La reciente decisión del Gobierno español de prohibir el registro directo de menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero reaviva un debate ético y político de profundas implicaciones. Esta medida, que obliga a formalizar la inscripción de estos menores únicamente mediante vínculo biológico o adopción, se alinea con el pronunciamiento del Tribunal Supremo de 2024, que declaró nulo un contrato de gestación subrogada por considerarlo contrario a la dignidad humana y al orden público. Desde una perspectiva liberal, esta restricción plantea un conflicto fundamental entre la autonomía individual y la intervención estatal. Como defendía John Stuart Mill, el poder sobre un individuo solo es legítimo para prevenir daños a terceros, un criterio que la gestación subrogada no viola, dado que no implica perjuicio físico ni moral a terceros. Prohibirla, bajo el argumento de la "mercantilización" o la protección de la dignidad, ignora la capacidad de las personas —gestantes y padres intencionales— para tomar decisiones libres y consensuadas, limitando las posibilidades de formar familias en una sociedad plural. En este artículo abogaré por una regulación rigurosa de la gestación subrogada, en lugar de su prohibición, como un paso hacia una democracia más tolerante, innovadora y respetuosa con la libertad individual, capaz de proteger los derechos de todos los involucrados, especialmente los del menor.