Con esta rima consonante —que bien pudiera convertirse en el grito de la dignidad de los ciudadanos españoles humillados y ofendidos por los partidos racistas y cobardes que dicen gobernarnos— pretendemos sintetizar el hartazgo que experimenta el Pueblo español tras recibir durante mucho tiempo los insultos y el desprecio de un exigua minoría sobrerepresentada; al tiempo que queremos sintetizar las dos características esenciales que nos parece que presenta la Proposición de Ley de amnistía aprobada el pasado día 7 de marzo, por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (nos referimos a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que fue publicado inicialmente en el BOCG del pasado 24 de noviembre de 2023, Congreso de los Diputados, Serie B: Proposiciones de Ley. Núm. 32-1 Pág. 1 y ss.)
En primer lugar, asociamos la ley de amnistía a la corrupción política por dos motivos: primero, por el mercadeo infame que obra en su partida de nacimiento por parte del partido racista y corrupto con sus siete escaños que ha chantajeado —y seguirá chantajeado— al partido gubernamental; y, segundo, por los mismos delitos de corrupción que, como veremos a continuación, serán amnistiados. A estos efectos, nos parece que no está de más recordar que la RAE define la corrupción como el "deterioro de valores, usos o costumbres" y "en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores" ofreciendo como sinónimos los de "corruptela, deshonestidad, depravación, perversión, vicio, envilecimiento, peste, prostitución" y como antónimos los de "honradez, integridad"
En segundo lugar, asociamos la ley de amnistía con la cobardía por la sumisión cobarde del partido gubernamental a los racistas corruptos que lo chantajean con sus siete escaños; cobardía que muestra una imagen rayana en una relación sadomasoquista. También interesa recordar que el Diccionario de la RAE define la cobardía como la "falta de ánimo y valor. acobardamiento, amilanamiento, pusilanimidad, apocamiento, miedo, temor, cortedad, canguelo, collonería".
Una opereta bufa en dos actos
El pasado 7 de marzo de 2024 (fecha que sería digna de consignar en la Historia Universal de la Infamia de Borges), la prensa nos decía que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados había aprobado la ley de amnistía otorgando un amplio perdón para el terrorismo, la malversación y los hijos de Pujol. También nos daba cuenta que la nueva redacción de la Proposición de Ley salió adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu y Podemos.
Queremos destacar que, a nuestro entender, se trata de un paso cualificado en el proceso cancerígeno para el Estado democrático de derecho en España que se lleva desarrollando impunemente desde el mes de noviembre de 2023 con la publicación en el BOCG de la Proposición de Ley; agravado esta primera semana del mes de marzo por los dos acontecimientos que nos llevan a hablar de una opereta bufa en sus actos. Decimos que el cáncer se ha agravado por las exhibiciones groseras de oscurantismo con ocasión de las última modificaciones ocultadas hasta este mismo jueves. Resulta por completo insólito en un Estado miembro de la UE el espectáculo de oscurantismo delictivo propio del golpe de Estado fraudulento que oculta la carencia absoluta de transparencia democrática en las negociaciones de partidos delincuenciales en la ardiente oscuridad.
En efecto, durante esta última semana que nos dice adiós hemos asistido, estupefactos, a un espectáculo de infamias que, en un principio, dudamos en calificar de "semana de pasión"; pero el respeto que nos merece la religión que profesamos y un ejercicio de mínima lucidez al contemplar el aspecto grotesco de los actores del espectáculo miserable que hemos presenciado nos ha llevado a titular esta opinión como opereta bufa en dos actos de cobardía y corrupción a propósito de la malhadada ley de amnistía. Y ello porque la vergüenza sentida por los españoles de bien ha encontrado el contrapunto de la desvergüenza de una caterva de miserables que han urdido una trama cobarde y corrupta que se ha desempeñado en los dos actos que pasamos a relatar; no sin antes dejar anticipar que, según veremos, se trata de una tribu de Jurisnorantes (analfabetos jurídicos).
