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La Ilustración Liberal

Varia

Economía política de la independencia de Cataluña

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Introducción

El derecho a la autodeterminación y, consecuentemente, a la secesión fue reivindicado tradicionalmente a partir de lo que podríamos considerar como una política de identidades; es decir, de una apelación a las razones históricas, religiosas, lingüísticas, culturales y raciales que sustentaban el hecho nacional y el derecho a constituir un Estado independiente. Sin embargo, como se ha destacado recientemente con referencia a las regiones de países europeos donde se han producido tensiones separatistas, ese tipo de argumentos han cedido el paso a otros de naturaleza económica centrados en las ventajas que se obtendrían con la independencia para el bienestar de sus ciudadanos (Rodríguez-Pose y Sandall, 2008). En el caso de Cataluña, ello es evidente, tal como se verá más adelante, de manera que se ha argumentado que la región, separada de España, vería incrementado su producto por habitante, aproximándose así a los países europeos más avanzados. Y en esa discusión ha ocupado un lugar central la idea de que el saldo fiscal negativo que la región mantiene con el conjunto de España, frena su desarrollo. Una idea que además ha encontrado una exitosa formulación política, "Espanya ens roba", que ha servido de banderín de enganche para la mayor parte de los ciudadanos que aspira a la independencia.

En efecto, una modelización compleja de las características sociodemográficas de la población adulta catalana –obtenidas a partir de los resultados del Baròmetre d'Opinió Política elaborado por el Centre d’Estudis d’Opinió (primera oleada de los años 2013 y 2014)– arroja como resultado el siguiente perfil de los individuos partidarios de la independencia de Cataluña (Sánchez Cartas, 2015, pp. 33 a 43):

  • Se trata de personas que consideran que su única lengua propia es el catalán,
  • que se sienten únicamente catalanes,
  • que consideran que los recursos fiscales de Cataluña deben quedarse en Cataluña,
  • y que el nivel de vida de Cataluña mejorará con la independencia.
  • Además, su edad típica está entre los 35 y los 49 años y su condición sociolaboral es la de trabajador.

Obsérvese que la configuración del cluster independentista no depende sólo de elementos identitarios, como la lengua o el sentimiento de pertenencia, sino que en él desempeñan un papel, con igual o incluso superior intensidad, la idea de que el saldo fiscal (España nos roba) perjudica a Cataluña y su corolario de que, eliminándolo, los catalanes incrementarán su bienestar económico. Además, Sánchez Cartas (2015, p. 44) destaca la transversalidad del independentismo –en el sentido de que, sobre él, no ejerce ninguna influencia el nivel educativo de los individuos–, así como su desvinculación de cualquier propósito de negociación de alguna ventaja política con el Estado.

Por ello, para la delimitación de la economía política de la independencia de Cataluña se hace necesario indagar acerca de la formación de las ideas relativas al saldo fiscal de la región y a su eventual perjuicio sobre el desarrollo de la economía catalana, antes de entrar en el análisis de las ventajas que podría obtener ésta con su secesión de España1.

De la balanza fiscal a "España nos roba"

Tal indagación ha de retrotraerse hasta la figura de Jaume Alzina. Este economista –más bien contable2–, nacido en Mahón (Menorca) en 1899, desarrolló su carrera profesional bajo la órbita de Francesc Cambó en la segunda mitad del decenio de 1920, y ocupó la jefatura del Servicio de Estudios de la Generalitat de Cataluña a la entrada en vigor del Estatuto de Nuria, en septiembre de 1932, lo que le condujo a formar parte de la Comisión Mixta de Traspaso de Servicios del Estado a la Generalitat durante los dos años siguientes. Ello le permitió un conocimiento suficientemente detallado de las cuentas públicas, que plasmó en la que sería su primera y, seguramente, principal obra: L’economia de la Catalunya autónoma, publicada en 1933 en los talleres de la Tipografía Emporium de Barcelona, la conocida imprenta en la que se confeccionaba el material propagandístico de la Lliga Regionalista. De este partido conservador era diputado Josep Maria Tallada, el prologuista de Alzina, quien consideraba que su libro era "indispensable (…) para todos los catalanes, que, ahora más que nunca, es necesario que tengan un claro conocimiento de los defectos de nuestra economía, para contribuir a subsanarlos, y de las posibilidades de nuestra tierra, para poder convertirlas en realizaciones" (Alzina, 1933, p. 11).

Este entusiasmo valorativo de Tallada –compartido, por cierto, por Artal i Vidal– parece excesivo, pues L’economia fue una obra de muy escaso mérito analítico e, incluso, informativo. Sin embargo, pasará a la historia porque en ella se cuantifica por primera vez, aún de manera poco rigurosa, el déficit fiscal de Cataluña, entendido éste como la diferencia entre la aportación impositiva de los catalanes a la Hacienda del Estado y el gasto público que retorna a la región. Para Alzina, ese déficit se establecía, según los datos de 1930, a partir de una contribución catalana del 18,8 por ciento a los ingresos del Estado no compensada por los gastos de éste en Cataluña, que eran sólo el 5,5 por ciento del total. "La injusticia que la Monarquía cometía en Cataluña", señalaba Alzina, "no podía ser más clara", y añadía a continuación que el régimen monárquico "favorecía a otras regiones a costa de los deficientísimos servicios que prestaba a Cataluña" (Alzina, 1933, pp. 77-79). Pero su crítica se extendía también sobre la República, pues a la altura de 1933 las cifras apenas habían variado, aunque en este caso se delimitaba aún más la causa de los males catalanes, pues, según señalaba, el Gobierno "favorece una vez más a Madrid para que sus habitantes puedan desplazarse con más comodidad a las afueras (…) mientras que las demás regiones españolas, y muy especialmente Cataluña, ayudan a pagar todas esas mejoras" (Alzina, 1933, p. 93).

La semilla del agravio había sido plantada y sólo había que esperar a que creciera. Se había identificado la fuente de los males de Cataluña en el déficit fiscal y se había atribuido a un agente exterior –Madrid, que en esencia se concebía como una abstracción– el origen del daño infligido. Ahí estaba para que alguien recogiera el mensaje y lo pusiera al servicio del nacionalismo. El principal actor, en este caso, sería Ramón Trias Fargas, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona, quien, tras militar en Esquerra Democrática de Catalunya, se afilió a la Convergència de Jordi Pujol, donde se convirtió en un referente fundamental del partido.

