El 19 de septiembre del 2019, Pedro Sánchez afirmó en La Sexta que ni él ni el 95% de los españoles podrían dormir por la noche si Pablo Iglesias entraba a formar parte de su Gobierno. El compromiso del líder comunista con el proyecto de autodeterminación de los independentistas catalanes era "el gran escollo". Después de obtener el voto de los crédulos el 10-N, el Gran Felón pactó, pisándose los morros, con el titiritero Iglesias y sus muñecos, y entabló humillantes cambalacheos con el recluso antiespañol Oriol Junqueras. Lo hizo sin perder el sueño, y el tiempo dirá si lo perdieron los españoles –cada vez menos– que se dejaron estafar.
Pero quien no puede dormir, y lo ha dicho con todas las letras, es el general retirado Fulgencio Coll, hoy concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, adonde llegó para combatir la invasión de las Islas Baleares por el expansionismo pancatalanista, emboscado, también allí, en el vientre del caballo de Troya del socialismo entreguista.
Mensaje a los diputados socialistas
Como ya es de público conocimiento, el exgeneral impugnó en artículos periodísticos y entrevistas los trapicheos entre el PSOE y ERC, y "planteó que el Congreso ordene el procesamiento de Pedro Sánchez por traidor a España y porque en su opinión ‘supone un peligro para la seguridad nacional’" (LV, 27/12). En una entrevista posterior, aclaró que
su mensaje iba destinado a los diputados socialistas que con su voto tendrían la oportunidad, en los próximos días, de investir o rechazar a un presidente que llegará a la Moncloa con el apoyo "de los enemigos de España".
Y continúa la crónica periodística:
El exgeneral propone en su controvertido artículo que se procese a Sánchez por traición, en aplicación del artículo 102, que subraya que la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y añade que "si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones", esa responsabilidad criminal "solo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del Congreso, y deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de la Cámara".
Reproches torticeros
La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, no perdonó a quien ella considera, impropiamente, un subordinado suyo que se atreviera a decir tantas verdades juntas, en su papel de buen ciudadano, ya que no de militar, y lo acribilló con una andanada de reproches torticeros.
La ministra se extralimitó en sus funciones al negarle al general retirado el derecho a indignarse como el 95 por ciento de sus compatriotas (Sánchez dixit) al presenciar el abrazo obsceno con el alcahuete Iglesias, correveidile de los supremacistas sediciosos. Y se evadió maliciosamente del tema de la traición denunciada para abordar otro que no estaba sobre el tapete: "Las fuerzas armadas no son ni pueden ser usadas partidistamente (sic) por nadie (…) se caracterizan por su neutralidad política". Una verdad como la copa de un pino, que no excluye el deber que les impone el artículo 8.1 de la Constitución:
Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento institucional.
Estómagos agradecidos
Por fin, la ministra de Defensa mostró la hilacha cuando le recriminó al exgeneral Coll que descalificara a José Luis Rodríguez Zapatero, durante cuyo desgobierno había sido Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), cargo que desempeñó con la neutralidad política propia de un militar varias veces condecorado por su foja de servicios impecable en acciones de guerra y misiones de paz y de ayuda humanitaria.
Robles opinó que, por haber ocupado aquel cargo, el general ahora retirado debería haberse transformado durante el resto de su vida en un adulador servil del payaso chavista itinerante. Pero se equivocó al reclamarle al militar insobornable que se rebajara al nivel de la cofradía de estómagos agradecidos en que ella milita. Seguramente la ministra se entiende mejor con el exgeneral Julio Rodríguez, que fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), también durante el desgobierno de Rodríguez Zapatero, y que actualmente opera en el entramado chavista de Podemos.
La Vanguardia, cuyo director alertó, clarividente, "o enterramos el procesismo o cavará nuestra tumba" (4/12/2017), ha publicado un editorial alarmista ("La ministra corrige al general", 27/12), plagado de referencias a Franco, Tejero, golpes de Estado y "la tradición involutiva poderosa en España". Todo ello para blanquear el contubernio del Gran Felón con los enemigos declarados de España, que son los auténticos golpistas involutivos con sede en Cataluña.
España no se romperá
En una sociedad civilizada como la nuestra, no son los tanques de la División Acorazada Brunete los que tienen que salir a defender el Estado de Derecho y la integridad territorial. Quienes deben asumir esta responsabilidad son los legisladores que tienen la llave, aquí también, para el impeachment, la destitución del transgresor o el incompetente. Si quedara un puñado de hombres justos en la trastienda del PSOE, deberían ser estos quienes tomaran la iniciativa de expulsar al tránsfuga. Y si no existe ese remanente, la sociedad civil ya encontrará recursos patrióticos suficientes para sofocar la traición. Pero España no se romperá.