Acto primero: La tergiversación del borrador de Informe de la Comisión de Venecia sobre la Ley de amnistía
Desde el pasado viernes día 1 de marzo, toda la prensa se ha hecho eco de las filtraciones interesadas del borrador de informe de la Comisión de Venecia sobre la Ley de amnistía y de las interpretaciones sesgadas de su contenido; mostrando dos tendencias por completo contradictorias por parte de la prensa denominada "conservadora" y de la sedicente prensa "progresista" (advertimos a los lectores que la RAE define "sedicente" como adjetivo irónico "dicho de una persona que se da a sí misma tal o cual nombre, sin convenirle el título o condición que se atribuye"). Para mostrar las tergiversaciones del borrador de Informe, nos parece interesante responder a las dos preguntas retóricas siguientes:
En primer lugar: ¿Quién es la Comisión de Venecia y que funciones tiene asignadas? la página web del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España nos dice: "La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, ya que se reúne en Venecia, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. El papel de la Comisión de Venecia es brindar asesoramiento jurídico a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. También ayuda a garantizar la difusión y consolidación de un patrimonio constitucional común, desempeñando un papel único en la gestión de conflictos y brindando ‘colaboración constitucional de emergencia’ a los Estados en transición". Además, en la información disponible en el propio sitio web del CEPC consta otro dato que nos parece muy interesante y que consiste en que los Informes recientes elaborados por la Comisión de Venecia se refieren a aspectos constitucionales de países iberoamericanos (v.gr. la Opinión sobre la reforma constitucional de 2023 en Chile o la Opinión sobre el proyecto de enmiendas constitucionales sobre el sistema electoral en México) pero no sobre los Estados miembros de la UE como es el Reino de España.
En segundo lugar: ¿Qué dice su borrador de informe sobre la ley de amnistía? Sin que podamos entrar a analizar el contenido del borrador, constatamos críticas gravísimas sobre el procedimiento y sobre el contenido. En efecto, si bien el borrador avalaría la posibilidad de una ley de amnistía siempre que cumpla con los requisitos de legalidad, respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir con claridad los actos amnistiados y las excepciones; por esa misma razón exige una tramitación que permita el debate y participación de todas las fuerzas políticas y el respeto a la independencia del poder judicial. En general, el borrador señala que los objetivos eventualmente legítimos de las leyes de amnistía exigen "métodos y procedimientos coherentes", entre los que apunta la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos. Por ello, refiriéndose a la Proposición de Ley Orgánica española tramitada por el procedimiento de urgencia, el borrador apunta que "los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía". Además, advierte de que la Proposición "ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España" y anima a todas las autoridades a tomarse "el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo".
Acto segundo: el engendro jurídico nacido de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
Recordamos que el engendro jurídico ve la luz, oficialmente, en el BOCG del pasado 24 de noviembre de 2023. Después, esta ley mutante va siendo modificada hasta llegar al pasado miércoles día 6 de marzo, cuando este mismo diario nos daba la noticia, firmada por Rubén Fernández, de que "PSOE y Junts anuncian un acuerdo sobre amnistía para cubrir ‘a todas las personas vinculadas al proceso independentista’. Los separatistas y el PSOE lanzan un comunicado conjunto pero no aclaran del todo qué es lo que modifican de la ley que tumbó el Congreso". Por último, la historia acaba —por ahora— con la aprobación, el 7 de marzo, del Informe por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
No disponemos de tiempo ni de espacio suficiente para mostrar las deformidades jurídicas evidentes que muestra —en nuestra humilde opinión de jurista— la Proposición de Ley Orgánica. Estaremos gustosos de efectuar dicho análisis si este Diario nos brinda una nueva oportunidad de mostrar nuestra opinión al respecto.
