El 4 de marzo de 2009, la prensa daba cuenta del acuerdo firmado en Madrid entre el presidente ruso, Dimitri Medvédev, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo recogida la Revista de prensa nacional, el resumen de noticias que diariamente elaboraba la Secretaria de Estado de Comunicación: "un acuerdo de cooperación energética para garantizar el abastecimiento de petróleo y gas a España y facilitar los intercambios accionariales entre las empresas de los dos países". Ambos mandatarios aseguraron que no hablaron de la entrada de la rusa Lukoil en Repsol YPF, pero Medvédev dijo que "nadie ha cerrado la puerta" a esta operación. "Facilitaremos los acuerdos entre empresas, pero los acuerdos los hacen las empresas", señaló Zapatero.
El Kremlin perseguía la compra del 20% de las acciones de Repsol YPF (todavía Cristina Fernández de Kirchner no había expropiado el 51% de YPF propiedad de Repsol).
La operación rusa provocó un gran rechazo en sectores políticos y económicos y una frontal oposición del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Leer hoy las declaraciones de Medvédev al diario El País, antes de su visita a España: "Oí que a algunos, esta inversión les gustaba y que otros actuaban de acuerdo con los estereotipos y la lógica de que llegan los rusos y que resultaba peligroso para la independencia del Estado, etcétera. Creo que es una lógica nociva o idiota", permite apreciar la importancia de la posición que mantuvo la inteligencia española.
Al año siguiente —2010—, con la crisis del euro amenazando a las economías del sur de Europa y en pleno apogeo de la campaña contra los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España), el Gobierno filtra que la División de Inteligencia Económica del CNI "creada para defender los intereses económicos, comerciales e industriales en sectores estratégicos, y similar a la que existe en otros países europeos, indaga si los ataques de los inversores y la agresividad mostrada por algunos medios de comunicación anglosajones obedece a la dinámica del mercado y a los desafíos a los que se enfrenta la economía española, o si hay algo más detrás de esa campaña". La información era propaganda de La Moncloa, pero sirvió para publicitar la existencia de un área de trabajo creada por el recién nombrado director del CNI, Félix Sanz Roldán: la Inteligencia económica.
El pasado 5 de septiembre, se hizo pública la compra del 9,9% de las acciones de Telefónica, una compañía que opera en sectores sensibles para la Defensa nacional. Aparentemente, el CNI no detectó la operación organizada por la Compañía Telefónica Saudí, propiedad del Estado. Filtraciones a dos medios de comunicación insinuaban algo distinto.
Valgan estos tres ejemplos para situar la importancia de proteger las empresas que el Estado considera estratégicas y anticipar movimientos financieros especulativos y potencialmente desestabilizadores.
"Los intereses de las grandes empresas de un país se convierten así en un asunto estratégico, en particular en el caso de aquellas que cuentan con participación pública o pertenecen a sectores de especial relevancia, como la energía o la defensa. Por ello, los Gobiernos desarrollan distintas medidas para apoyar la actividad de las compañías nacionales en el exterior. De ellas, la acción diplomática es la más visible, pero la que alcanza especial relevancia por su impacto, aun siendo menos conocida, es la actuación de los servicios de inteligencia". J. Rodríguez y J.M. Pérez, El estado francés y la inteligencia económica, 2019.
Esas medidas para apoyar a sus empresas en el exterior y protegerlas en el interior es unos de los objetivos de lo que se denomina Inteligencia Económica.
Empresas, entidades financieras y servicios de inteligencia trabajan en "un entorno común que se caracteriza por ser cada vez más estrecho, cambiante, interdependiente, complejo y que, como afirmaba el director de la CIA, exige capacidad de respuesta en tiempo real", intervención de Alberto Saiz (director del CNI 2004-2009) en la universidad Rey Juan Carlos, julio de 2008.
