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La Ilustración Liberal

América

Por qué América Latina no progresa

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Conferencia pronunciada en Bogotá el pasado 3 de agosto ante la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia.

Agradezco a la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia esta invitación a que hable sobre por qué América Latina no progresa, si bien haré un énfasis especial en el caso venezolano.Luego de 16 años al frente de AIPE, una empresa periodística dedicada al análisis y discusión de los principales temas económicos y políticos que afectan a la región, estoy convencido de que a menudo comprendemos mejor lo que sucede en nuestro propio patio cuando observamos el desarrollo de problemas similares que afrontan países vecinos.

Una historia verdadera

Voy a comenzar contándoles brevemente unas pocas experiencias personales que creo reflejan algunos de los males que, en diferentes grados, han afectado a gran parte de América Latina.

Poco después de la muerte de mi hermano Luis Henrique, leyendo papeles suyos encontré una historia fascinante que me hizo comprender mejor lo que el economista austriaco Friedrich Hayek llamó "el camino de servidumbre", sendero predilecto de los gobernantes venezolanos. Mi hermano, que era nueve años mayor que yo, relataba allí la visita que hizo a mi madre cuando yo nací, en 1939. Al entrar al hospital, saludó a una muchacha que salía con su recién nacido en brazos. La reconoció como trabajadora de la fábrica de nuestro padre; y me enteré de que, en aquellos tiempos, esa empresa pagaba el 95% de los gastos sanitarios de todos sus trabajadores, que recibían atención médica en la Policlínica Caracas, entonces el mejor hospital privado del país.

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando, por presiones del Departamento de Estado, se creó en Venezuela el Instituto de Seguros Sociales, para comenzar a socializar la medicina y centralizar las jubilaciones. Las Naciones Unidas recomendaron al médico chileno Salvador Allende para que asesorara a Caracas en la creación de ese organismo. Los impuestos a las nóminas que seguidamente impuso el Gobierno nacional hicieron que pronto desaparecieran todos los programas privados de atención médica a los trabajadores, y sólo aquellos venezolanos con altos ingresos pudieron desde entonces tener acceso a las clínicas privadas.

Las buenas intenciones políticas a menudo causan males no previstos, y como la prioridad absoluta del partido gobernante suele ser ganar las próximas elecciones, se dificulta y hasta se imposibilita que se corrijan a tiempo errores nefastos.

Las estadísticas muestran de manera dramática los cambios sufridos en Venezuela entre la generación de mis padres y la de mis hijos. Por ejemplo, en 1958 el ingreso per cápita venezolano equivalía al 78% del norteamericano. Mientras en la década de los 50 el ingreso de los venezolanos aumentó en más del doble, a partir de 1960 –bajo una política económica que el propio presidente Rómulo Betancourt definió como "socialismo en alpargatas"– la población ha crecido más rápidamente que la economía. Hoy, a pesar del precio récord del petróleo, el ingreso promedio del venezolano fluctúa alrededor del 15% del del norteamericano, mientras que todo lo contrario ha estado sucediendo en países ex comunistas como Estonia y la República Checa, al igual que en los llamados tigres y dragones asiáticos.

Yo me gradué en una universidad norteamericana en 1962, y recibí varias ofertas de trabajo para quedarme allá. No las tomé en serio porque para mí el futuro estaba en Venezuela. Pero apenas un par de décadas más tarde, cuando mis hijos se graduaron igualmente en universidades del Norte, ellos no dudaron en quedarse a vivir en Estados Unidos. En Venezuela se notaba ya un cambio profundo: de ser un país floreciente y próspero que atraía a cientos de miles de inmigrantes de todas partes del mundo, así como a gran cantidad de ejecutivos y técnicos de multinacionales petroleras, que preferían quedarse a vivir allí una vez alcanzada la jubilación, ha pasado a ser un país de emigrantes, exportador neto de talento y capital privado. Las aplicaciones de venezolanos que quieren venirse a vivir a Colombia se dispararon un 300% en los últimos dos años. En Miami, así como en los años 60 se veía a médicos e ingenieros cubanos lavando ventanas y cortando la grama, hoy vemos a muchos venezolanos –jóvenes y viejos– tratando de rehacer sus vidas de la misma manera.

Para terminar con estas breves anécdotas personales, les contaré por qué vivo y trabajo en Estados Unidos desde hace 20 años. En 1987 era el director general de El Diario de Caracas, cuya línea editorial era muy crítica con el intervencionismo y la desenfrenada corrupción del Gobierno del entonces presidente, el socialdemócrata Jaime Lusinchi. El periódico pertenecía al grupo Radio Caracas Televisión, cuya licencia de transmisión vencía en mayo de ese mismo año. Los dueños de la empresa fueron entonces informados desde el palacio presidencial de que la licencia no sería renovada a menos que yo fuera despedido. Cuarenta y ocho horas antes de que me echaran, una fuente cercana al partido del Gobierno me dijo que el ex presidente Carlos Andrés Pérez había afirmado esa mañana, en la sede de Acción Democrática, que el problema conmigo ya había sido resuelto.

Fui despedido, y la licencia de RCTV fue renovada por 20 años.

