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Idiomas y Educación

En la Comunidad Valenciana los ciudadanos volverán a tener derechos

Si hay algo que ha sido reaccionario en política y economía, atizador universal de las peores pasiones, ha sido el nacionalismo.

Si hay algo que ha sido reaccionario en política y economía, atizador universal de las peores pasiones, ha sido el nacionalismo.
El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acompañado del director de su campaña electoral, Miguel Barrachina, con el candidato de Vox, Carlos Flores, y el extorero Vicente Barrera, número 7 de la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Valencia. | EFE

Tenemos una oportunidad para ser iguales. Estos días, en que hemos conocido el pacto PP y Vox para gobernar la Comunidad Valenciana, hemos visto levantarse una violenta jauría vociferante de insultos hablando de pactos de la vergüenza, de involuciones, de retrocesos… Hay que calmarse, reflexionar. Esto es la democracia. No es el peor de los sistemas y las personas han votado unos determinados proyectos.

Idiomas y Educación, la entidad que más ha trabajado por la libertad y los derechos de los ciudadanos en cosa de lenguas y educación, lleva analizando desde hace años el avance del nacionalismo en la Comunidad Valenciana. Esta entidad ha comprobado que todas las decisiones políticas tienen como principal objetivo el separatismo, como bien argumenta Mikel Arteta en su libro Construcción Nacional en Valencia, 2017. La asociación, desde su constitución en octubre de 2016, se ha centrado en el tema que nos preocupa: la lengua.

Hace tiempo que la izquierda dejó de hablar del interés general, de redistribución y de lo común. Poco hay en España más común y más generador de oportunidades sociales y laborales que el español. Ha llegado el momento en que la gente empiece a hablar sin los complejos de las posturas que se saben socialmente minoritarias y sobre las que cuelga el sambenito de ser reaccionarias, conservadoras o fachas. Si hay algo que ha sido reaccionario en política y economía, atizador universal de las peores pasiones presentes en todas las culturas durante más de dos siglos, ha sido el nacionalismo. Compromís, además, ha intentado ganar la batalla de la unidad de la lengua (con la catalana)

El problema de otorgar derechos a las lenguas es que, si éstas se han de preservar, no valdrá con guardar libros en los museos. Lo que querrán los biólogos sociales es imponer injustas obligaciones a los hablantes para forzarnos, contra nuestra voluntad, a hablar una lengua que no es la nuestra con el fin de que no se pierda, no por nuestro interés ni por el interés colectivo. Esa construcción social, además, tendrá como primer instrumento a nuestros hijos, a través de la imposición de una lengua que nunca fue su propia lengua y que por tanto nadie les arrebató. Esta es la perversión que se nos oculta cuando en lugar de hablar de ciudadanos, personas o individuos hablamos de la historia de un pueblo al que se le habría robado una lengua. Esto es metafísica, religión, mentiras y falacias lógicas, tal como lo expresa Mikel Arteta.

Los derechos de las personas se ven aplastados por los inexistentes derechos de las lenguas, aunque todos sabemos que lo que se está haciendo es promover la construcción nacional, contra la libertad de los sujetos, de los valencianos.

En la Comunidad Valenciana se habla mayoritariamente castellano, siendo habitual que quien habla valenciano habla también castellano, pero no a la inversa. Recordamos que son las clases más humildes y con menos estudios las que tienen menor nivel de valenciano y a quienes más perjudican estas políticas lingüísticas.

A los que están tan indignados con lo que los valencianos han elegido habrá que recordarles que ellos no son izquierda. Que el nacionalismo, cuando no se enfrenta a la explotación o a la vulneración sistemática de derechos fundamentales, es un proyecto insolidario arraigado en las posturas reaccionarias. Habrá que recordarles que cuando abandonan el paradigma de la redistribución por el paradigma del reconocimiento identitario dejaron de representar la universalidad y la emancipación de las personas o de los trabajadores. Es egoísta la defensa del cortijo y lo hacen pasar por progresista gracias a ese arraigado complejo español.

