Una de las objeciones más frecuentes al proyecto de la aún nonata ley de eutanasia consiste en la presunción de que el Estado se valdrá de ella para recortar el presupuesto de sanidad, eliminando ancianos y enfermos incurables. Quienes defendemos la aprobación de dicha ley argumentamos que solo se aplicará a las personas que se acogen voluntaria y explícitamente a ella, bajo el control de equipos profesionales sometidos a estrictos protocolos éticos. Si la ley se hubiera aprobado, hoy las autoridades sanitarias podrían aplicarla para resolver con más equidad las carencias del sistema a la hora de decidir a quiénes ingresan en la UCI y a quiénes no. Porque, dicho sin eufemismos, el criterio con que se actúa es precisamente el que temen los detractores de la eutanasia, pues la saturación de casos urgentes obliga a privar de asistencia a determinados enfermos sin consultar su voluntad.
Criterio de selección
Leo (Vozpópuli, 21/3):
Los médicos de las unidades de cuidados intensivos llevan días preparándose para cuando llegue el momento en el que la falta de capacidad en las UCIs les obligue a tomar este tipo de difíciles decisiones. Esta semana la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) publicaba una guía ética para ayudar a los sanitarios durante ese proceso. La recomendación es clara: ante la duda hay que priorizar al paciente que "tenga mayor esperanza de vida con calidad".
Es lógico que en ausencia de una ley de eutanasia se aplique este criterio de selección librado al diagnóstico de los facultativos. Continúa el artículo citado:
De esta forma se podrá decidir "no ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo (como situaciones de fracaso multiorgánico, riesgo de muerte calculado por escalas de gravedad elevado o condiciones de fragilidad avanzada…)". También se tendrá que "valorar cuidadosamente el beneficio de ingreso de pacientes con expectativa de vida inferior a dos años". En ese sentido, apuntan que además de la gravedad de la enfermedad tienen que tenerse en cuenta factores como la edad de los pacientes.
Está todo dicho. Los débiles, los incurables y los ancianos quedan a la cola de los candidatos a recibir un tratamiento puntero por razones prácticas, despojándolos de su derecho a ser tratados en condiciones de igualdad.
Situación más equitativa
La situación podría ser más equitativa si estuviera vigente la ley de eutanasia. El censo de los acogidos a las cláusulas del testamento vital identificaría a un contingente de voluntarios decididos a ceder sus plazas en la UCI a los más aptos para sobrevivir. Un contingente al que podrían sumarse otros ciudadanos que no hubieran previsto una emergencia social y económica como la que nos castiga y no se sintieran capaces de soportarla.
En este contexto, es importante subrayar que cuando la guía ética de la Semicyuc aconseja priorizar al paciente que tenga "mayor esperanza de vida con calidad" incluye precisamente la "calidad" entre los valores que hacen a la vida digna de ser salvada.
Esta no es una reflexión retórica y oportunista. Quien la firma, titular de un testamento vital y antiguo afiliado a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, es el primero en renunciar a ocupar, con 89 años recién cumplidos, una plaza en la UCI que pueda salvar la vida de alguien más joven y con muchas expectativas por delante, cualquiera sea su clase social, nacionalidad, etnia, religión e ideología. Respeto los derechos y la opción de los ancianos empeñados en abrazarse a su supervivencia, pero creo que también deben respetarse los derechos de quienes pedimos dejar paso a los más aptos para disfrutar de la vida y servir a sus semejantes.