al tiempo en el que se ha empleado el fondo de reserva que se creó durante los gobiernos del presidente Aznar, la deuda que emite el Tesoro para cubrir el déficit de la Seguridad Social y el bajo tipo de interés de ésta durante años, debido a la inundación de liquidez que ha aplicado desde 2012 el Banco Central Europeo (BCE) y que ahora se ha terminado, añadiendo un nuevo elemento de insostenibilidad al sistema.
Hace unos años, Manuel Llamas publicó en Libertad Digital un informe excepcional en el que se ponía de manifiesto que si se revalorizaban las pensiones una media del 1,8% anual, entonces la Seguridad Social entraría en déficit crónico –posiblemente, si no, también-, con un agujero en 2050 de casi 3 billones de euros, como ya tuve oportunidad de comentar en otro artículo publicado entonces en Libertad Digital.
Ésa es la senda por la que el Gobierno de Sánchez quiere que nos metamos y que, de hecho, nos está introduciendo con su enorme error de volver a ligar las pensiones a la inflación, y revalorizarlas al 8,5% este año. Si ese incremento se mantiene en el entorno de un objetivo de inflación del 2%, tal y como Llamas lo calculaba, basado en el objetivo de precios del Banco Central Europeo, el desequilibrio permanente estaba asegurado. Si la inflación persiste por encima de ese nivel hasta, al menos, 2025, el quebranto será todavía muy superior.
Pero es que aunque el Gobierno no hiciese nada pernicioso ahora y no ligase las pensiones a la inflación, el sistema está matemáticamente quebrado, porque no hay suficientes cotizantes que compensen los nuevos pensionistas que se van incorporando. Si a ello añadimos que las medidas de Sánchez sólo van a generar más desempleo en el medio y largo plazo, las cotizaciones a la Seguridad Social terminarán disminuyendo, con un nuevo roto y un desequilibrio todavía mayor en las ruinosas cuentas de la Seguridad Social.
Como la Seguridad Social es deficitaria, ha de recurrir al endeudamiento. Hasta hace siete meses, al vivir en una época de tipos nulos, el endeudamiento ha sufrido una anestesia que nos mantenía en un mundo irreal, pero en cuanto el BCE ha comenzado a subir tipos, supopone un nuevo desequilibrio, no sólo en la Seguridad Social, sino en el conjunto de deuda de las administraciones públicas.
De esta forma, por cada punto porcentual que se incrementen los tipos de interés de la cartera media de deuda, supondrá un coste anual sobre el stock de deuda pública de 10.000 millones de euros. En el caso especial de la Seguridad Social, por cada 1% de déficit que tenga, cada punto de subida de tipo de interés incrementará su déficit en 100 millones de euros anuales sólo por el nuevo endeudamiento, que si lo calculamos sobre los casi 100.000 millones de deuda acumulada en la Seguridad Social (99.192 millones en el IIITR-2022, según las estadísticas del Banco de España), el sobrecoste por cada punto porcentual de incremento de los tipos de interés se elevará a casi 1.000 millones de euros anuales.
Todo ello, nos lleva a un escenario muy complicado para el conjunto de la economía española, donde hace falta que se acometan reformas estructurales, pero especialmente delicado para el sistema de pensiones, en el que no se dice la verdad.
Todas las propuestas que se oyen sobre la reforma del sistema de pensiones se emiten buscando el rédito político cortoplacista en lugar de anteponer a dichos intereses el sentido de Estado que debería imperar en todos ellos.
Todas las propuestas compiten, por tanto, en demagogia y populismo, cuando el tema es bien serio, pues actuarialmente –las matemáticas no engañan- el sistema, si no se reforma, estará quebrado en un plazo no muy largo de tiempo.
Es cierto que el Gobierno del PP, en el debate que hubo en el Congreso sobre las pensiones hace unos años, fue quien más mantuvo los pies en el suelo, al repetir, una y otra vez, que si la economía no mejora más no se puede subir más el montante de las pensiones al no haber todavía suficientes cotizantes, pero con ello, que era sensato, falta abordar el verdadero problema de las pensiones en España, que es el sistema de reparto y su sostenibilidad estructural, donde difícilmente, por muy bien que vaya la economía, habrá suficientes trabajadores para sostener a cada pensionista. El resto de grupos, estuvieron todos en línea con lo políticamente correcto y con las promesas fáciles de hacer y fáciles de romper: desde afirmaciones que claman por pensiones dignas, pero que no abordan el problema de cómo sufragarlas, hasta las propuestas de volver a revalorizar las pensiones con la inflación, que primero llegó como condición del PNV al PP para agotar la legislatura (los nacionalistas vascos no dijeron con quién en el Gobierno, según parece) y que recuperaron de forma estructural el Gobierno de Sánchez.
Mientras tanto, la comisión del Pacto de Toledo continúa con sus trabajos, pero se suceden las mismas afirmaciones y propuestas habituales: una propuesta de mejores pensiones, más altas y que satisfagan a todos, lo cual puede estar muy bien como objetivo de un mundo idílico, pero antes debería abordarse cómo sostenerlas y cómo garantizarlas.