Los orígenes de la Inteligencia Económica en Europa
En diciembre de 1995, la Comisión Europea aprobó el Libro Verde sobre la innovación [COM(95)688]. Pretendía con esta iniciativa fomentar un amplio debate que sensibilizase a los agentes económicos acerca de la necesidad imperativa de innovar para consolidar la competitividad, contribuir al crecimiento y mejorar las perspectivas de empleo en Europa.
Posteriormente, en la sesión del 12 de febrero de 1996 del Parlamento Europeo, su presidente Klaus Hänsch anunció que había remitido el Libro Verde para su examen a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. La Comisión aprobó el Libro Verde y el proyecto de Resolución en su reunión del 7 de mayo de 1996.
El planteamiento global de la innovación utilizado en el Libro verde, se lee en el documento, da como corolario la inteligencia económica, un útil estratégico de ayuda a la toma de decisiones en un contexto de mundialización de los intercambios y de aparición de la sociedad de la información.
La Comisión Europea definió la inteligencia económica como el "conjunto de las acciones coordinadas de investigación, tratamiento y distribución, con objeto de la explotación de la información útil a los protagonistas económicos. En ella se incluye también la protección de la información considerada sensible para la empresa".
Reconoce las carencias existentes: "el dinamismo en la recogida de información estratégica, su difusión (cooperación entre empresas, conjugación de recursos con los poderes públicos) y su protección no están todavía suficientemente generalizados en Europa". Y los problemas para su aplicación: "Las diferencias sociales y profesionales, el temor a la competencia y el secretismo hacen difícil la colaboración entre empresas y administraciones. Por ello es importante que cambien las actitudes individuales y colectivas para que se desarrolle el recurso a la inteligencia económica".
La Comisión establecía las acciones a desarrollar. Entre ellas, algo muy parecido al espionaje industrial: "Reforzar la experiencia científica de algunas delegaciones de la Comisión en terceros países para que realicen una misión de alerta tecnológica y proporcionen a la Unión Europea análisis sobre la evolución de la investigación en el extranjero". Y una que no paso de boceto: "podría lanzarse la licitación de un proyecto destinado a hacer inventario de lo ya existente y a definir las especificaciones de un sistema experto multilingüe de navegación en las vastas fuentes de información utilizando técnicas multimedio y determinar su viabilidad y costes". Dos años después de la publicación del Libro Verde, en septiembre de 1998, se fundaba la compañía Google.
Los antecedentes del Libro Verde. El informe Martre
Las instituciones comunitarias hacen suyo y definen por primera vez para un ámbito supranacional, un concepto que ya había sido ampliamente tratado por el grupo de trabajo presidido por Henri Martre (presidente de la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) y presidente de honor de la empresa estatal Aérospatiale). El que se conoce como Informe Martre, lleva el título de Intelligence économique et stratégie des entreprises. Publicado en febrero de 1994, obedece al encargo realizado por el Commissariat Général du Plan, un organismo asesor que informaba al gobierno de Francia.
El informe destaca "la importancia de la inteligencia económica como herramienta para la comprensión de la reorganización de las economías de terceros países, que es esencial para la definición de estrategias industriales adaptadas, reactivas y eficaces".
Tras reconocer que la "gestión estratégica de la información económica se ha convertido en uno de los motores esenciales del rendimiento global de las empresas y las naciones". Afirma que "el proceso de globalización de los mercados obliga a los agentes económicos a adaptarse a los nuevos equilibrios que se establecen entre competencia y cooperación. A partir de ahora, la conducción de las estrategias industriales se basará en gran medida en la capacidad de las empresas para acceder a la información estratégica para anticipar mejor los mercados futuros y las estrategias de los competidores." Se lee en la Introducción del Informe Martre.
Para un Estado con importantes empresas públicas, su defensa se convertía en un objetivo de primer orden. En 1990 la incidencia de las empresas de titularidad pública en relación PIB corriente era en Francia del 15,1%. El mayor de las principales economías europeas (Alemania 10%; Italia 11,5%; Reino Unido 4%). La privatización de empresas públicas en la UE: ¿la vía británica o la senda europea? Revista de economía mundial, nº 15, 2006
A este primer informe le siguió la creación de escuelas de guerra económica. En 1997 el general Pichot‐Duclos, exdirector de la Escuela de Inteligencia Conjunta (EIREL) crea, con Christian Harbulot, l’Ecole de Guerre Economique.
