Como el franquismo, es decir, el antifranquismo post mortem, que todo lo explica y justifica en la España salida de la Transición, sigue siendo un tema de rabiosa actualidad y todo lo que tiene que ver con la banda terrorista ETA está envuelto en una aureola de silencio, bueno es recordar a los lectores más jóvenes que, entre 1983 y 1987, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron responsables de veintisiete asesinatos, entre los que destacan los de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, asociados siempre a la cal viva que, antaño, antes de que Frankenstein echara a andar, era recordada en las tribunas más distinguidas de España para criticar los métodos empleados durante el primer mandato de Felipe González. Casi cuatro décadas después, con ETA desactivada por lo innecesario e, incluso, contraproducente de derramar sangre española para conseguir lo que la propaganda, las subvenciones y el oportunismo del PSOE facilitan, el socio prioritario de Sánchez, ese EH Bildu al que dio el pésame por la muerte de un etarra, participa en ceremonias de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso al que sus diputados asisten con el único objetivo de dañar al máximo a la nación.
Envalentonados por las cotas de poder alcanzadas, quienes, según la luctuosa lógica de Sánchez, serían los deudos del etarra Igor González Sola han conseguido aumentar la elasticidad de la futura Ley de Memoria Democrática logrando que esta llegue hasta el 31 de diciembre de 1983, año en el que los GAL comenzaron a operar. Fue en ese año, al que ni PSOE ni Podemos pretendían llegar, cuando Lasa y Zabala fueron llevados al cuartel de Inchaurrondo y, más tarde, al Palacio de la Cumbre, donde fueron torturados, antes de ser asesinados de un tiro en la cabeza y recibir encalada sepultura en la localidad alicantina de Busot. Incorporar el primer año del mandato de González es, sin duda, un logro para el principal aliado gubernamental. Sin embargo, las ambiciones de los bildutarras no se detienen ahí. Han logrado también el compromiso de convertir el Palacio de la Cumbre y el Fuerte de Ezkaba en lugares de memoria, a lo que se sumará la declaración de ilegalidad de los tribunales franquistas y la anulación de todas sus condenas. Todo un brindis al sol judicial, que no cambia nada los hechos ocurridos, pues de hechos históricos se trata, pero que dará munición a unas sectas que, contra toda lógica política, operan con total impunidad en la legalidad española.
Legitimados por el manto ideológico multicolor en el que se han envuelto, a los miembros de EH Bildu cabe afearles haber desaprovechado la oportunidad de ampliar, al menos, un día más el arco temporal al que pretenden aplicar la nueva ley. Apenas 24 horas más hubieran bastado para homenajear a George Orwell y alcanzar el año, 1984, en el que fechó su distopía. Un pequeño detalle que ha escapado a los arquitectos de esa suerte de Ministerio de la Verdad que se trata de erigir para mantener una fábula maniquea que sigue fascinando a gran parte de la sociedad española, encantada de tomar partido, e incluso fantasear con integrarse en bandos distorsionados por el paso de más de ocho décadas y la labor de expertos en doblepensar.