ETA, nacida en 1959, fue una organización con escasa militancia y con una exigua proyección política durante los diez años que siguieron a su fundación, incluso después de que, en junio de 1968, Txabi Etxebarrieta —algunos dicen que colocado con anfetaminas— decidiera matar al guardia civil José Antonio Pardines en un control de carreteras, inaugurando una senda de muerte que no se cerró hasta 2010. Etxebarrieta murió poco después, perseguido por la benemérita, en un enfrentamiento a tiros con ésta. La organización terrorista había decidido emprender los asesinatos unos meses antes y había designado como sus dos primeros objetivos a los jefes de la Brigada Político-Social de Vizcaya y Guipúzcoa. Fue este último, Melitón Manzanas, el que cargó con la venganza etarra por la muerte de su primer mártir. Una venganza de la que se derivaría la detención de dieciséis militantes de ETA que inmediatamente fueron encausados en el procedimiento que daría lugar, en diciembre de 1970, al Proceso de Burgos, un juicio sumarísimo ante un tribunal militar en el que se dictaron nueve penas de muerte y amplias condenas carcelarias. El proceso dio lugar a una campaña internacional de apoyo que, por una parte, forzó la clemencia de Franco, de manera que ninguno de los condenados fue ejecutado; y por otra, otorgó a ETA un prestigio extraordinario que esta supo aprovechar para salir del bache en el que se encontraba. De este modo, rápidamente ETA multiplicó su militancia. Como escribió Teo Uriarte —condenado a dos penas de muerte en Burgos— "la espiral de ETA y su prestigio, incluso su necesidad, habían triunfado en el País Vasco. ETA empezó una nueva etapa, al socaire del gravísimo error que supuso para el régimen (franquista) el proceso de Burgos".
Es en esa nueva etapa cuando, en 1974, en el marco general de las disidencias que caracterizaron a la izquierda radical europea, ETA experimentó su principal división, la que dio lugar a sus dos ramas más destacadas: ETApolítico-militar (pm) y ETAmilitar (m). Les enfrentaba su idea sobre el papel que había que otorgar al terrorismo ante el inminente final del franquismo que habría de derivar en un sistema político democrático. Los primeros querían prepararse para este cambio, en tanto que los segundos negaban que, en la perspectiva de Euskadi, ello tuviera relevancia, pues su proyecto era la independencia. Es en este contexto en el que, ya iniciada la Transición, aparecerían los primeros partidos vinculados a alguna de las dos ramas de ETA, para cuya coordinación se creó en 1975 la Coordinadora Patriótica Socialista (KAS). Tres años más tarde ETAm promovió Herri Batasuna (HB) con el fin de dar expresión política a su movimiento, de manera que éste —en el que se estaba aglutinando un amplio conjunto de organizaciones asociativas y de grupos informales— acabaría gravitando, ya en 1979, cuando ETApm decidió su disolución, en torno a KAS y HB. Se había constituido un Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) en el que, en palabras de uno de sus principales referentes doctrinales, el Colectivo J. Agirre, se congregaba a "grupos, movimientos populares, sujetos individuales y nacionales cuya pertenencia al múltiple se deriva de la fidelidad al acontecimiento fundador". Ni que decir tiene que ese acontecimiento no era otro que el de la creación de ETA el día de San Ignacio de Loyola de 1959.
Tenemos así definido, al acabar los años setenta, el conglomerado terrorista, con ETA a la cabeza, ya unificada en una sola sigla, y con un amplio conjunto de entidades —entre las que destacan, por citar sólo algunas, la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización (AEK), los periódicos Egin y Egunkaria, la editorial Txalaparta, Gestoras pro Amnistía, Ekin, las herriko tabernas y más adelante el elenco de sociedades mercantiles de las que se valió ETA para la colocación de sus militantes huidos o excarcelados—. Entidades que serían controladas y supervisadas por KAS y HB.
Conviene aclarar que lo que aglutinaba todo esto no era una relación formal, sino una adhesión ideológica, lo que le sirvió al MLNV para negar que sus adheridos pertenecieran a ETA. Sin embargo, los estudios que se realizaron sobre este asunto mostraron la existencia de numerosas vinculaciones personales y financieras entre ambos. Muchos miembros de ETA aparecían así en elenco de candidatos electorales y de cargos políticos de HB, lo mismo que unas cuantas de las entidades aglutinadas en el MLNV —entre ellas la propia HB y, después de su ilegalización en 2002, los partidos que tomaron su relevo (Acción Nacionalista Vasca, ANV, y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, PCTV)— coadyuvaron a la financiación de la organización terrorista.