En las dos legislaturas anteriores, la del PSPV, Compromís y Podemos, con especial protagonismo de Compromís, por ser quién ha gestionado la Consellería de Educación, hemos sido testigos de grandes retrocesos en derechos y una gran discriminación a los ciudadanos, que se pueden encontrar en:

  • Los nocivos efectos de la Ley 4/2018, que tiene como objeto reducir a mínimos el uso de la lengua española como vehicular, comprobando cómo algunos niños pierden su lengua materna en educación. Incluso hemos visto cómo se tergiversa el concepto de materia troncal, aplicándose, por ejemplo, a la religión, como única materia no lingüística que se imparte en castellano. También a que no se respetan los Programas Lingüísticos de Centro. Tampoco se publican los PLC en los centros, ni antes ni después de la matriculación. Todo son presiones y estrategias para apartar al español de las aulas, como lleva ocurriendo en Cataluña y Baleares, entre otras ccaa donde hay presencia de separatismo.
  • El nocivo Decreto 7/2017, que fue anulado en los tribunales por la enorme discriminación a que se sometían los alumnos.
  • Los nocivos efectos del requisito lingüístico a funcionarios y docentes. Por una parte destaca la discriminación a los ciudadanos españoles, que pierden derechos en casos de movilidad. Por otro lado se incorpora un enorme chantaje a los padres, ya que se condiciona a que el valenciano sea considerado una prioridad que abrirá oportunidades a sus hijos para ser funcionario. Con ello se abre la puerta al adoctrinamiento en las aulas. El requisito, por cierto, fue aplicado en la docencia en 2013 por el PP, aunque este partido ha reconocido el error y se ha pronunciado con claridad en anular su aplicación. En Idiomas y Educación solo esperamos que la anulación se aplique al requisito y al mérito, ya que éste tiene las mismas consecuencias que el requisito.
  • Cómo se ha aplicado la ley de plurilingüismo en los territorios de predominio valenciano, reguladas por la ley de uso del valenciano (1983), que no tiene sentido en muchas ciudades, como Alicante, en donde el uso del castellano domina en gran mayoría, pero se le ve dominado en las escuelas.
  • Cómo han proliferado entidades financiadas por el Gobierno del Botánico para el control y la imposición lingüística, con segundas intenciones separatistas (Escuela Valenciana, Acción Cultural del país valenciano... y una larga lista de entidades para imponer el sectarismo).
  • Cómo se ha creado una Gestapo de asesores lingüísticos nombrados a dedo para la imposición y el adoctrinamiento en las aulas.
  • Cómo hemos observado casos de adoctrinamiento en las aulas, desde el colectivo de profesores de valenciano y con el apoyo de la Gestapo lingüística, para aleccionar a los alumnos, los más pequeños.
  • Los sindicatos sectarios y separatistas, como el STEPV, que en conjunción con la Administración han conseguido transformar al docente en el profesional más identitario.
  • Los centros experimentales, en más de 200, que son colegios de solo en valenciano, en una cifra de aplicación nada experimental.
  • La vulneración del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana… que deja claro que el valenciano es un derecho pero no es deber. El español sí lo es en toda España, según la Constitución Española.
  • Las actuaciones de la oficina de derechos lingüísticos, esa que debería proteger pero que solo sirve para restringir derechos y discriminar e imponer el valenciano.
  • La incoherencia que supone el reconocimiento del derecho a la exención del valenciano que tienen los alumnos de las zonas castellanohablantes, al tiempo de que el valenciano vehicule materias troncales, como las matemáticas, ciencias naturales o historia.
  • La desaparición del castellano en todo tipo de comunicaciones a la comunidad educativa.
  • La contaminación de los equipos directivos en identidad y separatismo, ante los reiterados chantajes a que son sometidos desde la Administración Educativa.
  • Ampas contaminadas, en un intento de aproximación de estos representantes a los equipos directivos, a lo largo de este periodo de represión y chantaje.
  • La desaparición de topónimos en castellano en todo tipo de carteles. Incluso presión a los medios de comunicación, que siempre se refieren a Londres y no a London, pero que en la Comunidad Valenciana y también en España, en toda su extensión, dejan el español para referirse a Castelló, Lleida o Girona, como si los textos de los periódicos fueran textos oficiales.

La democracia busca la igualdad de los ciudadanos. El nacionalismo es un defecto contra el que tenemos que luchar. Y también por la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esta es la única idea progresista ahora mismo en España. En Idiomas y Educación estamos expectantes, con cierto grado de satisfacción. La involución y retroceso es el que se ha producido en los últimos ocho años. En nuestra Comunidad, ahora, hemos dado el primer paso para conseguir la igualdad. Debemos darnos esta oportunidad, la del resultado de las urnas.

Idiomas y Educación es una entidad fundada en octubre de 2016 como plataforma, y constituida como asociación en enero de 2017. Se crea ante las amenazas de discriminación a padres y alumnos que suponía el borrador de decreto de Plurilingüismo en la Comunidad Valenciana, que se presentó en septiembre de 2016 y se aprobó en febrero de 2017 como Decreto 9/2017.

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