En julio de 2003, se publica el Informe Carayon, Intelligence économique, compétitivité et cohésion social, que elevaba 38 propuestas dirigidas al primer Ministro, entre ellas la de crear una estructura que debía coordinar no solo los actores públicos, sino también los privados. A partir de este informe Francia ha sido el país que ha liderado la inteligencia económica en el ámbito europeo e internacional.
Francia es un ejemplo relevante de país donde el Estado apoya a las grandes empresas locales mediante sus servicios de inteligencia. Además, destaca por la transferencia de conocimiento desde la comunidad de inteligencia al ámbito privado a través de la creación de organizaciones y programas de formación que se han nutrido de la experiencia de antiguos miembros de los servicios de inteligencia. Dicho proceso ha permitido la generación de un pensamiento propio y original en materia de inteligencia económica.
La Estrategia Española de Seguridad. Un intento frustrado de Inteligencia Económica
En diciembre de 2009, Rodríguez Zapatero encargó a Javier Solana, recién cesado en su cargo de Alto Representante del Consejo Europeo de Política Exterior y Defensa, la elaboración del documento oficial de la primera Estrategia de Seguridad Nacional. Se aprobó el 24 de junio de 2011, al término de la IX Legislatura, sin margen temporal para su desarrollo.
En el Resumen Ejecutivo de la Estrategia, refiriéndose a la amenaza denominada ‘Inseguridad económica y financiera’, se establece que: "Las amenazas y riesgos relacionados con la actividad económica y financiera pueden tener su origen en factores como los desequilibrios macroeconómicos —públicos o privados—, la volatilidad de los mercados, la actuación desestabilizadora, especuladora e incluso ilegal de diversos agentes, la deficiente actuación de los organismos supervisores y reguladores, la interdependencia económica, la competencia por los recursos o un modelo de crecimiento desequilibrado".
La inclusión del concepto inteligencia economía estaba muy condicionado por el momento en el que se elaboró. Revela una gran preocupación y también una gran inconcreción: "La estrategia española presenta creaciones como la Unidad de Respuesta Integrada Exterior, junto a otras que despiertan dudas como el Sistema de Inteligencia Económica (SIE), necesitado de mayor justificación y precisión de sus competencias". Pablo Hispán, La primera Estrategia de Seguridad.
La enumeración de los variados factores que se detallan en la justificación del SIE, parece más una enmienda a la totalidad del sistema financiero, los organismos reguladores y los instrumentos de apoyo y análisis de los que disponía el Gobierno de España. Según los redactores del Gobierno Zapatero, todos ellos fueron incapaces de anticipar lo sucedido. Cabe preguntarse si un organismo más, un Sistema de Inteligencia Económica, hubiese tenido mayor capacidad de análisis y prevención que el Banco de España, los servicios de estudios de las entidades financieras o la propia Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y los servicios del Ministerio de Economía. Sin mencionar la supuesta capacidad de análisis en la materia de los servicios de inteligencia.
Las propuestas de actuación son tan amplias como imprecisas: "la prevención como la mitigación de sus efectos requiere luchar contra las actividades delictivas, asegurar una correcta supervisión y regulación de los mercados, avanzar en la gobernanza económica europea y global, potenciar la presencia internacional de España, garantizar el funcionamiento de los servicios e infraestructuras críticos económicos y financieros, y promover un desarrollo económico sostenible que minimice los desequilibrios y garantice el crecimiento económico y la cohesión social". Para tan ambiciosos objetivos y con el fin de analizar la información relevante y facilitar la acción del Estado, se creará un Sistema de Inteligencia Económica (SIE).
