El modelo lingüístico que hasta ahora viene rigiendo en el País Vasco, si bien de iure reconoce la libre elección entre tres vías, de facto ha venido siendo gradual e intencionadamente desvirtuado, vía reglamentos –razón tenía el conde de Romanones— y otras actuaciones moralmente poco escrupulosas por parte de los poderes públicos, para ir arrinconado el uso del español como lengua vehicular. Finalmente, parece que el gobierno vasco ha decidido impulsar una ley que reconozca de iure lo que realmente han venido tratando de lograr por la vía de los hechos, y eliminar los resquicios que la vigente ley dejaba a los ciudadanos que preferían una enseñanza en español. Es decir, que ha decidido quitarse la careta.
El modelo lingüístico que instauraría la nueva ley viene a ser similar al modelo que ya se aplica en Cataluña desde hace décadas: exclusión o uso muy residual del español como lengua vehicular y como lengua administrativa en la enseñanza. Añadan a eso el nada subliminal mensaje de que es moralmente mejor usar el vascuence que el español en todos los ámbitos de la vida. La argumentación en defensa de este modelo no deja de ser el mismo conjunto de falacias de todo tipo, siendo algunas de ellas verdaderos insultos a la inteligencia, emergiendo al final del subconsciente el principio rector del modelo: son las lenguas los sujetos de derechos y los poderes públicos están legitimados para poner a las personas al servicio de su conservación o fomento. Lo peor es que semejante pretensión viene avalada por el Tribunal Constitucional (TC) desde su nefasta sentencia 337/1994.
Desde el punto de vista pedagógico el modelo es una aberración, ya que la argumentación para defenderlo va contra axiomas en esta materia: es axiomático que como mejor y más rápido aprende cualquier materia un alumno es recibiendo su enseñanza en su lengua materna, como lo es que cuanto mayor número de materias reciba un alumno en una determinada lengua, mayor competencia tendrá en esta. Conclusión: para un determinado esfuerzo, si a un alumno cuya lengua materna es el español se le impide recibir la enseñanza en esta lengua, se le va a provocar un doble coste de oportunidad; a saber, menor nivel de conocimiento en las materias estudiadas y menor competencia en español, especialmente en el registro culto. Cualquier informe que niegue esto es una manipulación, y solo desde la desvergüenza o la total ignorancia se puede afirmar que el registro culto de una lengua se aprende "en la calle" o por la "televisión".
Si ya en el caso de Cataluña y otras CCAA se produce un perjuicio para los alumnos hispanohablantes al impedírsele recibir la enseñanza en español, en el caso del País Vasco el problema se agrava, debido a que el vascuence no es una lengua romance, sino muy diferente al español, y son ridículas esas afirmaciones voluntaristas de que, al final de su etapa escolar, los alumnos van a tener una buena competencia en ambas lenguas oficiales. Es decir, el modelo que se pretende aplicar en el País Vasco es todavía más aberrante que el de Cataluña para los alumnos hispanohablantes, sobre todo si sus familias apenas pueden comprender el vascuence.
Entrando en la cuestión ideológica y moral, el modelo es, asimismo, aberrante. Se trata de trasmitir a los alumnos el mensaje de que es moralmente mejor utilizar en todos los ámbitos el vascuence que el español, lengua ésta a la cual no hay más la mínima mención expresa en el texto –algo altamente significativo desde el punto de vista del "subconsciente"— de manera que los alumnos asuman con "naturalidad" que el vascuence es "la lengua propia" y que es su deber "conservarla". Naturalmente, y amparados por la nefasta doctrina del TC a raíz de su STC 337/1994, se salta a la torera el principio de que cuando en un territorio hay dos lenguas oficiales, corresponde al ciudadano elegir en qué lengua se le presta un servicio público, y que las lenguas están al servicio de los intereses de los ciudadanos y no al revés. El TC equipara en su argumentación la potestad de los poderes públicos para determinar el currículum y los contenidos con la potestad para determinar en qué lengua oficial se imparten, que son ámbitos diferentes, sin más que unas más bien ridículas cautelas de no exclusión del español como lengua docente. No hay más que ver lo que se aplica en otros países cuando hay dos lenguas oficiales en un territorio, y que en ningún país civilizado se aplica lo que se aplica en ninguna de las comunidades españolas con dos lenguas oficiales; este es un hecho incontestable.
Por otra parte, los redactores del proyecto han sido lo bastante sibilinos como para no excluir expresamente el uso del español como lengua docente, ya que, de hacerlo, provocarían una declaración de inconstitucionalidad de la ley, así que hablan del vascuence como el "eje vertebrador" o el "eje central" del "sistema", parafraseando la expresión del TC de que la lengua regional puede ser el "centro de gravedad" del modelo, lo cual de facto supondrá un uso residual del español como lengua vehicular, si no su total exclusión en muchos centros, y se obligará a los ciudadanos a mendigar en los tribunales al menos ese uso mínimo.
En teoría, la nueva ley impediría la existencia de escuelas en las que el vascuence fuese la única lengua vehicular (el actual modelo D), ya que, en su sentencia 137/1986 (FJ 1), el TC determinó que eso solo podría ocurrir siempre y cuando quedase garantizado, en igualdad de condiciones el derecho a elegir con libertad real una u otra lengua como vehicular. Es decir, que el nuevo modelo sería el denominado de "conjunción lingüística", que debería ser para todos los alumnos e impediría cumplir los compromisos adquiridos por España al ratificar la Carta Europea de las Lenguas. Pero eso les dará igual a los poderes públicos, y la única manera de impedir este nuevo atropello a la libertad será una rebelión cívica por parte de los afectados por este atropello, algo que no es tan sencillo en una sociedad sometida a una limpieza ideológica y al miedo durante años mediante actos terroristas y la instauración de una implacable "espiral del silencio". Y si no, pues ya saben, "otro ladrillo en el muro".
José Manuel Pousada Doural.
Secretario de la Asociación Hablamos Español.