HB y los mencionados partidos sucesores participaron en todos los procesos electorales a los que pudieron presentarse entre 1979 y 2009, aunque su principal foco estuvo siempre en el terreno municipal. Su capacidad de representación fue asentándose en el curso de los años ochenta y alcanzó su madurez ya en la década de 1990. En 1991 obtuvo 558 concejales —el 22 por ciento del total— y se hizo con 31 alcaldías, casi todas en pueblos de menos de 10.000 habitantes; y al final de la década —con un resultado de 679 concejales (27%)— ya gobernaba 44 municipios, siete de ellos grandes. Su ilegalización le impidió presentarse a los comicios de 2003 —aunque lo intentó de manera fraudulenta—, pero por medio de ANV, en 2007 se asentó en el gobierno de 35 ayuntamientos. Fue una victoria pírrica, pues dos años más tarde ANV —y el PCTV, que se aposentaba en el Parlamento Vasco— fueron ilegalizados, con lo que perdieron toda su representación. Entretanto, en la Cámara de Vitoria, desde 1980 hasta 2005, hubo siempre diputados del partido de ETA, con un máximo de 14 tras las elecciones de 1998 y un mínimo tras las de 2001.
El éxito electoral de HB fue una bendición para las finanzas de ETA. Hasta 1992 —como he analizado detalladamente en mi libro La economía del terrorismo. ETA y el MLNV, que acaba de publicar la editorial Almuzara— la banda terrorista tuvo que hacerse cargo de casi la totalidad de las necesidades financieras del movimiento; pero en ese año entraron en juego varias entidades del MLNV, controladas desde HB, para obtener las generosas subvenciones que, principalmente desde el Gobierno Vasco y secundariamente desde las otras administraciones públicas, se otorgaban para la financiación de partidos políticos, la difusión de la cultura y el idioma vascos, y otros fines. De esta manera, a partir del citado año y hasta 2002, el MLNV se hizo cargo de los gastos que conllevaban las actividades de propaganda de ETA, la asistencia social a los presos de la organización, el sostenimiento de las publicaciones controladas desde el movimiento, la difusión del euskera y el mantenimiento de la infraestructura, constituida sobre todo por las herriko tabernas. Además, en la documentación incautada a ETA o a algunas de esas entidades constan pagos directos a la banda o a sus dirigentes, con lo que también se financiaron las acciones armadas.
Todo esto se vino abajo con la ilegalización de HB en 2002. En junio de ese año, el Congreso aprobó una nueva Ley de Partidos Políticos, promovida por el gobierno de Aznar, y mes y medio más tarde la Fiscalía del Estado presentó la demanda para ilegalizar a HB y Batasuna —designación ésta que había adoptado un año antes—. A finales de agosto el gobierno aprobó sumarse a la iniciativa del Fiscal General, de modo que ambos presentaron sendas demandas ante el Tribunal Supremo. El 17 de marzo de 2003, la más alta instancia jurisdiccional española dictó sentencia ilegalizando al partido político de ETA. Los recursos que se presentaron, primero ante el Tribunal Constitucional y después ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo avalaron la decisión del Supremo. El alto tribunal europeo consideró en su sentencia que la ilegalización de Batasuna y Herri Batasuna respondió a una "necesidad social imperiosa", reconoció que esos partidos eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA y que su ilegalización fue "proporcional al fin legítimo perseguido", en especial para garantizar "el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades".
Con la ilegalización la economía terrorista se vino abajo. Los bienes de HB fueron liquidados, aunque, debido a la parsimonia del Tribunal Supremo y a una fiscalía que, tras las elecciones de 2004, había cambiado de orientación, el partido de ETA logró retener una gran parte de su red de herriko tabernas, con lo que no perdió toda su infraestructura. Ésta continuó así coadyuvando al apoyo de las actividades armadas y, de un modo más débil que antes, a su financiación. Por ello, ETA tuvo que intensificar sus actividades económicas redoblando las campañas de extorsión a los empresarios. En el curso de la década de 2000, los ingresos de la organización terrorista sumaron unos 33 millones de euros (véase el libro que antes he mencionado). Sin embargo, dada la reducción de su militancia activa como consecuencia de la represión policial y de su capacidad para cometer atentados —el número de acciones se redujo a 311 en todo el decenio—, sus gastos no debieron superar la mitad de esa cifra. Ello significa que, seguramente, al darse por finalizada la campaña violenta en 2010 —aunque el abandono formal del terrorismo se demoró unos años más— los dirigentes de ETA debieron disponer de un remanente de unos 16 millones de euros. Se desconoce completamente dónde pudo ir a parar ese dinero, de modo que en este asunto están abiertas todas las hipótesis, incluida la de que al menos una parte pudiera haber financiado el renacimiento del partido etarra.