Dos días después de mi salida del periódico, y mientras el presidente Lusinchi visitaba la redacción de El Diario de Caracas para celebrar su victoria –y, sonriente, declaraba: "Es pecado hablar mal del Gobierno"; lo cual apareció al día siguiente como titular de primera página–, yo confrontaba falsos cargos en un tribunal penal. Allí, el juez Cristóbal Ramírez Colmenares me informó, sin titubear y apuntando al techo con un dedo, de que él, necesariamente, tenía que seguir "instrucciones de arriba".

Decidí entonces emigrar a Estados Unidos. Poco después, habiendo el Gobierno logrado lo que buscaba, se retiraron todos los cargos en mi contra.

Como todos ustedes saben, en mayo de este año la historia se repitió, pero con un final mucho más triste: Hugo Chávez no renovó la licencia de transmisión a RCTV, canal que fue reemplazado por otra televisora más de propaganda gubernamental que, además, se apoderó de 130 millones de dólares en equipos y antenas de transmisión sin pagar un centavo a los dueños.

Cuando no hay respeto por las libertades civiles ni por los derechos de propiedad, estar a bien o a mal con las autoridades puede hacer de uno rico e influyente o pobre y humillado. Para ilustrar este hecho y terminar con el triste caso de RCTV, les cuento otra sorprendente coincidencia. Hace 20 años, Carlos Croes era el jefe de la Oficina Central de Información del presidente Lusinchi; es decir, su ministro de propaganda y censura. Hoy, el Sr. Croes es vicepresidente de Información de Televen, uno de los canales privados que resultaron más beneficiados con el cierre de RCTV, empresa que a lo largo de 53 años fue el más exitoso medio publicitario venezolano.

Debo aclarar que no solamente Chávez y los presidentes de Acción de Democrática han sido enemigos de la libertad de prensa. Una vez, el copeyano Rafael Caldera me llamó públicamente "traidor a la patria". Fue a raíz de un artículo que publiqué el 22 de julio de 1994 en el Wall Street Journal, en el que relataba las fracasadas políticas estatistas del Gobierno venezolano. Mi escrito causó la furia del entonces presidente Caldera, quien, en un discurso pronunciado al día siguiente, en la Décima Convención Nacional de Periodistas, dijo: "A mí me duele profundamente cuando veo a venezolanos que llegan a adquirir la posibilidad de escribir o informar para órganos de prensa internacional (...) diciendo que Venezuela va al desastre. Eso es una traición a la patria, eso es un crimen contra Venezuela. Creen que por hacer daño a un Gobierno tienen derecho a presentar toda una serie de infamias. Y espero que algún día el tribunal disciplinario del Colegio Nacional de Periodistas dé una sanción moral expulsando a esos criminales que usan las columnas de la prensa extranjera para denigrar a Venezuela, para presentar un panorama negativo de nuestro país". El presidente Caldera, evidentemente, ignoraba que en Estados Unidos no hay que ser miembro de colegio ni sindicato alguno para escribir en los periódicos, ya que la Primera Enmienda de la Constitución garantiza las libertades de expresión y prensa.

El cáncer del intervencionismo

En Venezuela, así como en muchos otros países latinoamericanos, la democracia que logramos tras la desaparición de las viejas dictaduras militares falló a la hora de garantizarnos el principal derecho humano: el de ganarnos la vida en el trabajo de nuestra preferencia, para luego disfrutar libremente de la propiedad que hayamos adquirido con nuestro propio esfuerzo. El termómetro de nuestros recientes y actuales quebrantos estatistas, a la vez que el más confiable indicador del bienestar y el crecimiento económico latinoamericanos, o, por el contrario, del aumento de la corrupción, el hambre y la miseria, es el grado de libertad de mercado de que gozan nuestros países. Es decir, el nivel o cantidad de trabas burocráticas, permisos, aranceles, licencias, autorizaciones, cuotas, regulaciones, concesiones, franquicias, colegiaturas, sindicatos únicos y demás artificios con que los funcionarios públicos discriminan en contra del pueblo, impidiendo el libre acceso tanto al trabajo como al mercado y despojando a las gentes de su más importante derecho civil, el de ganarse la vida haciendo lo que más les gusta, lo cual suele también ser lo que mejor hacen.

En nombre de la justicia social, el Gobierno venezolano anunció hace pocos días que se va a imponer por decreto la Ley de Estabilidad en el Trabajo, bajo la cual nadie podrá ser despedido, trasladado de cargo o desmejorado en sus condiciones sin la previa autorización del Ejecutivo. Esta nueva normativa reemplazará a la inamovilidad general vigente desde el año 2003. Con razón la semana pasada el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Americana declaró a Reuters que Chávez ha sido "un gran promotor de la inversión extranjera en Colombia", en referencia al traslado desde Caracas a Bogotá de varias empresas norteamericanas, que temen las consecuencias del manifiesto colapso del Estado de Derecho en Venezuela.

El triste resultado del extremismo intervencionista queda reflejado claramente en las estadísticas de la Confederación Venezolana de Industriales: de las 11.000 industrias que existían en el país en 1998, hoy quedan menos de 7.000, y el número de empleos perdidos en ese sector pasa de 500.000 en los últimos diez años. Por su parte, las estadísticas del Gobierno muestran más bien una disminución del desempleo, debido a que el número de trabajadores públicos ha aumentado un 45% bajo la presidencia de Hugo Chávez. Sin embargo, más de la mitad de los trabajadores forman hoy parte de la economía informal.