Sin perjuicio de ello, queremos dejar hechos dos apuntes. En primer lugar, para ofrecer un "botón de muestra" de la ignorancia jurídica que contamina esta Proposición de Ley Orgánica nos parece suficiente señalar que pretender ampararse en el denominado "efecto directo" de una Directiva de la UE —en este caso, la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo— en un Estado miembro que ya la ha traspuesto a su Ordenamiento –como es el caso de España— muestra una ignorancia supina sobre lo que es una Directiva y de su diferencia con un Reglamento de la UE. En este sentido, nos parece suficiente remitirnos a barbaridades jurídicas como la noticia que ofrece un medio de la prensa "progresista" de ayer mismo en el sentido de que la futura ley de amnistía excluye los delitos calificados como terrorismo según la Directiva europea, añadiendo que su texto es similar al que Junts no quiso aprobar hace un mes, pero sin referencias al Código Penal español (¿?).
En segundo lugar, queremos mostrar el "pecado original" de Esta Proposición de Ley de amnistía que es su propia incongruencia política por partida doble:
Primero, se trata de una interpretación absurda por el partido gubernamental promotor de la Proposición de ley porque decir que la ley de amnistía se justifica como mecanismo de reconciliación es una falacia jurídica basada en el tipo de la argumentación denominada petición de principio tantas veces criticada por nuestro Tribunal Supremo y que consiste en construir una hipótesis irreal —en este caso, de conflicto social y ciudadano grave— para, a continuación, justificar una pretendida solución justa al problema creado falazmente. Pues bien, decimos que este primer argumento gubernamental es falaz por dos razones: en primer lugar, porque "reconciliación" es, según la RAE, la "acción y efecto de reconciliar o reconciliarse" que requiere una previa situación de ruptura —su antónimo—, que es la "acción y efecto de romper o romperse". Por otro lado, "normalización" es "regularizar o poner en orden lo que no lo estaba". Y, quien suscribe estas líneas, ha estado el pasado fin de semana paseando muy a gusto por las calles y plazas de Barcelona sin detectar en momento alguno el conflicto social o ciudadano. En segundo lugar, porque, aunque admitiéramos —a efectos dialécticos— una situación ciudadana de anormalidad, la hubieran provocado, con su referendum ilegal, quienes ahora chantajean al Gobierno proponente. Con lo cual, se estaría premiando respecto al pasado e incentivando respecto al futuro su conducta ilegal con delitos tan graves como los de corrupción o terrorismo.
Segundo, decimos que estamos ante una doble incongruencia porque, si nos fijamos el argumentario exhibido ayer mismo por los dirigentes de los partidos independentistas y racistas beneficiarios de la ley de amnistía movida por su extorsión, vemos que se han apresurado a declarar públicamente que dicha ley no producirá como efecto ni la unidad nacional de España como sujeto autor de dicha ley ni la reconciliación social y política que niegan por incompatible con el abismo creado según ellos por la declaración del independencia de 2017, a su parecer, plenamente válida y por ello vigente. En este sentido, queremos advertir que estamos persuadidos de que el Pueblo español no está dispuesto a seguir soportando que una analfabeta funcional racista y sus secuaces sigan amenazando pública e impunemente con imputarles graves delitos de prevaricación a nuestras —¡sí, nuestras!— miles de juezas y a nuestros —¡también nuestros!— miles de jueces que cada día trabajan honradamente para impartir Justicia si medios suficientes ni retribución adecuada.
Epilogo: Preguntas desde la vergüenza
En este Patio de monipodio pestilente y desgraciado en el que han convertido España la tribu de Koldetes y Koldillas (Rinconete y Cortadillo dixit), analfabetos y estrafalarios que nos apacentan y roban, cuya fealdad física deja traslucir su zafiedad moral; queremos poner punto final a nuestra opinión preguntándonos en alta voz: ¿puede ser la infame ley de amnistía una herramienta para la reconciliación de los ladrones fugados y en absoluto arrepentidos con los ciudadanos españoles expoliados por su corrupción? ¿puede ser la infame ley de amnistía un instrumento de reconciliación de los terroristas violentos que siguen proclamando orgullosos los actos violentos con sus víctimas? ¿puede ser la infame ley de amnistía un instrumento de normalización de los racistas que lo siguen siendo con los ciudadanos españoles despreciados?
Pues bien, como se dice en técnica forense: "no hay más preguntas, señoría".
Alberto J. Tapia Hermida
Catedrático de Derecho Mercantil UCM