Ha pasado en Portugal, pero podría pasar perfectamente en España. Y, en general, en cualquier país con un ministro de Educación socialista. Recordemos que en Sumisión, Houellebecq advertía que de ganar en Francia un partido islamista el ministerio que más querrían sería el de Educación. Pero, ¿quién teme a los islamistas teniendo a los socialistas? Dime quién enseña a los niños de siete años y te diré de quién será el mundo.
La cuestión de fondo: ¿quién tiene prioridad para educar a los menores de edad? En cuestiones técnicas, se diría que lo razonable es que lo sea la institución científica en sentido amplio. Tendrán que ser los comités de profesores de Filosofía los que establezcan cuáles deben ser los autores principales que se deban estudiar en Historia de la Filosofía, y los de Física los que hagan lo propio respecto al curriculum de su asignatura. Ahora bien, habrán de ser las familias las que fundamentalmente eduquen a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones respecto a la integridad ética y filosófica de sus hijos.
En un pueblecito de Portugal, sin embargo, el enfrentamiento entre el Estado y una familia se produjo en el ámbito de la asignatura equivalente a lo que en España se llama Educación para la Ciudadanía. Hace un par de años, en un pueblecito llamado Famalicão, una pareja se negó a que sus dos hijos cursasen la asignatura Educación para la Ciudadanía aduciendo "objeción de conciencia". ¿Objeción de conciencia respecto a qué? Los padres mostraban su "especial preocupación y rechazo" por los módulos "Educación para la igualdad de género" y "Educación para la salud y la sexualidad". Los familiares objetaban que se impartiese dicha asignatura con "perspectiva de género", es decir, desde el feminismo de izquierdas, ya sea "radfem" o "queer", que llega a negar que exista la naturaleza humana y la ciencia biológica, mientras afirma que cualquiera puede ser lo que prefiera, independientemente de cualquier condicionamiento genético, hormonal, en general, biológico, por lo que la identidad humana se reduce a ser, de manera simplista, un "constructo social". Se hace pasar así por "ciencia" lo que no es sino la filosofía radical de izquierda.
Dado que los alumnos en cuestión son brillantes y habían superado con nota el resto de exámenes, el equipo educativo aprobó su paso al siguiente curso. Como sucede en España, el equipo educativo es soberano a la hora de tomar decisiones sobre la promoción del alumnado, y, de hecho, se incentiva desde las autoridades educativas a que se evite la repetición. El ministro debería estar feliz. Pero no. Si simplemente hubiesen suspendido no habría habido ningún problema, pero al plantear los padres la objeción de conciencia suponían un desafío para un Estado intervencionista y un ministro autoritario.
Este Leviatán tiene nombre y apellidos: el ministro de Educación, João Costa. Socialista, no podía ser de otra manera. Costa se cargó no solo el derecho a la objeción de conciencia de los padres, sino también la autonomía pedagógica del equipo educativo. Obligó a los brillantes alumnos aprobados a volver atrás dos años y repetir curso. Mientras los ministros de Educación socialistas premian a los alumnos con malas calificaciones, regalándoles títulos y promoviendo la cultura del parasitado pedagógico, castigan a aquellos alumnos excelentes que señalan que el rey está desnudo, en este caso que los socialistas asaltan ideológicamente el sistema educativo estatal que debería ser ejemplar en cuanto a objetividad, profesionalidad, rigor, esfuerzo y neutralidad.
En un artículo publicado en Público, Costa se preguntaba quién tiene miedo a la igualdad de género, mostrando así su propio miedo a que alguien plantee el debate sobre la libertad de elección de los padres respecto a sus hijos, y el derecho de los estudiantes a no ser adoctrinados en el feminismo socialista.
Pero el Ogro kafkiano en que se ha convertido el Estado en manos de los socialistas no podía parar ahí. Una vez castigados los hijos había que castigar también a los progenitores, a los que el ministro acusó de ser malos padres y les envío a los servicios sociales con la amenaza implícita de quitarles la patria potestad y retirarles la custodia de sus hijos. O eso o pasar por el aro de ser unos buenos ciudadanos políticamente correctos y sumisamente siervos. Unos niños secuestrados por el Estado es la máxima expresión del totalitarismo que denunció Huxley en Un mundo feliz.
¿Puede ser un padre objetor de conciencia en nombre de un niño respecto a las enseñanzas estipuladas por el Estado? Por supuesto que es una indignidad tratar de manipular a los menores de edad para hacerlos comulgar con ruedas de molino ideológicas. Pero, ¿quién es el indigno, el ministro que impone una serie de enseñanzas que son indiscutiblemente discutibles, o los padres que consideran que dichos contenidos curriculares dañan y perjudican a sus hijos con enseñanzas que no son científicas ni estrictamente constitucionales, sino fundamentalmente ideológicas y partidistas?
Es un hecho que a través de talleres organizados, y cobrados, por organizaciones no profesionales e impartidos por activistas políticos, los alumnos son sometidos a adoctrinamiento políticamente correcto, mientras las autoridades educativas miran para otro lado, cuando no son directamente cómplices. Con la excusa de brindar formación en el área de Ciudadanía, que sería legítima si se mantuviese en el ámbito de los valores estrictamente constitucionales, se somete a los alumnos a un lavado de cerebro permanente con perspectiva de género, lenguaje inclusivo y praxis queer que, además, supone un menoscabo de las asignaturas científicas impartidas por profesionales que tienen que emplear tiempo y recursos en deconstruir el curriculum invisible que parasita sobre todo la enseñanza pública.
Los socialistas, desde los tiempos en los que Gregorio Peces Barba pretendía que los profesores de Filosofía se tuviesen que homologar en "progresismo" para impartir Educación para la Ciudadanía, están asaltando el sistema educativo público para hacerlo sectario, haciendo que la asignatura se convierta en un equivalente de las catequesis con perspectiva laica. En Cataluña, en particular, han sido los nacionalistas, con el apoyo genuflexo de los socialistas, los que han sometido a los alumnos castellanoparlantes a la tortura pedagógica del waterboarding lingüístico en una lengua que no es la suya materna, contra toda la evidencia científica y vulnerando sus derechos humanos básicos.
¿Hay alguna solución? Solo una: destruir el monopolio educativo estatal para que deje de ser una herramienta de adoctrinamiento masivo. La educación debe ser obligatoria, pero no así la escolarización estatal y tampoco un curriculum cerrado. El Estado debe obligar a los padres a educar a sus hijos pero dentro de unos parámetros muy amplios, que serían evaluables tras determinados períodos aunque dejando que el contenido específico, la metodología y la organización pedagógica fuesen decididos por las familias. En Suecia hubo una revolución pedagógica liberal para que el presupuesto educativo se fragmentase en cheques que las familias destinaban a los centros de su elección, ya fuesen estatales o privados. Otros países, como Estados Unidos, legalizan el "homeschooling", lo que permitió que el genio de la Física Richard Feynman sacase a sus hijos del sistema público cuando comprobó lo rígido y antipedagógico del sistema. En España, solo Vox ha propuesto dicho cheque escolar para "despolitizar la educación", planteando el dilema pedagógico adecuado: ¿quién debe educar a los hijos? O bien las familias, a través de la competencia de los centros públicos y privados, o el ministro socialista de turno detentando el poder a través del Big Brother. No necesitamos a los islamistas que temía Houellebecq porque las madrasas ya están entre nosotros, sólo que en lugar del Corán se enseña el programa electoral socialista, el Manifiesto Comunista con perspectiva de género y las reivindicaciones LGTBIQA+H2S por activistas que visten camisetas con la efigie del Che Guevara.