Las carreras judicial y fiscal en España pueden sentirse ultrajadas por la repercusión pública de los malos comportamientos de algunos de sus miembros más ilustres. Singularmente, la imputación del Fiscal General del Estado, el sanchista Álvaro García Ortiz, amigo además de otros malos ejemplos como el ex juez inhabilitado Baltasar Garzón, la cuestionada ex fiscal general, Dolores Delgado o el empolvado del camino anticonstitucional, Cándido Conde-Pumpido, puede afectar al prestigio del Poder Judicial en su conjunto.
Imágenes como las de todo un Fiscal General borrando mensajes y textos de sus teléfonos móviles desde que se enteró de su imputación por el Tribunal Supremo puede avergonzar a nuestro poder judicial en su conjunto[i], pero esperamos, con escepticismo, que sea una excepción pasajera. La Fiscalía General debe recuperar la independencia del Gobierno, del que sea, y promover la justicia, para volver a merecer la confianza de los ciudadanos. Es una garantía para una democracia decente.
García Ortiz debe ser una excepción. Fiscal y juez no siempre son, pero pueden ser, profesiones honorables y, a veces, memorables en defensa del valor de la convivencia en toda sociedad civilizada, y, desde luego, en una nación democrática. Su deber es luchar contra el delito y la delincuencia y así lo hacen, algunas veces con riesgo de sus vidas. Este artículo pretende recordarlo para levantar nuestro desfallecido ánimo.
Hace unas semanas, se puso a la venta en España un libro emocionante. Lleva por título Quien tiene miedo muere a diario[ii]. Mis años con Falcone y Borsellino. Su autor es Giuseppe Ayala, que fue fiscal del macroproceso (Maxiproceso) que enjuició a la Mafia italiana en Palermo desde el 10 de febrero de 1986. Afortunadamente, ha podido vivir para contarlo, cosa que no pudieron hacer muchos, como los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, entre demasiados otros.
Estos indomables jueces y fiscales, vinculados a lo que se conoció como Pool Antimafia de Palermo, participaron en ese grupo que investigó incansable y valerosamente los delitos de la organización criminal que atacó sin compasión a los magistrados al mismo tiempo que las terroristas Brigadas Rojas y otros grupos mataban a jueces, políticos y periodistas en los años finales de la década de los 70. También los hubo sobornados y amedrentados por los asesinos pero el ejemplo de los héroes debe animar a las jóvenes generaciones europeas.
Para hacernos una idea de la dignidad judicial en la sociedad italiana, bastaría recordar que el juez Rocco Chinnici, que fue el inspirador del Pool, fue asesinado por la Mafia en julio de 1983. Por vez primera un grupo de jueces y fiscales aislados, presas fáciles de los asesinos, se enfrentaban unidos a la organización mafiosa como tal. La consecuencia fue la celebración de ese juicio histórico que condenó a 360 personas de 475 acusados a casi 3.000 años de cárcel y varias cadenas perpetuas.
"Es bonito morir por aquello en lo que crees; quien tiene miedo muere a diario, quien no tiene miedo solo muere una vez", es la cita del juez asesinado, Paolo Borsellino, que inaugura el libro de su amigo, el fiscal Ayala, y da el título al libro que relata "la gesta que protagonizó junto a un puñado de policías, jueces y abogados que, sin perder la alegría ni el sentido del humor, sacrificaron su vida para poner fin a décadas de impunidad. Un empeño que no siempre tuvo recompensa, pues pronto se verían envueltos en turbios juegos de poder y descubrirían los oscuros vínculos entre política, negocios y crimen organizado".
Jueces y fiscales ejemplares
La cantidad de jueces y fiscales asesinados en Italia –también en España y en otros muchos países—, por perseguir a los delincuentes y ser íntegros en el cumplimiento de su deber, es razón suficiente para reclamar y dignificar un poder judicial independiente. No negaré que he sentido añoranza de sus conductas heroicas. Espero que recordarlas, siquiera en una mínima parte, ayuden a superar el borrón degradante de la conducta del señor García Ortiz en la sociedad española.