La avanzada socialista siempre enarbola la bandera de la justicia social, cuya popularidad se debe en parte a que no tiene una definición clara y precisa. Cada político la define según le conviene en cada momento, para lograr apoyo a un proyecto de ley o la regulación de alguna actividad.

La expresión justicia social fue utilizada por vez primera por un sacerdote siciliano, Luigi Taparelli, en 1840, y pronto se la apropiaron las élites intelectuales que aspiraban a conducir el mundo hacia la utopía del "socialismo científico", en que la razón y las mentes privilegiadas regirían el universo. Ellos sabían mejor que nadie lo que realmente convenía a la plebe ignorante. Así, la justicia social estuvo ligada desde temprano a la economía dirigida y planificada. Según los políticos en ejercicio, el individuo importa poco cuando anda de por medio el bien común.

En un principio había mucho de buenas intenciones en el manejo del concepto justicia social. Se pretendía, por ejemplo, que la gente acomodada contribuyera, a través de fundaciones caritativas privadas, al mantenimiento de colegios y hospitales, o a la adaptación de los campesinos a los nuevos centros industriales. El profesor Hayek fue uno de los primeros en denunciar la justicia social cuando ésta dejó de ser una virtuosa decisión personal de ayudar al prójimo para convertirse en la imposición, desde las alturas del poder, de un ideal abstracto y manipulable. Se creó así una falsa imagen de la gente común como víctima; y es que cuando hay víctimas ha de haber también victimarios.

El filósofo polaco Leszek Kolakowski ha dejado escrito que el paradigma fundamental del comunismo estará por siempre garantizado, porque tu sufrimiento es causado por los opresores y las cosas malas que te suceden no son culpa tuya, sino de los ricos de tu país, o peor aún, de los ricos de ultramar. Sin embargo, los remedios comunistas, nazis y fascistas para acabar con la injusticia social condujeron a hambrunas, campos de concentración y cientos de millones de muertos, resultados infinitamente peores que el mal fantasmagórico inventado por los intelectuales como excusa para detentar el poder.

En el tercer volumen de Las principales corrientes del marxismo, publicado en 1978, Kolakowski afirmaba: "Actualmente, el marxismo ni interpreta ni cambia el mundo: es meramente un repertorio de consignas que sirve para organizar intereses variados". Hayek, por su parte, dejó escrito lo que sigue: "Una de las grandes debilidades de nuestro tiempo es que no tenemos la paciencia ni la fe para crear organizaciones voluntarias con los fines que valoramos, sino que de inmediato pedimos al Gobierno que utilice la coerción (o fondos sustraídos coactivamente) para cualquier cosa que parezca deseable a muchos. Sin embargo, nada tiene peor efecto sobre la participación ciudadana que cuando el Gobierno, en lugar de ofrecer meramente la estructura esencial para el crecimiento espontáneo, se vuelve monolítico y se encarga de todas las necesidades, las cuales en realidad pueden sólo ser satisfechas por el esfuerzo común de muchos".

Para Hayek, la justicia es siempre individual, y "nada ha destruido más [las] garantías constitucionales de libertad individual que el intento de alcanzar el espejismo de la justicia social". El mercado premia a quienes mejor satisfacen los requerimientos y necesidades de los consumidores; manipular los premios significa fomentar la ineficiencia y la pobreza. Ya vimos con horror los logros de Stalin, Mao y Castro bajo el lema marxista "De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad".

Hoy es políticamente incorrecto mencionar una triste realidad: que las dictaduras militares del pasado, y pese a que causaron mucho daño, a menudo tuvieron la ventaja de que sus gobernantes se contentaban con ejercer el poder político con mano dura, mientras que permitían una amplia libertad económica a la ciudadanía. Algunos amigos del palacio presidencial disfrutaban, desde luego, de la concesión de ciertos y determinados monopolios y oligopolios, pero predominaba la libre competencia, había importaciones sin cuotas ni aranceles y el flujo de inversiones extranjeras no paraba de crecer, lo cual no solamente redundaba en mejoras salariales, sino que fomentaba la creación de una fuerza laboral cualificada y productiva que no aspiraba a vivir de las dádivas de los políticos, sino de su propio esfuerzo.

A fines de los años 50 había más inversión norteamericana en Venezuela que en todo el resto de América Latina. Y pienso que la mejor universidad que por muchos años tuvimos los venezolanos fue la Creole Petroleum Corporation, subsidiaria de la Standard Oil. Técnicos y administradores que escalaban posiciones en la Creole solían recibir las más atractivas ofertas de trabajo de parte de empresarios criollos que querían asegurarse de contar con gerentes y administradores competentes. Tal concentración del talento en la industria petrolera fue una de las razones del éxito venezolano en ese campo, pero el lanzamiento del cártel de la OPEP y la politización de nuestra principal industria pronto comenzarían a cambiar el panorama económico nacional.