Trias Fargas fue el gran manipulador que, mediante una acrobacia intelectual injustificable –una impostura, en definitiva–, desvinculó el saldo fiscal de su contexto económico para ponerlo en el altar de las reivindicaciones nacionalistas. Su argumento partía de una consideración ortodoxa de la balanza de pagos en el plano teórico para acabar negando su validez en el terreno empírico de la economía de Cataluña. De esta manera, en su Introducció a l’economia de Catalunya3 –una obra que habría de ejercer una notable influencia entre los economistas catalanes–, señalaba: "La balanza de pagos ha de equilibrarse por definición, o sea que a un superávit en la balanza comercial ha de corresponder un déficit en alguna de las otras cuentas y, en definitiva, ha de producirse una liquidación para conseguir sumas iguales" (ibídem, p. 67). Por consiguiente, si Cataluña tenía un superávit comercial con el resto de España, inevitablemente tendría que ocurrir que, en su balanza, se anotara un déficit en la cuenta financiera4. Ambos saldos están inextricablemente unidos y no puede explicarse el uno sin el otro: la posición dominante de Cataluña en el mercado interior español sólo es, así, posible a partir de los recursos financieros –entre ellos, el saldo fiscal– que la región vierte sobre el resto de España. No hay asimetría, no hay desigualdad, no hay ningún abuso de España sobre Cataluña, no puede sostenerse, de ningún modo, que el Estado español inflige un daño a Cataluña con su voracidad fiscal.

Sin embargo, lo que Trias Fargas hace, para proporcionar argumentos al nacionalismo, es negar en el terreno empírico lo que ha afirmado en el teórico, y señala así que el "superávit [comercial] no es tan importante como podría parecer", de manera que "es más que compensado por el déficit de las otras cuentas" –lo que constituye un imposible metodológico– y, de este modo, "queda, al final, un déficit general, más o menos grande, en nuestra balanza de pagos con el resto de España" (ibídem, p. 68)5. A partir de ahí, la pirueta conceptual conduce a identificar ese déficit general con el saldo fiscal. Y de esta manera Trias Fargas expone un balance de ingresos y gastos del Estado con respecto a Cataluña6 según el cual, entre 1968 y 1970, "el sector público español gastó en Cataluña el 52 por 100 de lo que había recaudado por todos los conceptos". Se trata en concreto de una cifra de 32.093 millones, lo que le conduce a concluir que "el déficit de la balanza exterior de Cataluña quedaría holgadamente compensado si este déficit por cuenta del sector público no existiera", y que "la cantidad [de impuestos] que no vuelve a la región de origen [Cataluña] y que queda en manos de la administración central resulta excesiva" (ibídem, p. 74). Excesiva, ese es el moderado término que Trias Fargas utiliza: el saldo fiscal es excesivo porque, según él, conduce a que la balanza de pagos catalana no se equilibre; a algo imposible, sí, pero que permite atribuir al Estado un papel negativo para la economía catalana. Más aún, unas páginas más adelante, Trias argumentará, ciertamente de una manera confusa, que el ahorro catalán es insuficiente para financiar las necesidades de inversión de Cataluña y que tal insuficiencia se explica por el saldo fiscal. Estamos ante otro, llamémosle hecho, imposible, puesto que necesariamente cualquier superávit comercial se corresponde con un exceso de ahorro sobre la inversión; y si Cataluña mantiene un superávit comercial con el resto de España, necesariamente tendrá que reflejar en sus cuentas un ahorro superior a la inversión. Pero esta inconsistencia metodológica –que es todo un engaño– no le preocupó a Trías Fargas, puesto que su objetivo era argumentar, en favor del nacionalismo –que él, por el momento en el que escribe, seguramente para evitarse problemas con la censura franquista, denomina "nuevo regionalismo"–: "Hemos de procurar perder el mínimo posible de nuestro ahorro fuera de Cataluña [porque] aquí puede encontrarse el punto de coincidencia de todos los catalanes; (…) de los catalanes que tienen antecesores en la colonia romana y de los que acaban de llegar con un billete de tercera". Y añade: "Es la Cataluña de los ricos y la Cataluña de los pobres (...) cuando (…) decimos que el ahorro catalán debe permanecer en Cataluña, decimos algo que le conviene al empresario (…) y decimos algo que igualmente le conviene al asalariado" (ibídem, pp. 83-84).

Desde Trias Fargas al "España nos roba" quedaba, aún, un largo trecho, aunque las bases conceptuales de este aforismo propagandístico estaban ya establecidas, conculcando, por cierto, los fundamentos metodológicos de esa parte de la economía que estudia las relaciones exteriores, tal como acabamos de ver. Pero, aceptada esta impostura, los economistas ya sólo tenían que preocuparse por cuantificar lo mejor posible un déficit fiscal catalán al que se atribuía la expresión cuantitativa de la explotación de Cataluña por el Estado español. Esa tarea de cuantificación no es obvia, pues existen diferentes metodologías para realizarla –la del flujo monetario y la del flujo de beneficio (o carga-beneficio)– y distintos indicadores de imputación de los ingresos y los gastos del Estado, que conducen, lógicamente, a resultados diversos y, eventualmente, muy alejados entre sí7. Por ejemplo, Barberán Ortí (2002, p. 25) muestra que, con datos de 1996, en el caso catalán, esas variaciones metodológicas dan lugar a estimaciones que van desde un superávit equivalente al 0,4% del VAB regional hasta un déficit igual al -7,9% de esa misma macromagnitud. No obstante, a partir de la segunda mitad de la década de 1980, la Generalitat de Catalunya promovió la realización de diversos estudios sobre la balanza fiscal catalana, dando lugar a una serie que arranca en 1986 y que, de momento, acaba en 2014. De acuerdo con Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y uno de sus principales artífices, la opción metodológica seguida en esos trabajos es la que denomina como "escenario soberanista", según la cual se "parte de un escenario as if, ‘como si’ el Gobierno autonómico tuviera acceso potencial a las recaudaciones del Estado en Cataluña y legítimo derecho a participar como tal del beneficio de los gastos públicos territoriales» (López Casasnovas, 2002, p. 79). Ello da lugar a una estimación basada en el flujo monetario con la que se trata de maximizar el tamaño del déficit fiscal, aunque desde 2002, tal vez para atenuar las críticas, también se publica otra fundamentada sobre el criterio carga-beneficio. En ambos casos, se parte de la hipótesis de presupuesto equilibrado, con lo que los déficits o superávits del Estado se neutralizan en una cantidad equivalente a la proporción con la que Cataluña contribuye a los ingresos del Estado.

