Tras la reimplantanción del régimen constitucional en 1820, como consecuencia del pronunciamiento de Riego, las potencias absolutistas de Europa decidieron invadir España para restaurar el Antiguo Régimen. En espera del embate enemigo, las Cortes se reunieron por última vez en Madrid el 1 de marzo de 1823. En ellas se propuso el traslado del Rey y de las propias Cortes a Sevilla. El viaje comenzó el 20 de marzo y duró 22 días. El 7 de abril comenzaban a entrar en España los llamados "Cien Mil Hijos de San Luis", la expedición francesa al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. Ni que decir que Fernando VII exultaba de alegría frente a aquellos invasores que habían de devolverle el poder absoluto, permitiéndole zafarse de entre las garras de los liberales que buscaban mantenerlo como monarca constitucional. Pero, obligado a seguirlos, hubo de trasladarse a Sevilla, donde las Cortes reanudaron sus sesiones el día 23. El 24, Fernando VII declaraba la guerra a la misma Francia por cuyo triunfo rezaba.
Los avances del invasor fueron muy rápidos: Figueras fue tomada el 25 de abril y Olot ocupado el 3 de mayo. El 9 estableció el duque de Angulema su cuartel general en Burgos, y el 17 en Buitrago. Espoz y Mina en Cataluña y Ballesteros en Valencia no consiguieron rechazar las acometidas de los franceses Donnadieu y Molitor. El 24 entraba el duque de Angulema en Madrid, al frente de un cuerpo de reserva.
Lista ya entonces para avanzar hacia Sevilla la operación promovida por Chateaubriand –ministro de Exteriores francés–, el gobierno español decidió refugiarse en Cádiz. El 11 de junio comparecieron los ministros ante las Cortes para que tomasen las medidas destinadas a poner a salvo a la persona del Rey y a los propios diputados, pero el gabinete se limitó a contestar que, habiéndole planteado la situación al monarca, nada había resuelto aún Fernando VII. El Rey, estaba claro, había decidido hacerse el loco y dar largas, a ver si su primo francés lograba llegar a la capital del Guadalquivir y liberarlo de los que consideraba sus captores. Pero para éstos, los liberales, no era cuestión de esperar mano sobre mano a que viniesen a derrocarlos y detenerlos, y si querían salvar el régimen era imprescindible salvar también al Rey, que desde la Guerra de la Independencia había sido presentado como la cifra y la garantía de todas las libertades españolas.
A propuesta del diputado Argüelles, se designó entonces una comisión de las Cortes, presidida por el general Cayetano Valdés, héroe de Trafalgar, para ir a exponer al Rey la necesidad del traslado. El monarca recibió a estos emisarios a las 5 de aquella tarde, mientras se hallaban las Cortes en sesión permanente, y media hora después regresaba Valdés trayendo como respuesta del Rey que "su conciencia y el amor que profesaba a sus súbditos no le permitían salir de Sevilla; que como particular no tendría inconveniente en hacer este o cualquier sacrificio, pero que como Rey no se lo permitía su conciencia."
"Observé a S. M. —relató Valdés— que su conciencia estaba a salvo, pues que aunque como hombre podía errar, como monarca constitucional no tenía responsabilidad alguna, ni otra conciencia que la de sus consejeros constitucionales y de los representantes de la nación, sobre quienes estribaba la salvación de la patria ; y añadí que S. M. podía oír, si gustaba, a cualquier individuo de la diputación que me acompañaba. S. M. contestó 'He dicho', y volvió la espalda. La diputación, habiendo cumplido con su encargo, hizo presente a las Cortes que S. M. no tenía por conveniente salir de Sevilla" .
Antonio Alcalá Galiano hizo entonces una petición insólita, reflejo del compromiso que tenían los liberales con aquella monarquía que tan hostil les era, pero que tanto representaba para la unidad de la nación: "Pido a las Cortes —dijo el diputado—, en vista de la negativa de S. M. a poner en salvo su real persona y familia de la invasión enemiga, se declare es llegado el caso de considerar a S. M. en el de impedimento moral señalado en el artículo 187 de la Constitución, y que se nombre una Regencia provisional que, para solo el caso de la traslación, reúna las facultades del poder ejecutivo". El Rey, pues, había de ser declarado incapacitado por una enajenación transitoria y apartado del poder con el único propósito de llevarlo a Cádiz.
Aprobada la propuesta, se nombró una comisión de las Cortes para elegir a los que habían de componer la Regencia, y al cabo de un tiempo volvió aquélla trayendo los nombres de Cayetano Valdés (a quien se confería la presidencia del órgano), de otro famoso marino, Gabriel Císcar y de Gaspar de Vigodet, que había sido gobernador de Montevideo y capitán general de las Provincias del Río de la Plata. Solicitó Riego que los regentes prestasen el juramento establecido en la Constitución y Alcalá Galiano advirtió que Valdés y Císcar podían hacerlo inmediatamente, mientras que Vigodet, nombrado comandante general del distrito, se encontraba entonces ocupado en otros asuntos. Se leyeron a continuación los artículos de la Constitución que tratan del modo como deben prestar juramento los individuos de la Regencia y, por un oficio del Secretario interino del despacho de la Gobernación, firmado a las 7 de la tarde, las Cortes recibieron la garantía de que las libertades patrias y la conservación del orden y la tranquilidad pública serían mantenidas. Se agregaron además a las actas los votos en contra de los diputados Quiñones y Romero, opuestos a la decisión de aplicar al Rey el artículo 187 de la Constitución, y de Lamas, Alcántara, Eulate, Diez, Ximénez y Ruiz del Río, que se opusieron a la regencia provisional sugerida por Alcalá Galiano.
Los dos regentes disponibles se presentaron entonces a prestar juramento, lo que hicieron sentados debajo del solio y, a continuación, el presidente de las Cortes les dirigió una breve alocución manifestándoles la necesidad en que se había hallado la representación nacional de tomar una providencia semejante, y la esperanza que tenía de que su patriotismo y firmeza llevarían fácilmente a cabo la empresa para que habían sido nombrados. Cayetano Valdés, como presidente de la Regencia, contestó expresando "cuánto sentían la situación en que pérfidos consejeros habían puesto al Rey, al que deseaba ver muy pronto repuesto en toda la plenitud de su autoridad; que en cuanto a él, no omitiría esfuerzo alguno para conseguir el objeto que las Cortes se habían propuesto y como nunca había manchado su nombre (aunque algunas veces hubiese sido batido) esperaba conservar ileso su honor aun en esta ocasión, en la cual, si fuese necesario, sabría morir con gloria por salvar la Patria". A terminar este breve discurso, bajaron del trono los regentes y, acompañados de la diputación nombrada conforme al reglamento, salieron de las Cortes entre aclamaciones.
Instalada la Regencia, se ocupó inmediatamente de hacer salir para Cádiz al Rey y a la familia real, escoltados, el día 12 de junio a las seis de la tarde. Fernando VII intentó resistir, confiado como estaba a una conspiración que pretendía impedir su viaje, pero los cabecillas fueron descubiertos y apresados. En la mañana del 13 se embarcaron casi todos los diputados de las Cortes y apenas quedó en la ciudad un regimiento de artillería a pie.