Es importante recordar que la fundación de la OPEP, el 17 de septiembre de 1960, fue idea del entonces ministro venezolano de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien convenció a cuatro mandatarios del Medio Oriente para formar un cártel que asegurara unos ingresos altos a los países productores de petróleo. En 1960 las exportaciones venezolanas de crudo representaban el 60% del comercio petrolero internacional, mientras que los países árabes exportaban a unas pocas naciones europeas.

En 1974 el presidente Carlos Andrés Pérez, que había sido ministro del Interior con Rómulo Betancourt, procedió a estatizar la industria petrolera. He aquí la prueba de que la clase política que surgió a raíz de la caída del régimen dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, no se contentaría con ejercer el poder político, sino que también ambicionaba el poder económico. Mucho antes, en 1961, el presidente Betancourt anunció que no se otorgarían nuevas concesiones a las empresas petroleras extranjeras, y éstas, lógicamente, comenzaron a repatriar sus capitales y a buscar otras áreas de exploración, lo cual causó una gran presión sobre el bolívar, que sufrió entonces su primera devaluación del siglo XX.

Uno de los pilares fundamentales de toda economía floreciente es la solidez de su moneda. El bolívar venezolano, hoy convertido en miserable chavito, mantuvo su valor de un gramo de oro a lo largo de 82 años, desde 1879 hasta 1961. Desde entonces, su valor oficial con respecto al dólar ha caído un 63.500%, y su poder adquisitivo en más del doble de eso. Éste es el verdadero indicador del robo perpetrado por los gobernantes al pueblo venezolano. Y, como sabemos, los más afectados por la inflación no son los ricos con propiedades inmobiliarias y cuentas en dólares en el exterior, sino los más pobres, que ven desaparecer sus pequeños ahorros.

Para financiar los crecientes gastos del Estado, la clase política latinoamericana suele preferir la inflación a la subida de los impuestos. La inflación no tiene que ser aprobada por legislatura alguna, y afecta menos a los amigos del palacio presidencial. Ahora bien, requiere que se politice el Banco Central, lo cual, en el caso venezolano, ocurrió a mediados de los años 70, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Desde entonces, para ganar elecciones se ha dado en poner a funcionar a todo trapo la máquina de imprimir billetes. La serie de frecuentes devaluaciones del bolívar arrancó con el mandatario socialcristiano Luis Herrera Campins, en 1983.

En la década de los años 50 la inflación era inferior en Venezuela que en Estados Unidos. Por el contrario, en apenas el primer semestre de 1996 la inflación venezolana superó la que habíamos experimentado a lo largo de los 27 años que van desde 1946 hasta 1973. Con todo, debo reconocer que los gobernantes venezolanos no han sido los más ladrones de América Latina. El Che Guevara, al ser nombrado presidente del Banco Central de Cuba (1959), procedió a borrarle dos ceros al peso cubano, y en Argentina le borraron 17 ceros a la moneda entre 1971 y 1991.

La politización de la justicia fue el tercer pie del trípode sobre el que se asentaría el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. El general Marcos Pérez Jiménez tuvo un honorable ministro de Justicia, Luis Felipe Urbaneja, que creó un sistema judicial regido por magistrados honrados e imparciales. En el campo político se cometieron detestables injusticias durante la dictadura militar, pero no ocurría lo mismo en los tribunales.

En 1968 el partido Acción Democrática perdió las presidenciales, pero retuvo la mayoría en el Congreso... y la utilizó para ponerle la mano encima al sistema judicial, a través de una ley que vinculaba el nombramiento de los jueces con los resultados electorales. Así se enterró en Venezuela el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Se politizó y se corrompió el sistema judicial. Se nombraron magistrados con criterios políticos, a tenor de lo reflejado en los comicios. La consecuencia casi inmediata de ese cambio en la selección de los jueces fue la compraventa de sentencias. La gente influyente y los conocedores del medio sabían a qué abogados acudir en caso de vérselas ante cualquier problema legal, mientras que los pobres languidecían en las cárceles durante años sin ir a juicio. Según distinguidos abogados caraqueños, ya en los años 90 una orden de detención en las cárceles de la capital podía equivaler a una virtual condena a muerte.

Libertad, ¿para qué?

Es comprensible el culto a la democracia en una región del mundo que desde los tiempos de la independencia ha sufrido frecuentes y crueles dictaduras, pero, como solía decir mi difunto amigo –y brillante economista– Arthur Seldon: "No basta con implantar la democracia política. El mercado garantiza mejor la libertad de los ciudadanos". La libertad económica suele conducir a la libertad política, como se vio en Chile, pero ésta no conduce necesariamente a aquélla, como vemos en el triste caso venezolano y en el de muchas otras naciones del hemisferio.

No hay duda de que los ciudadanos disfrutamos de nuestra libertad política en importantes –pero contadas– ocasiones: elegimos a nuestros alcaldes, congresistas y presidentes cada cierto número de años; pero la libertad económica la ejercemos en infinidad de ocasiones y todos los días. La incongruencia de la filosofía política que prevalece en gran parte de América Latina radica en el hecho de que nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho de y estamos capacitados para elegir a los gobernantes y legisladores, pero ellos, una vez encaramados al poder, son quienes determinan lo que podemos hacer o no con nuestras vidas y propiedades, por lo que con inusitada frecuencia utilizan la excusa del bien común para aplastar nuestra libertad y nuestros derechos civiles.

