La peor, pero previsible, noticia para la monarquía constitucional española: por primera vez en muchos años, The Economist no clasifica a España como democracia plena sino como democracia defectuosa. Fundamentalmente, por la falta de independencia del Poder Judicial, acosado por los partidos políticos.
Los Estados Unidos perdieron la consideración de democracia plena con Barack Obama. España ha bajado de nivel con Pedro Sánchez. No son casualidades. Ambos son políticos que brillan por fuera pero son tenebrosos por dentro. Obama y Sánchez representan la deriva de la izquierda hacia el antiliberalismo, las políticas de la identidad y el populismo. O, lo que es lo mismo, el asalto al Poder Judicial por parte del Ejecutivo, el ataque al mérito individualista para imponer el colectivismo de la mediocridad, así como el plebiscito carismático por encima del Estado de Derecho.
The Economist subraya que las luchas partidistas por el Consejo General del Poder Judicial son la gota que ha colmado el vaso para degradar a España. Pero la independencia del Poder Judicial siempre ha estado en cuestión por la izquierda. Si con Felipe González se cuestionaba el perfil social de los jueces, atribuyéndoles que estaban a sueldo de los intereses de la burguesía contra los obreros, ahora se suma con Irene Montero el intento de adoctrinarlos con perspectiva de género. Es lo que Pablo Echenique repite sistemáticamente: lawfare o guerra jurídica. La idea es que no haya ni un solo ámbito de la sociedad civil o el poder que puedan desarrollarse sin que los socialistas introduzcan criterios de ingeniería social. Lo personal, dicen, es político, por lo que van a meter mano en las braguetas, según Carmen Calvo dictamine qué es pecado o no. Lo económico, sostienen, es político, por lo que Yolanda Díaz se va a quedar con las carteras haciendo que las empresas tengan que ser codirigidas por sindicalistas, contraten según cuotas y no decidan cuánto les van a pagar a sus empleados.
En general, la democracia liberal sigue erosionándose en todo el mundo, perdiendo posiciones frente a autoritarismos de derecha e izquierda. Bienvenidos a un siglo XXI de populismos conservadores y socialistas, de autócratas carismáticos y de eliminación de libertades en nombre de la seguridad. Como buenas noticias, en fin, Europa se mantiene a duras penas como núcleo de la democracia liberal. Especial mención positiva a Irlanda, que alcanza el sobresaliente, y a Uruguay, que, junto a Costa Rica, mantiene el bastión liberal hispano, una vez que España y Chile han caído y México se hunde con su cantinflesco presidente.
Pero el panorama es desolador. Para el caso español, como decía, ha sido determinante que la izquierda haya incorporado el lawfare, la guerra jurídica a la praxis gubernamental, destruyendo cualquier atisbo de independencia y trasladando a la ley la lucha de clases y la perspectiva de género. Lo llaman Justicia Popular. Además, tenemos la corrupción empresarial y política, la polarización partidista y la pertinaz crisis nacionalista. A sólo nueve años del centenario de la Segunda República, hay quien se está frotando las manos con esta degradación de la monarquía constitucional.
Sentencia The Economist: "España fue el único país de Europa occidental que bajó de categoría por tipo de régimen en 2021". Este debería ser el epitafio del Gobierno de Pedro Sánchez en la alianza del PSOE con la extrema izquierda y los nacionalistas. Si en España hubiese un mínimo de sensibilidad democrática. Pero no pasará nada. No pasará nada porque perdemos posiciones dentro de la categoría democracia liberal pero ganamos posiciones dentro de la categoría democracia popular. Nos alejamos de Noruega, nos acercamos a Venezuela.