Gráfico 1

En el Gráfico 1 se exponen los valores estimados por la Generalitat en millones de euros de cada año (panel A) y como porcentaje del PIB regional (panel B). En el primer caso, las cifras son crecientes, como cabría esperar, pues se trata de datos no deflactados y, por tanto, sujetos al efecto de la inflación. En el segundo, la serie es más estable y oscila entorno a una media del ocho por ciento del PIB para el conjunto del período 1986-2014 de acuerdo con el método del flujo monetario. Se recoge también en el gráfico la serie, más corta, de la estimación basada en el enfoque carga-beneficio, que da cuenta de la incidencia de los ingresos y gastos estatales sobre los ciudadanos catalanes –y no sobre el territorio que ocupa Cataluña, como en el caso anterior– y que refleja un saldo fiscal más reducido que el precedente, siendo la diferencia, en promedio, de 2,3 puntos porcentuales del PIB. Y además se incluye el resultado estimado por el Ministerio de Hacienda dentro de sus Cuentas Públicas Territorializadas (CPT)8, cuya diferencia con la serie de la Generalitat es que toma en consideración al conjunto de las Administraciones Públicas y no sólo la del Estado, siguiendo también el procedimiento carga-beneficio. En este último caso –que comprende tan sólo el período 2011-2014– las cifras se rebajan aún más hasta una media del 4,4 por ciento del PIB; es decir, 3,3 y 1,1 puntos menos que el promedio que, para idéntico período, corresponde a las dos series de la Generalitat, respectivamente.

Por descontado que los partidos y entidades asociativas nacionalistas, cuando se refieren al déficit fiscal, aluden siempre al resultado más inflado, que, en los años recientes, se valora en unos 15.000 millones de euros y que, como se comprueba en los datos, se aleja de los 10.770 que arroja el enfoque carga-beneficio, o los menos de 9.000 que estiman las CPT. De esta manera, se sustenta la idea de que el Estado somete a Cataluña a una sangría fiscal –justificativa de la consigna España nos roba– que, si no existiera, permitiría a los catalanes vivir mucho mejor que ahora, sin recortes ni restricciones presupuestarias. Como señaló hace tiempo uno de los más destacados economistas nacionalistas, Xavier Sala i Martín (1998, p. 32):

Cataluña podría dedicar entre el 8 y el 10 por ciento de su PIB, que ahora paga en concepto de déficit fiscal, a hacer infraestructuras y al gasto social para los catalanes. [Como consecuencia,] nuestros empresarios verían que sus beneficios serían muy superiores, (…) nuestros trabajadores verían que sus salarios serían los más altos de Europa (…) y nuestros consumidores verían que su poder adquisitivo podría haber sido un 70 por ciento más elevado que el actual.

Mera ilusión porque, como ya he señalado, el déficit fiscal, sea cual sea su cuantía, no es sino el anverso contable de la preeminente posición comercial de Cataluña en el mercado interior de España –que, por cierto, comparte también con Madrid y Baleares, cuyo saldo fiscal es, con respecto al PIB, más negativo que el catalán, así como con la Comunidad Valenciana y Navarra, donde ese saldo es menor–. Es decir, que estamos ante un superávit en los intercambios interregionales de bienes y servicios que no podría existir sin la ayuda del déficit fiscal y de otras partidas de la cuenta financiera.

Pero, quiérase o no, es sobre esa ficción de la España que nos roba sobre la que se ha montado la campaña nacionalista que promete a los catalanes –como el texto de Sala i Martín evidencia– hacerse ricos sin tener que trabajar, pues basta para ello con que consigan la independencia. Como en otros casos europeos, el secesionismo se ha fundamentado sobre unas supuestas ventajas económicas de la independencia (Rodríguez-Pose y Stermšek, 2015, p.75), cuya engañosa argumentación en la idea del déficit fiscal ha sido presentada, incluso, como un agravio comparativo con otros países, como cuando Artur Mas –entonces presidente de la Generalitat– declaró falsamente: "En Alemania, el déficit de los länder está limitado al cuatro por ciento"9; o cuando el académico Germà Bel –catedrático de la Universidad de Barcelona– escribió en La Vanguardia que "el déficit fiscal de Baleares y Catalunya no tiene parangón en el mundo desarrollado"10, lo que fue rebatido por Ángel de la Fuente (2012) a partir de un análisis comparativo de Cataluña con otras regiones de Alemania, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Australia y Canadá, del que se concluía: "En las regiones relativamente ricas de los países avanzados, saldos fiscales negativos de tamaños parecidos al que presenta Cataluña seguramente estén más cerca de la regla que de la excepción" (ibídem, p. 5).

El relato nacionalista: "El mañana me pertenece"11

Hemos de profundizar, por ello, en la narración nacionalista, pues en sus viejas historias está, como ha destacado Jon Juaristi (1997, p. 18), "la clave de la reproducción de todo el nacionalismo: relatos que transmiten una lejana y lancinante melancolía, (…) historias (…) de pérdida y de negación (…) que concluyen en la desposesión desde la que el nuevo héroe debe partir en busca de la patria arrebatada". La del expolio fiscal de Cataluña es una de ellas; falsa, sí, pero eficaz para reclutar a un creciente número de ciudadanos en favor de la independencia. Esto es lo que explica que los economistas nacionalistas la hayan aceptado acríticamente, a pesar de que conculca los principios metodológicos de la contabilidad regional y, dentro de ella, de la construcción de la balanza de pagos. Eso, al parecer, no importa, porque su mensaje entraña la promesa de un porvenir de restauración patriótica en el que ellos y quienes les escuchan podrán proclamar: "El mañana me pertenece".