Pienso que la principal razón por la cual nuestro hemisferio no avanza hacia la prosperidad económica que están alcanzando muchos países de otros continentes que solían ser mucho más pobres se debe a que nuestros políticos y gobernantes no creen en los gobiernos limitados. Como claramente lo expresaron hace más de dos siglos los próceres fundadores de Estados Unidos, la razón de ser del Gobierno es la defensa de los derechos del ciudadano a la vida, a la propiedad y a la búsqueda de su felicidad. Los países ricos quizás se puedan, hoy, dar el lujo de no respetar tales principios fundamentales, aunque hasta los políticos franceses se están dando cuenta de que cuando el gasto del Estado del Bienestar alcanza el 54% de Producto Interno Bruto desaparece el crecimiento económico –entre tanto, los jóvenes emigran o viven de la caridad pública porque no consiguen empleo, a pesar de la políticamente atractiva jornada laboral de 35 horas–. Quizá ellos puedan. Nosotros, no.

Algunos de los tradicionales enemigos del verdadero bienestar latinoamericano forman parte, desde hace décadas, de las burocracias de Naciones Unidas y demás organismos internacionales. Tales voces se unen a las de los reciclados burócratas latinoamericanos que antes imponían sus fracasadas ideas dirigistas en sus países de origen y hoy lo hacen a muchos más desde elegantes oficinas de Nueva York, Washington, Ginebra, París o Bruselas y disfrutando de suculentos cargos libres de impuestos. La repetitiva fórmula suele ser más créditos a los Gobiernos, más leyes, más regulaciones... y más conferencias en los más deliciosos hoteles del mundo. También se empeñan en tratar de imponernos las bonitas reglas de los países desarrollados, pero si éstas hubieran estado en vigor hace cien o doscientos años habrían logrado paralizar o destruir la Revolución Industrial e impedido la transición desde unas economías agrícolas pobres a otras desarrolladas e industrializadas que hoy en día avanzan hacia la preponderancia de los servicios.

Lamentablemente, la cultura latinoamericana del siglo XXI es anticapitalista, porque la población ha sido convencida por nuestros locuaces políticos de que el capitalismo promueve la desigualdad y de que sus bienintencionadas políticas públicas dirigistas y socialistas son capaces, a base de programas sociales y redistribuciones de la riqueza, de reducir la pobreza.

Los partidos políticos tradicionales de Venezuela, Acción Democrática y Copei, que antes se alternaban en el poder, solían dedicarse a concentrar en sus manos el poder político y económico, y dejaban prácticamente mano libre a la extrema izquierda en el campo educacional. La sanguinaria guerrilla castrista fue derrotada militarmente en Venezuela hace muchos años, pero buena parte de sus líderes, con la vista puesta en el largo plazo, se dedicó desde entonces a cambiar la manera de pensar de la juventud, prestando especial atención a los jóvenes oficiales.

La educación pública promueve la idea de que la libertad es un valor perfectamente divisible y de que lo importante es la libertad política, mientras que la económica es algo que desean solamente los ricos y los empresarios, para que los bondadosos funcionarios públicos se vean imposibilitados de proteger al pueblo. Hoy es grato ver a los universitarios venezolanos abanderando la lucha por la libertad de expresión, manifestándose ardorosamente contra las políticas y atropellos del Gobierno, pero por varias décadas la educación primaria, media y universitaria estuvo básicamente regida por intelectuales de izquierda que creen firmemente que el futuro de la nación depende de que el poder político y económico esté cada vez más concentrado en sus clarividentes líderes, de que quienes saben lo que más conviene a las masas puedan darse a la ingeniería social sin cortapisas. Se trata de gente que siente un profundo desprecio por los conceptos de libertad individual, igualdad ante la ley, propiedad privada y libre mercado.

En nuestros colegios y universidades se suele hablar de las injusticias sociales que se produjeron durante la Revolución Industrial. El caso es que fue entonces cuando, por primera vez en la historia, el ingreso per cápita comenzó a aumentar significativamente, y el nivel de vida de los obreros empezó a ser muy superior al de los trabajadores del campo. Esa curva ascendente del ingreso per cápita se hizo más perceptible a medida que aumentaba el capital invertido; también crecían la productividad y la demanda, y, en consecuencia, los salarios y el bienestar de los trabajadores.

A medio y largo plazo, la única manera de aumentar los salarios reales pasa por incrementar la productividad de la mano de obra, lo cual se logra solamente con entrenamiento y con mayores inversiones en maquinarias y equipos. Ante el crecimiento de la demanda, el empresario evalúa constantemente si es preferible aumentar el número de trabajadores o invertir en maquinaria más sofisticada. Si luego baja la demanda, la maquinaria puede ser utilizada durante menos horas; ahora bien, en muchos países se dificulta o se hace inmensamente costoso despedir a un trabajador. Esto pareciera beneficiar a la clase obrera, pero bajo tales condiciones se crean muchos menos empleos, porque los empresarios prefieren invertir en equipos y contratar menos personal. Otra parte de esa tragedia es que las leyes laborales socialistas, en la práctica, imponen un matrimonio obligado entre patronos y trabajadores; estos últimos, entonces, no dan el salto a puestos mejores en industrias emergentes y con gran futuro, pues no quieren perder las prestaciones y beneficios que han ido acumulando.

