A nadie se le escapa que Pedro Sánchez pretende que la izquierda controle el Poder Judicial. Intentó rebajar las mayorías necesarias para renovar a su Consejo General reduciendo los necesarios tres quintos de ambas cámaras a la mera mayoría absoluta al objeto de superar el veto del PP, que se niega a llevar a cabo la renovación sin antes devolver a los jueces la elección de sus doce vocales, tal y como establece la Constitución. Esta jugada fue frenada por la Unión Europea por ir flagrantemente en contra de la división de poderes. Luego, negó al Consejo sin renovar la posibilidad de hacer nombramientos para que, cuando volviera a estar en poder de la izquierda, fuera ella la que cubriera las vacantes que se fueran hasta entonces produciendo. Ahora se les ha ocurrido que, como la renovación no llega y la Constitución no dice que tengan que ser las dos cámaras las que elijan a los vocales jueces, lo haga sólo el Congreso y por mera mayoría absoluta. La verdad es que, en puridad, la Constitución tampoco dice que a éstos tenga que elegirlos ninguna cámara porque lo que establece, aunque no se exprese con la debida claridad, es que corresponde a los jueces elegir a los vocales que han de representarles. Es de esperar que, de intentarse esta reforma, la Unión Europea la frene igual que la anterior y por las mismas razones.
Evidentemente, Pedro Sánchez, que ya domina el Constitucional, quiere controlar el Poder Judicial para que éste no se oponga a sus desmanes, como hizo con la rebaja de la malversación, pensada para librar a Junqueras de la inhabilitación y que, sin embargo, el Tribunal Supremo no ha interpretado en este sentido. Hay quienes creen que esto es nuevo. La realidad es que la ausencia en España de la división de poderes no es en absoluto reciente. Lo que son nuevos son los fines a los que el Ejecutivo dedica su control sobre el Judicial.
Todo lo empezó, como no, el PSOE. Muy poco después de su mayoría absoluta de 1982, le dobló la mano al Tribunal Constitucional para que dijera que era conforme a la Constitución el expolio de Rumasa. Desde entonces, ningún empresario ha osado enfrentarse abiertamente a un Gobierno, y menos a uno socialista. Luego, en 1985, Felipe González cambió el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial para dominar el órgano, aunque concediendo a la derecha la facultad de designar a la minoría. Era evidente que no tenía intención de abandonar el poder en mucho tiempo. Sin embargo, fue tal la corrupción socialista que Aznar consiguió ganar las elecciones de 1996. A su programa electoral incorporó la voluntad de devolver su independencia al Poder Judicial, pero, cuando se vio en La Moncloa, decidió no hacerlo. A pesar de eso, en 2000 obtuvo una mayoría absoluta. Naturalmente, Zapatero mantuvo el sistema, pero se llevó un chasco cuando el Tribunal Constitucional sentenció que el nuevo estatuto catalán era contrario a la Carta Magna. Desde entonces, el PSOE ha procurado que sus nombramientos judiciales fueran de gente de acrisolada lealtad y no simplemente de ideas más o menos afines. Rajoy ganó en 2011 nuevamente con la promesa de devolver la independencia al Poder Judicial. Y nuevamente el PP la incumplió.
Así que, desde los tiempos de Felipe González, el Ejecutivo ha controlado al Judicial. Y ahora ese control lo ha heredado Pedro Sánchez. Y lo dominaría del todo si el PP no se hubiera resistido a la renovación del CGPJ mientras no se le devuelva su independencia en la forma de elección de los vocales.
La diferencia crucial que hay entre lo de ayer y lo de hoy son los fines. González lo controló para favorecer a los amigos y combatir ilegalmente a la ETA, algo que los españoles toleramos de buen grado. Lo primero porque creemos, con razón o sin ella, que es lo que siempre hacen los gobernantes en España. Y lo segundo porque entendimos que la ineficacia de la lucha legal contra ETA justificaba hasta cierto punto recurrir a medios ilegales. Vista la ineficacia de éstos, Aznar utilizó el dominio sobre el Poder Judicial heredado para que avalara su ley de partidos, un modo supuestamente legal de combatir a ETA, pero seguramente inconstitucional. Zapatero lo empleó para intentar premiar al PSC con competencias inconstitucionales dadas a Cataluña y para proteger su negociación con ETA. En lo primero, fracasó relativamente. En lo segundó tuvo éxito cuando rindió al Estado frente a la banda sin que el Poder Judicial pudiera impedirlo. Rajoy no cambió nada.
Ahora, Pedro Sánchez, con esa sumisión heredada, pretende que el Poder Judicial avale los desmanes con los que quiere favorecer a los partidos separatistas y golpistas con concesiones inconstitucionales para que a cambio le mantengan en el poder. Como se ve, la sumisión es la misma. Lo que cambian son los propósitos. Eso nos debería enseñar a no tolerar ilegalidades ni afrentas a la división de poderes ni mermas al Estado de derecho por elevados que nos parezcan los fines con las que se hagan porque luego viene otro y estará en disposición de utilizar esos mismos recursos para los objetivos más torticeros, que es lo que nos está pasando con Sánchez. Sembramos vientos y cosechamos tempestades. A ver si escarmentamos.