El sistema público de pensiones en España es un sistema de reparto, que se ideó en España después de la Guerra Civil, siguiendo los pasos del SOE y del SOVI (primer sistema tras la contienda), pero convirtiendo el sistema en el mencionado sistema de reparto. Es decir, cada cotizante a la Seguridad Social aporta a la misma no para su pensión del día de mañana, sino para pagar la pensión de los actuales jubilados. Es cierto que devenga unos derechos, pero no lo es que dicha aportación vaya a nutrir una cuenta futura para el pago de su pensión.
Cuando dicho sistema comienza a idearse en los años cincuenta, y cuando se pone en marcha en los años sesenta, la población española era una población joven, con un gran número de nacimientos y una esperanza de vida no muy elevada. Entonces, entre los 15 y los 29 años es donde más amplia era la pirámide poblacional española, siendo también muy robusta en los tramos inferiores y en los superiores hasta los 49 años, con un escaso porcentaje de personas que sobrepasasen los setenta años. Así, la esperanza de vida era de 62,10 años en 1950 y de 69,85 años en 1960, creciendo poco a poco en las décadas siguientes (por ejemplo, en 1991 era de 73,5 años en el caso de los hombres y de 80,7 años en el caso de las mujeres). Por otra parte, la tasa bruta de natalidad creció, de media estable, un 21% entre 1957 y 1966. Dichos crecimientos importantes de la natalidad se mantuvieron, aunque algo desacelerados, hasta 1976, donde la tasa de fertilidad cae de manera drástica.
Pues bien, el sistema público de pensiones en España se idea bajo esas premisas: una población joven y, por tanto, un gran número de activos en el mercado laboral –que tenían cabida en el mismo gracias al desarrollismo español de los años sesenta, además de a la emigración-, un gran número de nacimientos que garantizaban la sostenibilidad del sistema durante décadas, y un número reducido de personas mayores, que disminuía mucho el número de pensionistas, al tiempo que la esperanza de vida no sobrepasaba, o lo hacía por poco, los setenta años en el caso masculino, con lo que el pago de pensiones estaba, en media, en cinco años.
Sin embargo, la natalidad cayó a plomo, como decía, impidiendo el relevo generacional en el mercado laboral con la misma intensidad que cuando se ideó el sistema, de manera que el número de activos para cada pensionista disminuye por este motivo.
De la misma manera, la esperanza de vida, gracias a Dios, se ha incrementado mucho, hasta los 80,27 años en el caso de los hombres y los 85,83 años en el caso de las mujeres, con lo que el número de años en los que un pensionista cobra su pensión es mucho mayor. También, desde hace un par de décadas, asistimos a muchas jubilaciones anticipadas, que incorporan a nuevos pensionistas entre tres y cinco años antes de la anterior edad legal de jubilación (sesenta y cinco años para estas personas; sesenta y siete años para las generaciones siguientes).
Todo ello, unido, hace que el número de activos por pensionista se reduzca mucho. Además, la tasa de sustitución o reemplazo de las pensiones es ahora mucho más alta, es decir, la pensión es mucho más parecida al salario que lo era en aquellos años iniciales del sistema. Aquí, Sánchez, en sus postulados irreales y demagógicos, da una nueva vuelta de tuerca, al querer que la pensión mínima llegue a alcanzar la mitad, al menos, del salario medio. Esto acelerará, sin duda, la quiebra del sistema.
Con todo el conjunto, el sistema se torna en insostenible, las matemáticas no fallan. Y más insostenible será en los años venideros, cuando toda la generación del baby boom se jubile, cuyas primeras cohortes han comenzado ya a hacerlo. Recordemos que fue más de una década de un crecimiento sostenido y estable de nacimientos al 21% sobre cada año; por tanto, todas esas personas van a ir jubilándose en la próxima década de manera paulatina pero inexorable, que hará aumentar mucho el número de pensionistas.
Por eso, el sistema está matemáticamente quebrado. Puede haber manifestaciones, quejas, protestas y debates, pero las cuentas no fallan e indican la quiebra del mismo. No sirven ya más brindis al sol, más promesas vacías, más juego político. Este tema es serio y debe abordarse, por tanto, con seriedad y respeto, alargar más la edad de jubilación y de los años del cálculo de pensión, no subir las cuotas, que sólo destruyen empleo, e iniciar ya los estudios que conduzcan a su sustitución por un sistema de capitalización, donde cada cual aporte obligatoriamente a su pensión, donde las pensiones no contributivas vayan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y donde un conjunto de personas, los actuales jubilados y las personas que tengan una edad que les hace imposible capitalizar ya la pensión, vean respetados sus derechos ganados con el pago de sus pensiones también vía Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que ello aumentará el gasto público, pero se acotará a esa generación que ya no puede cambiar, por edad, a planes de capitalización, con lo que el problema se minimizará y se solucionará el grueso del mismo.
Esto no es privatizar nada, sino hacer que la pensión pública no dependa de un sistema piramidal: será igual de público el sistema, pero con una garantía. Y si se vuelve muy complejo el cambio hacia un sistema completo de capitalización, al menos debe introducirse el sistema de cuentas nocionales que han implantado los países nórdicos. Al mismo tiempo, deben eliminarse trabas e impuestos para atraer la generación de actividad y, con ello, de empleo, así como eliminar todo el gasto improductivo, como base para el sostenimiento de las cuentas públicas. De esta forma, salvaremos el sistema; de lo contrario, la quiebra está garantizada y entonces los recortes serán muy profundos.