Por seguir con Italia antes de regresar a España, recordemos a un precursor de Falcone y Borsellino, el juez de instrucción en la Fiscalía de Palermo, Cesare Terranova, fue asesinado por la mafia en 1979. También al magistrado Gaetano Costa, que vio cómo la mafia se instalaba en el sistema nervioso de la Administración italiana y fue asesinado en 1980. Y a Antonino Saetta, juez asesinado junto a su hijo Stefano, por la Cosa Nostra, en 1988.
Rosario Angelo Livatino, magistrado, asesinado por la Stidda[iii] siciliana en 1990 fue beatificado en 2021. Bruno Caccia fue fiscal del Tribunal de Turín e investigó a las Brigadas Rojas y Prima Linea, ambas marxistas leninistas, y a la mafia del Piamonte, la ´Ndrangheta calabresa, que lo asesinó en 1983. Alfonso Di Giovine, fiscal antimafia, había sido asesinado por La Camorra en Nápoles dos años antes, en 1981.
Antonio Scopelliti, fiscal de Roma y Milán y primer fiscal general adjunto en el Tribunal de Casación fue asesinado por las mafias de la Cosa Nostra y la ´Ndrangheta en 1991. Silvio D’Arpa, desconocido en España pero un héroe para la justicia italiana, fue un fiscal que investigó la estructura financiera de la Cosa Nostra. El 26 de julio de 1983 , D'Arpa fue asesinado en Palermo tras sufrir una emboscada de los sicarios.
Son algunos ejemplos de jueces y fiscales ejemplares que murieron como murieron periodistas, policías y militares en esta lucha por el Estado de Derecho. No se olvide que muchos fiscales y jueces fueron asesinados por grupos terroristas. Nicola Giacumbi, fiscal, fue asesinado por Brigadas Rojas estando con su esposa Lilly. Los magistrados Girolamo Minervini y Guido Galli, fueron asesinados por miembros de Prima Linea.
Emilio Alessandrini, Fiscal de MiIán que investigó a los grupos terroristas de extrema izquierda, por lo que finalmente fue asesinado por uno de ellos, Prima Linea, en 1979 en la propia Milán. Mario Amato, fiscal de Roma, fue encargado de investigar la muerte del magistrado Vittorio Occorsio, asesinado en 1976 por Ordine Nuovo, un grupo neofascista. Finalmente también fue asesinado en 1980 en Roma por un comando de NAR (Nuclei Armati Rivoluzionario).
Ejemplos hay de la fidelidad a la justicia y al orden de la libertad por miembros destacados de la Judicatura y la Fiscalía. En otros países hay igualmente casos de fiscales y jueces asesinados por su afán de hacer cumplir las leyes. No siempre como personas voluntariamente ejemplares sino como profesionales y funcionarios que cumplen sencillamente con su deber, apenas cabe la duda de que sigue existiendo una honda preocupación sobre el destino de unos jueces y fiscales que ponen su vida y la de sus familias en juego en el ejercicio de sus funciones.
No es nuevo, pero se va haciendo habitual. En 1995, ya se anunciaba que 337 magistrados sufrieron represalias en 51 países por desempeñar su trabajo. De ellos 23 fueron asesinados, cuatro desaparecidos, 36 torturados y 42 detenidos, entre otras violaciones, según el informe Ataques a la Justicia. Colombia, Perú (donde los jueces ocultaban sus rostros para no ser reconocidos), Turquía. Argelia, India, Bahrein, Indonesia y Nigeria encabezaban la lista de la vergüenza.
Sin más que una referencia expresa al asesinato del Fiscal General de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, del que esperamos toda la información desclasificada prometida por Donald J. Trump, en las últimas décadas se han producido en esa nación nada menos que 13 asesinatos de fiscales, según la declaración efectuada Scott Burns, que era director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito.