He rastreado en el epígrafe precedente el origen y la formación de ese viejo relato nacionalista y lo que ahora corresponde es mostrar lo esencial de su actual configuración. Lo haré de la mano de un trabajo de Nuria Bosch y Marta Espasa12, seguramente la versión más amplia y mejor estructurada de esa historia, que cuenta con el respaldo académico de haber sido publicado por una de las más prestigiosas revistas españolas de economía, y de haber sido elaborada al amparo financiero del Plan Nacional (español) de I+D. Tres son los actos sobre los que discurre su narración.

Acto Primero

Se presenta a Cataluña como una región de alto nivel de renta por habitante –por encima de la media europea– y con un elevado nivel de apertura externa, lo que se refleja en unas exportaciones que equivalen algo más de la mitad de su PIB. Tradicionalmente, en estas exportaciones la orientación hacia el mercado español ha sido dominante, aunque a raíz de la crisis financiera han ganado peso las transacciones con el resto del mundo, hasta el punto de que son éstas ahora las de mayor relieve13. Además, señalan que en los años recientes se registra un superávit en el comercio exterior. Para Bosch y Espasa, esto es un signo de la competitividad de la economía catalana, aunque valoran con cautela este hecho –seguramente porque, al menos en parte, ello se debe a la contracción de las importaciones, aunque ellas no lo señalan– y consideran que para «mantener esta tendencia es importante incrementar la productividad y la competitividad». Y añaden que, para lograrlo, «es muy importante que la ganancia fiscal de la independencia de Cataluña se canalice adecuadamente hacia sectores estratégicos que garanticen la mejora de la economía catalana» (ibídem, p. 140).

Obsérvese que este último comentario es contradictorio con la afirmación inicial sobre la competitividad económica de Cataluña, pues si ésta fuera sólida no sería necesaria la independencia para consolidarla.

Acto Segundo

Sorprendentemente se afirma a continuación que, aunque Cataluña experimente una radical transformación institucional al hacerse independiente de España, nada va a cambiar en el funcionamiento de su economía, singularmente por lo que se refiere a sus relaciones comerciales exteriores. Ello es así porque, según Bosch y Espasa, «en (los) mercados liberalizados las fronteras se convierten en irrelevantes» (ibídem, p. 141). Tal es la tesis que los nacionalistas catalanes han adoptado simplificando el análisis que hacen Alberto Alesina y Enrico Spolaore cuando estudian la emergencia de nuevas naciones14, al que más adelante me referiré, pues no en vano su libro ha sido traducido al catalán y se ha publicado con una generosa subvención de la Generalitat15. Una tesis que olvida el hecho de que, aunque con la globalización se han reducido mucho los aranceles, aún subsisten los costes transaccionales entre los países, derivados de "las diferencias monetarias, de regímenes legales y de prácticas reguladoras" entre ellos, según recuerda Dani Rodrik (2018, pp. 36-37). Esos costes de transacción, de acuerdo con la estimación de Anderson y van Wincoop (2004, pp. 692-693), son equivalentes en los países industrializados a un impuesto del 170 por ciento sobre el valor de las mercancías, lo que desde luego no es irrelevante.

Pero es que, además, estas dos economistas consideran que "Cataluña estará [tras la independencia] en la UE, con lo que no tiene sentido hablar de aranceles" (ibídem, p.142). Para ellas, los reiterados pronunciamientos en contra16 de los sucesivos presidentes de la Comisión Europea son, al parecer, papel mojado. E, inasequibles al desaliento, añaden que la región no puede ser expulsada de la UE porque "eso iría contra los intereses de todas las empresas multinacionales radicadas en Cataluña" (ibídem, p. 142), de lo que deducen, no se sabe bajo qué premisa lógica, que "el único escenario razonable (…) es el mantenimiento del statu quo entre estos dos espacios" (ibídem, p. 143). Y remachan en favor de su conclusión, sin aportar dato alguno, que «hay antecedentes que lo demuestran» (ibídem, p. 143). Pero hay más, porque, en esta historia de ficción nacionalista, la secesión tampoco afectaría a la relación comercial entre Cataluña y España, ya que "se mantendría la misma moneda [y] las lenguas no cambiarían" (ibídem, p. 142).

El lector se preguntará, tras este segundo acto, por qué si nada va a cambiar los nacionalistas desean tanto la independencia. Podría pensarse que se trata de una obsesión narcisista, de un deseo irrefrenable, del remedio para un impetuoso sufrimiento moral. Pero no, como se verá a continuación, lo que está detrás de la secesión no es otra cosa que una renovada versión del tópico según el cual, para los catalanes, aunque seguramente a muchos de ellos les resultará irritante, "la pela es la pela".

Acto Tercero

Bajo las premisas ya expuestas, llega la apoteosis. Bosch y Espasa la enuncian así tras exponer los números con los que establecer la ganancia fiscal de la independencia: "Las cifras muestran la viabilidad de Cataluña como estado independiente, es decir, la capacidad de autofinanciarse y su capacidad para mantener no sólo los servicios del estado del bienestar sino incluso incrementarlos" (ibídem, p. 151).

He aquí esos números:

Cuadro 1: Ganancia fiscal de la independencia de Cataluña (millones de € a precios de 2010)

¿De dónde salen estas cifras tan aparentemente redondas? Pues, evidentemente, de esas balanzas fiscales en las que se inflan los ingresos y se adelgazan los gastos. Bosch y Espasa usan el primero de esos criterios para estimar los ingresos adicionales de la Generalitat; o sea, la recaudación que se obtendría si todos los impuestos estatales y las cotizaciones sociales se quedaran en Cataluña. Incurren así en una sobrevaloración de la capacidad recaudatoria del nuevo Estado, pues, si se comparan los datos con los publicados por la Agencia Tributaria, se ve observa una diferencia del 13%. Y, por el contrario, se ciñen al segundo criterio para los gastos, infravalorándolos en un 20% por comparación con los que aparecen en las balanzas fiscales catalanas.