La globalización ha vuelto a poner en el candelero el concepto de destrucción creativa, enunciado por Schumpeter en 1912. Y es que las innovaciones que surgen por doquier convierten con celeridad inventarios, ideas, técnicos y equipos en cosas obsoletas. Si a esto le agregamos la inflexibilidad de unas dañinas leyes laborales, tenemos el fracaso asegurado. Sin embargo, en América Latina seguimos sometidos a unas normativas demagógicas que imponen altas indemnizaciones y otros beneficios contractuales, sean económicamente viables o no, a la vez que se multiplican las regulaciones, que aumentan los costos de operación, reducen la rentabilidad, agravan el fenómeno de la corrupción, disparan el crecimiento del sector informal, exacerban la disparidad de ingresos y ahuyentan las inversiones. Ésta es, realmente, una fórmula segura para el fracaso.

El éxito futuro depende del libre funcionamiento del mercado a través de la ley de la oferta y la demanda, que permite el flujo de la indispensable información aportada por los precios libres, lo que a su vez posibilita la óptima utilización de los recursos limitados. Al concentrarnos en lo que comparativamente podemos producir más eficientemente, e importando todo lo demás, avanzaríamos rápidamente hacia una mucho mayor y más generalizada prosperidad.

Socialismo y mercantilismo: dos enemigos formidables

El mundo socialista y planificado es altamente retrógrado y conservador, pues cierra la puerta a las innovaciones, que por definición no pueden formar parte de un plan centralizado.

Las Constituciones socialistas han desempeñado un importante y negativo papel en América Latina. Si bien comenzamos la vida independiente al amparo de Constituciones bastante parecidas a la de Estados Unidos –la cual, como dije antes, fue principalmente redactada para proteger al ciudadano de los abusos de los gobernantes–, aquéllas fueron reemplazadas por otras crecientemente demagógicas, verdaderas piñatas que, supuestamente, nos garantizarían todos los derechos sociales imaginables. Y es que fueron redactadas por políticos que jamás se vieron obligados a sobrevivir en un mercado competitivo ni a hacer frente al pago de una nómina.

En 1961, la nueva Constitución venezolana, de corte claramente socialista, introdujo una gran cantidad de los llamados derechos sociales, tales como el derecho al trabajo, a la atención médica, a la vivienda, a recibir un salario justo, etc. El artículo 99 describía la "función social" de la propiedad, mientras que los pocos artículos referentes a la libertad económica fueron suspendidos durante los siguientes 30 años. De hecho, todas las Constituciones venezolanas, desde la de 1936, permiten la suspensión de derechos y garantías constitucionales en caso de "emergencia nacional", por lo que no nos debe extrañar que nuestros gobernantes se hayan acostumbrado a mantenernos en medio de emergencias nacionales para así poder gobernar por decreto. Por otra parte, cumplir con la letra de nuestras Constituciones suele implicar la quiebra del Estado. Así las cosas, una importantísima función de los gobernantes y burócratas es decidir cómo repartir los premios y castigos entre los diferentes grupos: los sindicatos, la burocracia, los sin techo, los campesinos, los indígenas, los ambientalistas, los empresarios, los dueños de los medios de comunicación, los banqueros, etc.

En Venezuela vamos por la Constitución número 26, la cual está en proceso de ser cambiada por otra, aún más socialista, que permita a Chávez reelegirse de por vida, con lo que desaparecerá definitivamente todo vestigio de equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los presidentes de Ecuador y Bolivia imitan a Chávez, quien a su vez avanza precipitadamente por el camino del miserablemente fracasado "Socialismo o muerte" trazado por Fidel Castro en Cuba hace ya casi medio siglo.

Los salarios mínimos y las excesivas regulaciones producen desempleo y fomentan la informalidad; los altos impuestos del Estado del Bienestar impiden el ahorro, mientras que los servicios públicos recibidos a cambio suelen ser deficientes; los controles de precios producen escasez; la politización del sistema monetario empobrece a la ciudadanía y alienta la huida de capitales, mientras que la redistribución de la riqueza ha sido el mayor de los fraudes, porque sólo los políticos y sus amigos han resultado beneficiados.

Nuestra clase política y nuestros intelectuales suelen culpar a Estados Unidos de los males que afectan a América Latina. Desde el fin de la Segunda Guerra hasta los años 80 prevaleció en gran parte de la región la llamada teoría de la dependencia, promovida por la Cepal y, especialmente, por su director desde 1948 hasta 1962, el economista argentino Raúl Presbich, un abanderado del proteccionismo que definía el intercambio comercial como la explotación de los países pobres por parte de los países ricos, que nos exportaban productos manufacturados caros a cambio de materias primas baratas. El supuesto remedio fue la sustitución de importaciones: se impusieron permisos, licencias de importación, altos aranceles y cuotas para proteger a la industria nacional, que recibía abundante y barato financiamiento de los bancos estatales. Claro que, sin competencia extranjera, el mercado nacional tiende a la concentración y a los monopolios. Así, vimos aparecer a millonarios mercantilistas que rápidamente se dieron cuenta de que es mucho más fácil y remunerador convencer a un ministro o a unos pocos funcionarios encargados de fijar precios y repartir subsidios que a cientos de miles de consumidores, empeñados en obtener óptima calidad a precios bajos.