Uno de los atentados más impresionantes fue el que en 2013, en el estado de Texas, acabó a tiros con la vida del fiscal Mike McLelland y su esposa. Sus cuerpos fueron hallados en su casa en el condado Kaufman. Su asesinato se sumó al del vicefiscal Mark Hasse, que era un colaborador de McLelland y al perpetrado contra el jefe de prisiones de Colorado, Tom Clements.
Por citar un solo caso del asesinato de un juez, que hay muchos, digamos que Kevin Mullins, juez del condado rural de Letcher, en el estado de Kentucky, fue asesinado a balazos en 2004 en su propio despacho. Fue nada menos que un sheriff, jefe de policía local, llamado Shawn Stines, quien disparó varias veces contra el magistrado tras una discusión.
Recordemos, saltando a otros países, con emoción al fiscal argentino Alberto Nisman que pagó con su vida en 2015 atreverse a investigar la autoría del atentado a la mutual judía AMIA, que en 1994 dejó 85 muertos y cientos de heridos en Buenos Aires. Sabido es que apuntaba al régimen islámico iraní como promotor y al gobierno de Cristina Kirchner como cómplice de encubrimiento. Un día antes de presentar en el Congreso argentino un informe sobre el caso, el 8 de enero de 2015, fue asesinado sin que aún se haya certificado por quiénes.
Hace sólo un año, se reunieron en la misma Argentina la asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) para analizar el aumento de los asesinatos y presiones de jueces y fiscales en Iberoamérica.
Precisamente se refirieron a dos atentados bien recientes, el que tuvo como consecuencia el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia en el 2022 y el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez en 2024.
Marcelo Daniel Pecci Albertini perseguía a cárteles de drogas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estaba de luna de miel en una isla turística de Colombia con su esposa Claudia Aguilera Quintana, que le había anunciado su embarazo. Horas después, fueron atacados por dos hombres que dispararon al fiscal a bocajarro. Fue el 10 de mayo de 2022.
En enero de 2024, hace poco más de un año, fue asesinado a tiros César Suárez, fiscal ecuatoriano que investigaba el asalto de una banda narco en las instalaciones de TC Televisión perpetrado días antes. El fiscal llevaba casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada y había solicitado protección policial.
El pasado mes de octubre de 2024, cerca del edificio de la Fiscalía General del Estado de Ecuador en Manta, ciudad costera del Pacífico, el fiscal Marcelo Vásconez y su guardaespaldas fueron asesinados por un ataque con armas de fuego. Estaba encargado por sus superiores de investigar muertes violentas, organizaciones delictivas y atentados.
Como en Italia y otras naciones, en la España constitucional, si es cierto que ha habido y hay algunos malos ejemplos, también los ha habido muy reparadores y reconstituyentes de la fe en las instituciones y en la Justicia. Javier Jáuregui Barnaola, juez de paz de Lemona, fue asesinado por ETA en 1978. José Francisco Mateu Cánoves, magistrado del Tribunal Supremo, fue asesinado en 1978). Vicente Goñi Larumbe, magistrado de Trabajo sufrió un atentado frustrado en 1979. Miguel Cruz Cuenca, magistrado del Tribunal Supremo, fue asesinado por los GRAPO en 1979
Menos suerte tuvo Carmen Tagle González, fiscal de la Audiencia Nacional asesinada por un comando etarra en 1989. Afortunado en su medida fue Fernando Mateo Lage, presidente de la Audiencia Nacional, que fue herido en 1990. No lo fue Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992, asesinado por ETA en 1996, atentado al que siguió el de Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo, asesinado en febrero de 1997.
José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt, magistrado de la Audiencia Nacional, fue herido en 1996. Luis Portero García, sin embargo, que era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla fue asesinado en Málaga en el año 2000, el mismo año en que la banda terrorista segó la vida de José Francisco Querol Lombardero, magistrado del Tribunal Supremo. José María Lidón Corbi, catedrático de Derecho Penal y magistrado, muy activo contra todo tipo de violencia, la policial incluida o la kale borroka , fue asesinado por un miembro de la banda terrorista ETA el 7 de noviembre de 2001.