De resultas de todo ello, y de dejar de contribuir al déficit fiscal de España, tenemos una ganancia total equivalente al 8,6% del PIB de Cataluña, aunque si hiciéramos las correcciones correspondientes, ajustando ingresos, gastos y déficit estatal a lo que las fuentes señalan, entonces ese beneficio se quedaría en sólo un 1,2% del PIB –o sea, en 2.335 millones de euros–. No es un dividendo desechable, pero queda lejos de los más de 16.000 millones a los que aspiran los nacionalistas para, según nuestras autoras, "incrementar el gasto público o rebajar los impuestos, (…) [con lo que] aumentaría el consumo o/y la inversión, incrementando [la] capacidad productiva [de Cataluña] y creando nuevos puestos de trabajo" (ibídem, p. 159). ¡Qué desilusión! Lo de la independencia, incluso bajo las premisas de esta historia de nacionalistas a la luz de la lumbre, no da para tanto. Y el entusiasmo de nuestras dos profesoras de economía se desvanece cuando se impone el realismo para anunciar que, aun con la independencia, el mañana ya no les pertenecerá.

La economía de la secesión

Pero hay más, porque el relato de los nacionalistas no se compadece con la economía de la secesión. Partamos, igual que ellos, de las condiciones en las que la globalización ha facilitado la emergencia de nuevas naciones. El argumento básico, formulado por Alesina y Spolaore (2003), es que la reducción de las barreras al comercio facilita a los nuevos países el acceso a los mercados exteriores, de manera que sus posibilidades de desarrollo no dependen del tamaño de su mercado interior, pues pueden alcanzar las economía de escala en las producciones en las que se especializan a través de la exportación. Ello hace que, en el mundo globalizado, el tamaño de las naciones no sea un elemento que limite el crecimiento de las economías. Y en favor de ese argumento ambos autores encuentran apoyo empírico en la existencia de una relación positiva entre la disminución de las barreras arancelarias –principalmente en los países avanzados– y la aparición de 118 nuevos países independientes surgidos de los procesos de descolonización ulteriores a la Segunda Guerra Mundial, así como del impulso nacionalista que, tras la caída del Muro de Berlín, tuvo lugar dentro del antiguo bloque soviético –concretado en el desmembramiento de Checoslovaquia, Yugoslavia y la URSS– (Alesina y Spolaore, 2003, capítulos 10 y 11).

Sin embargo, hay un aspecto crucial de este asunto –en el que Alesina y Spolaore no se detienen– y que resulta básico para la discusión de los casos regionales, en Europa y en Canadá, de aspiración a la independencia. La experiencia descolonizadora, además de un impulso político y, en ocasiones, bélico, tuvo en lo económico una plasmación institucional que resolvió la persistencia de las relaciones comerciales de los nuevos países con sus antiguas metrópolis. Se trata de la constitución de la Commonwealth of Nations y de la Communauté Française, acuerdos ambos que contaron con una clara voluntad política para preservar los lazos preestablecidos en la etapa colonial, dando a sus miembros un acceso privilegiado a los mercados del Reino Unido y Francia. Además, esos acuerdos se extendieron a todos por miembros de la que, más tarde, sería la Unión Europea a través de la Convención de Yaundé (1963), la Convención de Lomé (1975) y el Acuerdo de Cotonou (2000). Y en lo que respecta al desmembramiento del bloque soviético, aunque no en todos los casos, buena parte de las posibilidades económicas de las naciones que emergieron de esa cadena de acontecimientos estuvo vinculada o bien a su integración en la Unión Europea o bien al establecimiento de relaciones preferentes con ella, dentro de un proceso alentado por la idea del triunfo del capitalismo sobre el comunismo.

Sin embargo, nada de esto es aplicable al caso de Cataluña –o del País Vasco, Escocia y Quebec–, pues esas regiones carecen de valedores internacionales y, de acuerdo con el marco institucional establecido, van a quedar separadas de los acuerdos continentales o mundiales que vinculan a los países de los que eventualmente se independicen; es decir, de la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Organización Mundial de Comercio y otros convenios internacionales17. Ello no significa que, eventualmente, si de esas regiones emergieran nuevos países, éstos no pudieran restablecer sus relaciones con esas instituciones. Sin embargo, se tratará de un proceso que durará una o varias décadas18 y, en consecuencia, al hacerse un análisis prospectivo de su secesión, deberá tenerse en cuenta la cuestión del efecto frontera, pues la independencia conducirá inevitablemente a la aparición de fronteras donde antes no las había.

El concepto de efecto frontera alude a los costes que, para el comercio, implica la existencia de fronteras, pues éstas separan, y tal separación conduce a la existencia de dificultades para los intercambios. Anderson y van Wincoop (2004, pp. 692-693) estiman que, en los países desarrollados, las barreras comerciales relacionadas con las fronteras –que incluyen las inspecciones y los trámites fronterizos, los tiempos de espera de las mercancías en las aduanas, la traducción de documentos y otros conceptos– implican una carga equivalente a la de un impuesto ad valorem del 44 por ciento, que, añadido al coste del transporte, produce una carga total del 74 por ciento19. Además, hay que tener en cuenta que, en ausencia de fronteras y debido a factores idiosincráticos, las regiones de cada país comercian entre sí con mucha más intensidad que con cualquier otra nación foránea. McCallum (1995) y Helliwell (1996, 1997 y 1998) estudiaron por primera vez este asunto para las provincias canadienses, con ocasión del planteamiento de la independencia de Quebec, llegando a la conclusión de que esa intensidad era veinte veces mayor para este territorio por comparación con cualquiera de los Estados norteamericanos, a igualdad de distancia y tamaño económico. Recordemos que, entre Canadá y Estados Unidos, hay una unión aduanera.

McCallum y Helliwel auguraron que la independencia de Quebec haría caer la intensidad de su comercio con las otras provincias canadienses, con la consiguiente reducción de las transacciones y pérdida de actividad económica. Este efecto pudo confirmarse, años más tarde, en los estudios sobre las secesiones post soviéticas en Checoslovaquia, Yugoslavia y la URSS –con la aportación seminal de Jan Fidrmuc y Jarko Fidrmuc20 y las ulteriores de otros autores como Chesnut (2001) o Djankov y Freund (2002)–, en los que se constataron caídas importantes en el grado de vinculación comercial entre las repúblicas emergentes con respecto a su pasado común. Éstas coincidieron, a su vez, con severas recesiones que se reflejaron en pérdidas de entre el 16 y el 68 por ciento del PIB durante los años posteriores a su independencia.