Con la ilegalización, HB quedó fuera del juego político hasta que, en el marco del proceso negociador que el gobierno de Zapatero mantuvo con ETA, el Partido Socialista de Euskadi tomó la iniciativa para tratar de restablecer el estatus anterior. Un acontecimiento crucial en esto fue la entrevista que el 6 de julio de 2006 mantuvieron Patxi López y Rodolfo Ares con los batasunos Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarria y Olatz Dañobeitia en un hotel de San Sebastián. Nunca se hizo público el contenido de la conversación, pero ésta inauguró una procelosa trayectoria que finalmente culminó en la constitución de Sortu en febrero de 2011.
Sortu recogió los fines y el capital político de la izquierda abertzale que anteriormente se había organizado en torno a HB y sus partidos sucesores. Su principal objetivo es el logro de "una Euskal Herria libre, feminista y euskaldún", así como la ruptura con el sistema capitalista y "la constitución de un Estado vasco en el marco europeo". El engarce con el proyecto político de ETA fue evidente y ello dio lugar a que, en marzo de 2011, el Tribunal Supremo estimara sendas demandas de la Abogacía y de la Fiscalía del Estado para denegar su inscripción en el Registro de Partidos Políticos por considerarlo sucesor de Batasuna y vinculado con ETA. La resolución del Supremo fue recurrida ante el Constitucional y este, más de un año más tarde, excediéndose de sus competencias —pues entró a valorar las pruebas que se habían presentado en el proceso—, procedió a revocar la decisión del alto tribunal y ordenar su legalización. Si hubo o no un acuerdo con el presidente Zapatero vinculado al abandono del terrorismo por parte de ETA, previo a esta decisión —que se tomó cuando el PSOE había sido relevado por el PP en el gobierno—, se desconoce. Pero no se trata de una hipótesis que pueda ser rechazada, pues sobre la negociación que Zapatero mantuvo con ETA hay todavía mucha oscuridad, a la vez que confusión propiciada por quienes publicaron obras teñidas de propaganda con las que se difundió la idea de que fue el PSOE quien protagonizó políticamente el final del terrorismo.
Sortu —que en sus comparecencias electorales ha actuado a través de la coalición EH Bildu— tuvo desde el primer momento entre sus cuadros y dirigentes a personas que habían tenido alguna vinculación con HB y con ETA, lo que, más allá de las coincidencias ideológicas, revela su conexión con el proyecto terrorista. Con Sortu se produjo la superación de la ilegalización y se dio continuidad, tras una década de paralización, a la política que encarnó Herri Batasuna desde su fundación. Quizás el caso más llamativo de lo que acabo de señalar sea el de Hasier Arraiz Barbadillo. Este personaje presidió Sortu entre 2013 y 2016. En esta última fecha renunció a su cargo y a su escaño en el Parlamento Vasco al ser condenado a dos años de prisión por pertenencia a ETA. Lo interesante de su circunstancia es que, para eludir la cárcel, firmó ante el tribunal que le juzgó una sentencia de conformidad en la que reconocía su relación con la organización terrorista. Era miembro de ETA y así lo hizo constar ante las autoridades judiciales.
A nadie extrañará que, con estos antecedentes, en sus comparecencias electorales haya habido etarras excarcelados en las listas de Bildu. Ello se ha manifestado ahora con las candidaturas que acaba de presentar Bildu para las elecciones municipales y de Juntas Generales, en las que se han incluido a 44 personas que, en su día, fueron condenadas por delitos terroristas, incluyendo atentados con resultados mortales. Sortu y, a través de Sortu, Bildu, son organizaciones políticas que enlazan el curso actual de la izquierda abertzale con ETA. Puede ser que el terrorismo, en tanto que ejercicio de la política a través de la violencia, haya tenido un final, pero su herencia permanece incólume en los proyectos electorales y en la participación institucional que, a través de Sortu y Bildu, se reencarnan en sus albaceas testamentarios.