La vacunación en su tercera dosis nos la hicieron en manada. Nos pedían el número del DNI, nos ponían en fila y nos iban marcando en el brazo como a reses. Nadie se molestaba en informar a los ciudadanos que allí estábamos, tratados como pacientes del latín patiens (sufriente, sufrido), sobre qué vacuna nos ponían, qué posibles efectos podía tener y cuál era el grado y el tiempo de protección frente al covid-19 y sus cada vez más extendidas mutaciones.
Las restricciones sociales que expertos y políticos habían prometido desaparecerían tras conseguirse la inmunidad de grupo gracias a las vacunas volvían a escena en forma de certificado covid para entrar en bares y mascarilla obligatoria para transitar por las calles.
Los liberales que defendemos de manera ilustrada tanto la efectividad de las vacunas como la existencia de un Estado de Derecho parecemos ser los únicos que criticamos la esquizofrenia de una situación contradictoria que daña la creencia popular en la efectividad de la ciencia y mina el instinto cívico que ve en la privacidad y la intimidad baluartes de la propiedad privada. Propiedad que empieza con la información acerca de lo más íntimo de nosotros mismos, nuestro cuerpo y estado de salud.
La manipulación de los políticos y los expertos sobre las vacunas, convertidas mediáticamente en un sucedáneo de brujería a mayor gloria de la OMS, está haciendo tanto daño como las magufadas de los negacionistas, y es que están convirtiendo la ciencia en un sistema de dogmas y ritos para creyentes fideístas en realidad tan ignorantes y acríticos como los que claman contra la conspiración de unos Soros y Gates dados a la escritura de unos nuevos Protocolos de Sión.
Por otro lado, medidas como el certificado covid para la restauración y la mascarilla obligatoria en la calle son un modo de reafirmar el poder del Estado para domesticar a la ciudadanía, acostumbrándola a la servidumbre voluntaria, haciendo que se desvíe la atención de medidas antipandemia que sí respetan los derechos de los ciudadanos, siendo la principal la de levantar hospitales y contratar sanitarios para atención primaria, lo que pondría el foco en el grado de saturación del sistema hospitalario y no en el nivel de contagios. En ello han tenido especial responsabilidad los medios de comunicación, que han creado un estado de alarma social injustificado al subrayar hiperbólicamnte los contagios y ocultar el tanto por ciento de camas ocupadas, sobre todo en las UCI.
Junto a la construcción de hospitales y el aumento de recursos en la atención primaria, otras medidas de prevención serían el fomento del teletrabajo, con lo que se jugueteó como parte de una nueva utopía laboral pero que rápidamente fue dejado de lado, no fuera a ser que se demostrase que subía la productividad a costa de la presencialidad. Pero al Leviatán estatal no le interesa una inversión social que detraería gasto político y, mucho menos, empoderar a la ciudadanía en lugar de someterla y castigarla, sino que crea un estado de guerra civil al propagar la idea de que debemos vigilarnos mutuamente para que sean los individuos con instintos más fascistoides los que se encarguen de denunciar ante la autoridad competente a los que se salgan del guión dictado por el Big Brother biosanitario.