El caso de las repúblicas yugoslavas ha sido detenidamente estudiado por Rodríguez Pose y Stermšek (2015), quienes han destacado que la desintegración de la Federación Yugoslava a partir de 1991 condujo a una severa contracción del PIB per cápita en los ocho países resultantes, de manera que, dos décadas después, sólo en tres de ellos se había restablecido el nivel inicial –Eslovenia, donde ello tuvo lugar en 1999, y Croacia y Macedonia, donde la recuperación se demoró hasta 2007–. Pero lo más importante de su estudio es la constatación de que, en los resultados económicos de esas repúblicas, la secesión no tuvo ninguna influencia. No hubo ningún dividendo económico de la independencia y el crecimiento de estos países estuvo básicamente influido por la intensidad de los conflictos bélicos en los que se vieron envueltos, además de por otras variables, como la evolución de la población y su grado de apertura comercial. Por eso concluyen su trabajo señalando: "Un divorcio amistoso no entregará un dividendo de la independencia (…) [pero] un divorcio amargo, por el contrario, es probable que tenga consecuencias económicas negativas de larga duración" (ibídem, p. 92).

Esta conclusión es relevante y nos remite al hecho turbador de que, después de la descolonización, una parte muy amplia de los procesos secesionistas que tuvieron lugar se vio envuelta en conflictos armados, toda vez que ni el derecho internacional ni las legislaciones nacionales han reconocido las aspiraciones independentistas. Todo lo contrario, lo que ha prevalecido desde el punto de vista jurídico ha sido, precisamente, la preservación de la integridad territorial de los Estados ya reconocidos y de la inalterabilidad de sus fronteras. Es cierto que ha habido algunos casos de secesiones pacíficas –como los de Singapur (1965), el cantón del Jura (1979), la desintegración de la URSS (1991), aunque hubo conflictos ulteriores en buena parte de las repúblicas resultantes, la disolución de Checoslovaquia (1993) o Timor Oriental (2002)–, pero no son la regla. Ésta, en cambio, se especifica en el conflicto y muchas veces en la guerra prolongada, incluso con la intervención de potencias exteriores. Son los casos de Bangladés (1971), Eritrea (1993), las exrepúblicas yugoslavas (1991 a 2008), Sudán del Sur (2011) y Crimea (2014), así como los de las secesiones frustradas de Biafra (1967 a 1970), la Isla de la Unión (1979), la Isla de Santo (1982), el Estado Tamil en la península de Jaffna (1983 a 2009) y la Isla de Bouganville (1990 a 1993). Y a ello habría que añadir las campañas terroristas de finalidad independentista que se desarrollaron en Irlanda del Norte (1968 a 1998) y el País Vasco (1968 a 2010), y los eventos de violencia discontinua en el Tíbet (1956 a 1989) y Sinkiang (1990 a 2014). Por todo ello, no debe descartarse que, en el caso de Cataluña, pueda desencadenarse algún tipo de violencia si las fuerzas independentistas prolongan sus pretensiones. No obstante, en el ejercicio prospectivo que se expone a continuación, se operará bajo la hipótesis de una secesión pacífica.

El coste de la independencia de Cataluña

Estamos ahora en condiciones de abordar prospectivamente, a la luz de la economía de la secesión, el coste de la independencia de Cataluña. Partiré para ello del supuesto contrario al del relato nacionalista que se ha expuesto más atrás: la secesión catalana lo será de España y también de todas las instituciones internacionales a las que España pertenece como Estado reconocido. Cataluña, en el acto de su independencia, quedará así excluida de la Unión Europea, la Organización Mundial de Comercio (OMC), las Naciones Unidas, la OTAN y un largo etcétera de acuerdos entre Estados, como ya se ha señalado. Y entonces se erigirán las fronteras donde antes no existían –con España, con los miembros de la UE, con los demás países vinculados a Europa por acuerdos de contenido económico– y, con ellas, las barreras que añaden costes a los intercambios. Además, en el caso catalán, éstos no podrán acogerse a ninguna ventaja acordada por la UE con cualquier otro país o cualquier otra área comercial, pues la salida de la OMC anula la aplicación de las normas de tráfico y de los principios generales –no discriminación, transparencia, reciprocidad y flexibilidad– que rigen el comercio internacional. Las exportaciones de Cataluña deberán afrontar el mayor nivel de protección que los Gobiernos nacionales hayan establecido para sus importaciones. Y experimentarán los costes de transacción a los que se ha aludido en el epígrafe anterior.

En cuanto a la relación con España, la frontera hará disminuir la intensidad comparativa de los intercambios, antes apuntada al exponer conceptualmente el efecto frontera. Actualmente esa intensidad es muy elevada, de manera que Cataluña comercia con las demás regiones españolas con una intensidad que es 55 veces mayor que con cualquier otro país del mundo, bajo el supuesto de igualdad en cuanto al tamaño económico y la distancia geográfica (Ghemawat, Llano y Requena, 2009, p. 16). Y, como en otros casos de separación, se reducirá considerablemente. En mi ejercicio prospectivo supondré que esa caída en un tercio del coeficiente correspondiente –pues este es el caso más favorable de los constatados por Fidrmuc y Fidrmuc (2003) para los países por ellos estudiados–, de manera que la separación entre los mercados catalán y español producirá un efecto equivalente al del establecimiento de una barrera arancelaria del 77,6 por ciento21.

El mismo supuesto se aplicará al comercio con los países de la Unión Europea –cuya intensidad actual se estima en 52 veces mayor que con otras áreas, también a igualdad de distancia y tamaño económico22–, de modo que la tarifa exterior equivalente debida a la será igual al 75,5 por ciento. Este resultado no difiere apenas del estimado por Anderson y van Wincoop para el coste de las fronteras en los países industrializados. Y señalemos adicionalmente que, como se muestra en el Cuadro 2, a pesar de la carga arancelaria que soportarán las exportaciones catalanas en ambas áreas –España y la UE–, la intensidad de su comercio con ellas seguirá siendo muy alta –en torno a 14 veces por comparación con otros destinos exportadores a igualdad de distancia y tamaño de las economías–.