Con razón afirma Valentín Martínez Valero primer director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que: "en lugar alguno del documento se proporciona una clara definición de lo que se entiende por Inteligencia Económica." La inteligencia económica en la Estrategia de Seguridad Nacional
Esa concatenación de conceptos que superaban ampliamente el ámbito de una estrategia de seguridad de un Estado: "la volatilidad de los mercados, los desequilibrios macroeconómicos", etc. Así como la inconcreción de su objetivos y mecanismos de actuación, convirtieron un propósito fallido y el nonato Sistema de Inteligencia Económica.
Así, en la actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional correspondiente al año 2013, al SIE se le considera una herramienta de apoyo "Fomento de los mecanismos de coordinación adecuados que permitan el desarrollo de la seguridad económica y de sus herramientas de apoyo como, por ejemplo, el Sistema de Inteligencia Económica (SIE)". Y un "refuerzo de los actuales mecanismos de regulación y supervisión, para conseguir que su labor sea efectiva y se eviten crisis sistémicas". ESN 2013, página 46.
Por último, en la Estrategia de 2021 no hay mención alguna ni al sistema ni al concepto.
Una demanda reiterada, con procedimientos inoperantes
"Este hipotético como necesario SIE español debería disponer asimismo, a nuestro entender, de un comité conformado por los principales grupos de interés afectados, entre los que se contarían todos los departamentos ministeriales cuyas competencias tengan que ver con seguridad, economía o empresa, así como aquellas asociaciones e instituciones de apoyo a las empresas, los sindicatos, las asociaciones de españoles en el extranjero, las universidades y los centros de investigación". En 2019 el Presidente de honor del Club de Exportadores e Inversores Españoles y el Subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica, firmaban un artículo en el que exponían la composición del órgano del SIE español. España necesita un Sistema de Inteligencia económica.
En él describía sus funciones: "sería analizar las prioridades de las solicitudes recibidas, en función de su peso en la seguridad económica, y proceder a formular las correspondientes respuestas. Con este modelo, cualquier empresa española que tuviese una necesidad de inteligencia, pero no pudiera afrontarla con sus recursos, podría recurrir al SIE para canalizar su preocupación y obtener de éste un análisis válido para su sector en concreto, y también para la reputación del país y sus intereses estratégicos".
Y la operativa: "En relación con la operativa y el tratamiento de la información, su realización bajo los procedimientos del CNI, dada su experiencia en la obtención, análisis y difusión de la información confidencial, supondría una notable garantía de éxito, lo mismo que contar con un personal multidisciplinar conformado por analistas de inteligencia y economistas con décadas de experiencia empresarial. De este modo se combinaría la gestión de la información con el conocimiento de la ciencia económica y empresarial".
Leyendo esto, uno comprende por qué se decidió suprimirlo de la ESN en 2021. La inoperancia del organismo hubiera sido estudiada en las escuelas de negocio. En la actualidad, la Inteligencia Económica es una disciplina circunscrita al ámbito académico, en el que proliferan los estudios y las academias o cursos específicos.
En enero de 2021, cuando se estaba elaborando la Estrategia de Seguridad vigente, Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, se preguntaba se tendría luces largas o cortas, recordaba que para competir en un contexto de "deconstrucción de las reglas del mercado, los países precisan contar con capacidades de inteligencia e influencia económica que les proporcionen los mayores niveles posibles de resiliencia y autonomía estratégica". Como se ha indicado, la ESN de 2013 apuntó la necesidad de un Sistema de Inteligencia Económica que en la de 2017 cambió su rotuló por el de Sistema de Seguridad Económica, sin que de ninguno de ellos aparezca referencia alguna en los informes anuales de seguridad nacional de esos años. Arteaga concluye su reflexión afirmando que "sin articular y potenciar esas capacidades, la nueva Estrategia no podrá preparar la economía nacional para los cambios disruptivos que se avecinan". Pues en eso estamos, lo sucedido en Telefónica es un lamentable ejemplo.