En fin, aunque no hemos tenido en cuenta otras víctimas vinculadas al poder judicial como escoltas, conductores y demás profesiones necesarias para el desenvolvimiento de sus obligaciones de forma eficaz, muchos miembros de nuestro Poder Judicial tienen un largo historial de comportamientos valerosos que conviene recordar. No puede consentirse que su imagen pública sea la de presuntos delincuentes que se saltan la Ley y cometen delitos en vez de defender la Justicia, singularmente ante los Gobiernos.
Hasta Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, ha dicho recientemente "Me preocupa el presunto uso indebido de los canales de comunicación gubernamental por parte del Ejecutivo para estigmatizar y tachar de "corruptos" a determinados operadores de justicia, lo que puede derivar en hostigamientos y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales." En España, con el silencio de la Fiscalía, el gobierno de Pedro Sánchez dispara políticamente contra los jueces un día sí y el otro también, para oscurecer sus casos de corrupción.
Winston Churchill, decidido partidario de la independencia del poder judicial, la justificaba diciendo que el juez no sólo tiene que hacer justicia entre un ciudadano y otro, sino que asimismo debe hacerla entre los ciudadanos y el Estado. Debe garantizar que la administración se atiene al Derecho y a la legalidad en el ejercicio del poder que emana del Ejecutivo. Pero en España vivimos una excepción radical.
Sí, en España tenemos una Fiscalía General del Estado excepcional. Lo excepcional no siempre es esperanzador por su ejemplaridad. A veces, y es nuestro caso, lo excepcional se debe a su efecto desconsolador sobre las instituciones y los ciudadanos. ¿Cuándo se ha visto que un Fiscal General, en una democracia sana, se pliegue servilmente a los dictados de un gobierno sin vergüenza alguna y con alevosía descarada?
¿Cuándo se ha visto que, para auxiliar al presidente de un gobierno en sus cuitas judiciales familiares o políticas, la propia Fiscalía General se juramente para saltarse las leyes, desamparar a ciudadanos, tratar de ocultar los propios actos o intentar hacer desaparecer las pruebas que podrían descubrir los posibles delito cometidos por el responsable de la institución que debe combatirlos?
Ni siquiera ha levantado la voz cuando todo un gobierno y sus partidos cómplices han desatado una guerra contra la independencia de los jueces españoles, contra todo el que les moleste, les estorbe o les desobedezca. Es más, es que el propio Fiscal ha sido quien ha tratado de desautorizar al Tribunal Supremo acusándolo de promover la mentira y el prejuicio a la hora de instruir su propio caso por el presunto delito de revelación de secretos
Es más, ni la voz ha levantado cuando desde el gobierno se ha blanqueado sistemáticamente el historial criminal de ETA, asesina de muchos de sus compañeros de carrera y de jueces relevantes. Es más, es que está impulsando el archivo definitivo de la causa contra los asesinos de Miguel Ángel Blanco en 1997, reabierta en la Audiencia Nacional.
No, no nos merecemos un gobierno que miente. No nos merecemos un gobierno que ocupa las instituciones con socios desalmados, golpistas o antidemocráticos. No nos merecemos una Fiscalía general que traiciona su misión y se somete a un gobierno antes que a la Ley. Por eso, nos acordamos de quienes fueron capaces de defenderla hasta la muerte.
[i] Pero hay quien lo ha aplaudido, precisamente la empresa que edita El País y un digital adscrito a la extrema izquierda en apoyo del gobierno Sánchez.
[ii] Quien tiene miedo muere a diario es una expresión que hunde sus raíces en una obra de William Shakespeare, Julio César. En ella, poco antes de ser asesinado por los conspiradores, César, ahuyentando los temores premonitorios de Calpurnia, le dice: "¡Los cobardes mueren varias veces antes de expirar! ¡El valiente nunca saborea la muerte sino una vez!". No todos los jueces y fiscales tienen comportamientos nauseabundos.
[iii] La Stidda es una variante de la organización mafiosa siciliana localizada en Agrigento, Caltanissetta y Ragusa.