El cálculo concreto de los efectos comerciales de la independencia que se realiza a continuación toma como base la información sobre las exportaciones de bienes y servicios en 2014, último para el que se dispone de los datos necesarios23 acerca de su distribución geográfica (Gráfico 2). En cuanto a las elasticidades-precio de esas exportaciones, se aplican en este ejercicio las estimadas por el Banco de España para el comercio exterior español24.

Gráfico 2: Distribución geográfica de las exportaciones catalanas de bienes y servicios, 2014 (millones de €)

Fuente: Elaborado a partir del Marc Input-Output de Catalunya (Idescat)

Los resultados obtenidos (Cuadro 2) señalan una importante caída de las cifras de exportación desde Cataluña, tanto hacia el resto de España como hacia los otros países de la Unión Europea. La cuantía de las ventas en el resto del mundo no se modifica debido a que se carece de un marco cuantitativo de referencia sobre el impacto que pudiera tener, en términos de protección, la aplicación del régimen comercial más desfavorable como consecuencia de la salida de Cataluña de la OMC.

Cuadro 2. Proyección de las exportaciones catalanas tras la independencia (Millones de €)

En su conjunto, las exportaciones de Cataluña se reducirán aproximadamente a la mitad de las cifras actuales, lo que tendrá una repercusión negativa sobre el PIB regional algo mayor a un tercio. En términos per cápita, el PIB pasará de 27.800 a 18.210 euros, siempre bajo el supuesto de que no se produzca una emigración significativa. Dado que los procesos de esta naturaleza se extienden sobre un período dilatado de entre cinco y diez años (Fidrmuc y Fidrmuc, 2003), es dudoso que toda la población permanezca en la región25, tanto más si se tiene en cuenta que los catalanes, al ser ciudadanos españoles, podrían optar por trasladar su residencia al territorio español con un coste no despreciable, pero sin duda más bajo que si decidieran emigrar al extranjero. El aumento del desempleo, que en el año de referencia fue de 773,3 miles de personas, hasta 1.028.000 individuos –lo que invrementaría la tasa de paro hasta el 27 por ciento de la población activa–, podría ser un incentivo para ello.

Por otra parte, conviene matizar que la cifra de reducción del PIB a la que se ha llegado podría ser aún mayor debido a la deslocalización total o parcial de un número significativo de empresas –sobre todo, medianas y grandes–, en un intento de escapar a la caída de sus mercados de exportación. Estos movimientos empresariales pueden llegar a ser muy relevantes si se tiene en cuenta que, sin haberse producido la independencia, la situación ulterior a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 condujo a que, en los quince meses transcurridos hasta el final de 2018, hubo 4.880 firmas trasladaron su sede social fuera de la región, según datos del Registro Mercantil. En todo caso, carecemos de investigaciones sobre este asunto para el caso catalán, aunque sí se puede mencionar que un trabajo referido al País Vasco, basado en una encuesta sobre sus empresas medianas y grandes, concluía que sus expectativas de deslocalización, provocadas por el Plan Ibarretxe, conducirían a la pérdida de una décima parte del producto regional y de un 7,5 de su empleo (Buesa, Heijs, Baumert y Martínez Pellitero, 2004, p. 124).

El escenario de la secesión puede llegar a ser, como se colige de lo ya señalado, desastroso para la población catalana, que se verá claramente empobrecida y tendrá más dificultades para encontrar empleo. Lejos de la promesa de enriquecimiento difundida por el nacionalismo, la independencia pondrá en serias dificultades a la economía catalana. Y lo hará también con las finanzas de su gobierno, pues la Generalitat se verá abocada a una situación insostenible, tal como se muestra en el escenario que dibuja el cuadro 326. En efecto, los gastos previstos superan en más de 35.000 millones de euros a los ingresos, produciendo un déficit superior a una cuarta parte del PIB. Un déficit de esta cuantía no podrá llegar a financiarse con endeudamiento y conducirá a la quiebra del gobierno catalán. Ello señala que, antes de llegar a tal situación, la Generalitat tendría que adoptar severas políticas de ajuste en el gasto público, reduciendo la extensión de los servicios educativos, sanitarios, de transporte y administrativos, recortando las inversiones en infraestructuras y minorando las prestaciones de la seguridad social en cuanto a las pensiones, las bajas por enfermedad y el desempleo. Para hacerse una idea de la magnitud de esos ajustes, baste señalar que, en el año base del cálculo (2014) el gasto público por habitante, autonómico y estatal, ascendió a 11.698 euros, y que, en el escenario estimado, para llegar a una situación de déficit nulo, esa magnitud debería descender hasta 7.107 euros; es decir, un 39,2 por ciento menos.

Cuadro 3. Proyección de las finanzas de la Generalitat tras la independencia

La Arcadia prometida por el nacionalismo con la independencia se desvanece así mostrando con toda su crudeza la falsedad de su planteamiento, pues, lejos de la abundancia, su destino es el de las dificultades económicas, el paro, la pobreza y tal vez la violencia. Evoquemos entonces por ello los versos de Jon Juaristi que, aunque escritos en el contexto del independentismo vasco y de sus crímenes, son plenamente aplicables al caso catalán que aquí hemos analizado:

¿Te preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes,
y por qué hemos matado tan estúpidamente?
Nuestros padres mintieron: eso es todo.27

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1 En este trabajo sintetizo y amplío los contenidos acerca de la independencia de Cataluña, tratados en Buesa (2010 y 2015).

2 Alzina se había formado en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de la Mancomunitat de Catalunya. Véase la nota biográfica escrita por Artal i Vidal (s/f).

3 Publicada en 1972. Aquí se cita de su traducción española, Trias Fargas (1973).

4 Sigo la actual terminología establecida por el quinto manual del FMI. En la época en la que escribió su libro Trias Fargas, se hablaría de la cuenta de capital.

5 No entro aquí en la notoria debilidad estadística de la explicación que proporciona Trias Fargas en su libro, apelando a datos parciales que, además, contradicen los que toma como base para establecer el saldo comercial. Se trata, en concreto, de los elaborados para 1962 por Jacinto Ros Hombravella y Antonio Montserrat, en cuya balanza de pagos, según reconoce Trias, el "superávit [comercial] (…) se ve compensado con otras partidas de la balanza" (Trias Fargas, 1973, p. 66).