Lo que trato de decir es que entre los peores enemigos del capitalismo en América Latina sobresalen nuestros pseudocapitalistas mercantilistas. En los años 70 surgieron en Venezuela los llamados Doce Apóstoles del presidente Carlos Andrés Pérez, empresarios que gozaron de inmensos privilegios y jugosos monopolios. Por su quedaran dudas de su increíble habilidad, ahí vemos a alguno que otro de ellos enchufado con Hugo Chávez. No es de extrañar que un conocido escritor y editor venezolano haya llegado a afirmar: "Los doce apóstoles de Carlos Andrés Pérez se han convertido en los cuarenta ladrones de Hugo Chávez".

Pienso que varios de los peores ministros de Hacienda y Fomento que tuvimos los venezolanos en los años 70 y 80 fueron altos ejecutivos de importantes grupos empresariales, que utilizaban descaradamente sus cargos para beneficiar a sus socios y jefes, quienes gozaron de privilegios especiales en la asignación de dólares durante el control de cambio, así como de licencias de importación, subsidios y créditos baratos concedidos por los bancos estatales y la Corporación Venezolana de Fomento. Posteriormente, las llamadas políticas neoliberales de los años 90 con frecuencia siguieron dando la espalda al libre mercado, desprestigiando así la percepción del capitalismo en la mente del pueblo, ya que los monopolios y empresas estatales, que en México llegaron a ser más de 500, a menudo se convirtieron en monopolios y oligopolios privados que, aunque mejoraron la calidad de bienes y servicios y despidieron a gran parte de la innecesaria burocracia de las viejas empresas estatales, también multiplicaron sus precios y tarifas.

El símbolo del mercantilismo continental es probablemente el mexicano Carlos Slim. En abril, la revista Forbes lo colocó en el segundo lugar entre la gente más rica del mundo, con una fortuna personal de más de 53.000 millones de dólares. Pero en junio el medio financiero mexicano Sentido Común reportó que Slim, poseedor de 67.000 millones de dólares, había reemplazado a Bill Gates como el hombre más rico del mundo; y agregaba que aquél y su familia son dueños de "casi el 8% del producto interno bruto de México".

No hay duda de que los mexicanos pagan las tarifas telefónicas más altas no sólo del continente, sino de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, lo cual ha permitido al grupo Telmex acometer, a partir del año 2000, una agresiva política de adquisición de empresas telefónicas por casi toda América Latina.

El llamado neoliberalismo latinoamericano hizo bastante daño y causó mucha confusión. (Por lo que hace a Estados Unidos, la izquierda se ha apoderado ya hace mucho del término liberal, ilustre vocablo de origen castellano que siempre fue antónimo de servil). Pero el verdadero liberalismo no ha cambiado demasiado desde el siglo XVIII: el individuo es la fuente de sus propios valores morales; el libre intercambio entre individuos optimiza la eficiencia y la libertad; el mercado es un orden espontáneo para el mejor aprovechamiento de unos recursos escasos; el libre intercambio entre naciones maximiza la riqueza a través de la división internacional del trabajo, al mismo tiempo que reduce las tensiones políticas y la intolerancia nacionalista; las funciones del Gobierno están estrictamente limitadas a lo que los individuos no pueden hacer por sí mismos: velar por la defensa nacional, mantener el Estado de Derecho para la protección de los individuos y de las propiedades de éstos garantizando el cumplimiento de los contratos libremente acordados y promulgando leyes claras y constantes aplicables a todos por igual, emitir una moneda estable y confiable que estimule el ahorro y el esfuerzo individual... Para evitar confusiones, los liberales clásicos de hoy se suelen llamar libertarios.

Qué hacer

Creo firmemente que el impresionante crecimiento económico que están logrando varios países ex comunistas se debe a su rápido avance hacia ese ideal libertario. Una vez escuché decir a Mart Laar, exitoso primer ministro de Estonia durante dos períodos, lo complacido que se sentía de haber comprobado que "las ideas de Milton Friedman funcionan". El Congreso chino reconoció este año el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada, y Albania acaba de establecer una tasa única para el impuesto sobre la renta del 10%, tanto a las personas naturales como a las empresas, tras comprobar que la reducción y unificación de la tasa impositiva ha conducido en varios países a un aumento considerable de la recaudación total. Esto se debe a dos razones: se reduce drásticamente la evasión y se multiplican las inversiones.

Por cierto, que el primer lugar en que se implantó un impuesto de tasa única y pareja fue Hong Kong, donde el ingreso per cápita equivalía en 1960 al 28% del de Gran Bretaña: para 1996 ya representaba el 136% del británico, debido a las políticas de libre mercado instrumentadas por John Copperthwaite.