6 Se trata de un balance de escaso rigor en cuanto a la valoración de los flujos fiscales, evidentemente influido por la escasez de datos.

7 Lo principal de la controversia metodológica acerca de la elaboración de balanzas fiscales regionales se recoge en los trabajos reunidos por Carpio García (2002).

8 Disponibles en http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/OtraInformacionEconomica/Sistema-cuentas-territorializadas.aspx

9 Le Monde, 17 de febrero de 2012. La falsedad de esta afirmación fue ampliamente argumentada por Convivencia Cívica Catalana (2012). Véase también De la Fuente (2014).

10 Germà Bel: «Balanzas fiscales y cisnes negros», La Vanguardia, 25 de septiembre de 2012.

11 Bob Fosse: Cabaret (1972). La estrofa del himno del que se ha extraído el verso reza así: «Patria, patria, muéstranos la señal / que nuestros niños esperan ver. / Llegará el amanecer cuando el mundo sea mío. / El mañana me pertenece».

12 Véase Bosch y Espasa (2014). Nuria Bosch es Catedrática de economía en la Universidad de Barcelona y ha formado parte del Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña. Marta Espasa ha sido Profesora Titular de economía en la misma universidad y ha ocupado puestos de dirección en la administración de la Generalitat, el más reciente como presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña; ha sido también miembro del Consejo Asesor para la Reactivación Económica de Cataluña.

13 Maticemos, pues, como se verá más adelante en el gráfico 2, ello sólo sería cierto para las exportaciones de mercancías, pero no para las de servicios.

14 Véase Alesina y Spolaore (2003).

15 Alesina y Spolaore (2008).

16 El primero fue el de Romano Prodi ante el Parlamento Europeo respondiendo a una pregunta de la diputada galesa Eluned Morgan, en octubre de 2002 (véase la reseña que hace El País del 22 de ese mes). Después ha habido varios más de los presidentes José Manuel Durão Barroso y Jean-Claude Juncker.

17 No entraré aquí a la discusión sobre este asunto que considero suficientemente aclarado en trabajos como los de Ortega y Areilza (2000), López Basaguren (2014), Ruiz Balzola (2014) y Medina Ortega (2014).

18 Recordemos que en los casos muy favorables de las repúblicas desmembradas de Checoslovaquia (Chequia y Eslovaquia) se tardó once años en su integración en la Unión Europea; el los de los países bálticos separados de la Unión Soviética (Estonia, Letonia y Lituania) transcurrieron trece años, lo mismo que en el de Eslovenia, república separada de la Federación Yugoslava. Otra de las repúblicas independientes surgidas de esta última, Croacia, tardó 22 años en unirse a la UE. Todos estos países han encontrado valedores –principalmente, Alemania– dentro de la Unión Europea.

19 El resto hasta el 170 por ciento que se ha mencionado anteriormente corresponde a los costes de la distribución mayorista y minorista que, Anderson y van Wincoop estiman en el 55 por ciento ad valorem.

20 El trabajo de estos autores se dio a conocer inicialmente en un documento de 2000 que se publicó posteriormente en Fidrmuc y Fidrmuc (2003).

21 La equivalencia arancelaria T del efecto frontera se obtiene con la expresión: T = , siendo a el coeficiente del efecto frontera, y σ la elasticidad de sustitución entre productos, que, siguiendo a Anderson y van Wincoop, supondremos igual a cinco. Véanse Anderson y van Wincoop (2003) y Minondo (2006a).

22 Tomo como referencia la estimación de Minondo (2006b) para el conjunto de la economía española, lo que considero razonable dado el papel preeminente de Cataluña en la exportación española.

23 Tal vez convenga aclarar que Idescat publica cifras anuales del comercio exterior catalán de bienes, pero no de servicios. Estos últimos –que, según se puede comprobar en el Cuadro 2, tienen una participación cercana al 40 por ciento de las exportaciones catalanas– sólo se estiman con ocasión de la publicación de las Tablas Input-Output regionales, la última de las cuales está referida al año 2014.

24 El concepto de elasticidad-precio hace referencia a la sensibilidad de la demanda a las variaciones de los precios y establece la proporción en la que aquella baja cuando éstos suben. Para la exportación de mercancías se utilizan aquí los resultados de Prades y García (2015); y para la exportación de servicios, los de Gordo, García y Martínez-Martín (2008).

25 A título indicativo, se puede señalar que los países bálticos perdieron durante la década ulterior a su independencia entre el cinco y el doce por ciento de su población. Las cifras son, en cambio, más bajas para las primeras repúblicas que emergieron de Yugoslavia (entre el uno y el cinco por ciento). En el caso checoslovaco, mientras Eslovaquia registró un aumento de población, en Chequia ésta se redujo en un uno por ciento.

26 En este escenario se han estimado los ingresos y gastos del Gobierno de acuerdo con la proyección de reducción del PIB y de aumento del desempleo. Así, teniendo en cuenta las cifras del año base (2014), la recaudación fiscal se ha ajustado a la caída del PIB a partir del resultado que se obtiene al considerar la relación entre el PIB y los ingresos por impuestos estatales y regionales durante el período que se extiende entre 2006 y 2017. Las cotizaciones sociales, en cambio, son las que tuvieron lugar en el año base, pues al cubrirse las de los parados por la Administración, no se consideran afectadas por el desempleo. En cuanto a los gastos, los referidos a las competencias autonómicas corresponden a la estimación de los presupuestos de la Generalitat; los referentes a las competencias estatales son los que las balanzas fiscales catalanas atribuyen al Estado, sus organismos autónomos y sus empresas públicas de acuerdo con el método carga-beneficio; y los relativos a la Seguridad Social son los publicados por Idescat, excepto los de protección del desempleo, que se han ajustado a la cifra estimada más arriba.

27 El poema titulado "Spoon River, Euskadi", publicado en Juaristi (1987), se inspira en otro de Rudyard Kipling dedicado a su único hijo, muerto durante la Primera Guerra Mundial.

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