El exitoso despegue de la pequeña Estonia ha sido igualmente espectacular. Su ex primer ministro Laar admite que no es economista, y que ha leído un solo libro de economía, Libertad de elegir, de Milton Friedman. "Yo era tan ignorante que creía que los beneficios derivados de la privatización, el impuesto de tasa única y la abolición de las barreras a las importaciones eran producto de reformas económicas practicadas en Occidente –ha declarado Laar en alguna ocasión–. Como para mí eran de sentido común, creía que habían sido instrumentadas en todas partes. Y, sencillamente, las introduje en Estonia, a pesar de las advertencias de nuestros economistas de que no se podía hacer. Decían que era tan imposible como tratar de caminar sobre el agua. Lo hicimos, y, simplemente, caminamos sobre el agua porque no sabíamos que era imposible".

En América Latina tenemos el estupendo ejemplo de Chile, una nación tradicionalmente pobre que al liberar la economía logró disparar un crecimiento sostenido. En ese nuevo Chile surgió, bajo el liderazgo de José Piñera, la revolución mundial de las pensiones, que ya se ha extendido a ocho países latinoamericanos, donde más de 50 millones de trabajadores cuentan con más de 100.000 millones de dólares ahorrados en cuentas individuales. Asimismo, varios países ex comunistas han privatizado sus sistemas de retiro. En este campo, Colombia y varias otras naciones latinoamericanas están ya por delante de Estados Unidos.

Lamentablemente, el Gobierno de Estados Unidos nunca se ha preocupado de vender las ventajas capitalistas del libre comercio y la libertad de empresa en América Latina. Por el contrario, desde los tiempos de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, cualquier ayuda económica de Washington ha estado sujeta a que los Gobiernos latinoamericanos suban los impuestos; y a menudo han tratado de imponernos reformas agrarias que ni siquiera Franklin Roosevelt consideró convenientes para su país.

En cualquier caso, los miles de millones de dólares que se han destinado a los programas de ayuda extranjera desde el final de la Segunda Guerra no han conseguido cambiar nada en el mundo. Y es que, como bien decía el más brillante economista del desarrollo, Peter Bauer, "el argumento de que las donaciones externas son necesarias para el progreso de los países pobres confunde causa y efecto". Son los logros económicos lo que produce activos y dinero, no a la inversa.

En Estados Unidos se habla mucho ahora de "nivelar el campo de juego", lo cual quiere decir que algunos sindicatos y sectores industriales y agrícolas superprotegidos y poco competitivos aspiran a seguir aprovechándose de las actuales y futuras barreras a la importación. Nivelar el campo de juego significa en realidad aumentar el desempleo y la pobreza en América Latina.

Si Washington creyera realmente en las ventajas del capitalismo, sus representantes abrirían las hasta ahora exageradamente largas y complejas negociaciones de los tratados bilaterales de libre comercio diciendo a sus contrapartes algo como lo siguiente: "Lo que más claramente conviene a los norteamericanos es poder comprar los mejores productos y servicios del mundo al precio más bajo posible, por lo que procederemos a eliminar cualquier traba o barrera a la libre importación de productos y servicios provenientes de su país. Y, en beneficio de su propia gente, les sugerimos, aunque en ningún momento se lo trataremos de imponer, que ustedes hagan exactamente lo mismo. Entonces, finalizada la negociación, procedamos con el brindis".

En América Latina, muchos de nuestros gobernantes y políticos siguen luchando contra enemigos imaginarios. Antes se culpaba al imperialismo yanqui, que supuestamente nos obligaba a intercambiar materias primas baratas por productos manufacturados caros; hoy, el enemigo es la globalización, los subsidios agrícolas de los países ricos y las "asimetrías". En cuanto a los subsidios agrícolas, si, por ejemplo, permiten a los latinoamericanos comprar pan más barato porque se elabora con trigo subsidiado por los contribuyentes norteamericanos, ello debería ser más bien aplaudido y apoyado por quienes pretenden defender a los pobres de sus propios países. El tema de las asimetrías es todavía más absurdo. Equivale a decir que si un hombre rico, al volante de su Rolls-Royce, se para en un semáforo y le compra una caja de chicles a un jovencito en alpargatas, se está aprovechando de él, y perjudicándole. Así como los dictadores del siglo XX nos decían que los latinoamericanos no estábamos listos para la democracia, los políticos de hoy insisten que no estamos listos para la libertad económica.

El problema latinoamericano es profundo y difícil de combatir, porque las principales trabas al bienestar y a la prosperidad forman parte de nuestras instituciones: nuestros Gobiernos, nuestras leyes y Constituciones, nuestros sistemas judiciales politizados, nuestros sistemas de educación pública, que a lo largo de varias generaciones han deformado la manera de pensar de la ciudadanía... Lejos de promover la responsabilidad individual, la propaganda política que se introduce en la educación pública enseña a los niños que el Gobierno es el tío rico y bondadoso que siempre estará allí para ayudarles, cuidarles y posibilitarles la felicidad. El problema, claro está, es que el Gobierno sólo puede darme a mí lo que antes le quitó a usted.

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comentarios
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EXCELENTE ARTICULO
VICTOR SERGIO LAZCANO

ES MUY IMPORTANTE RECONOCER EL GRAN CRITERIO DE LOS COMENTARIOS DEL AUTOR DEL ARTICULO.
UNICAMENTE LA VERDAD ES LA VERDAD.
Y LO DE CARLOS SLIM ES PURO PRESTANOMBRES.
EL REAL DUEÑO DE ESA FORTUNA ES C.SALINAS DE G.?