Malversar el Derecho y la Democracia como método

Malversar no es una acción que se tenga que referir exclusivamente al dinero público. Puede expresar el uso indebido de bienes y/o caudales públicos. Cierto es que el caudal, los caudales, entrañan riqueza, pero no toda riqueza alude necesariamente al dinero, público o no. Lo mismo se dice de los bienes. Por ello, malversar es, en general, un comportamiento inmoral consistente en usar inapropiadamente algo valioso y común. ¿Y qué bien público lo es más que la propia nación, su Constitución democrática y su Estado de Derecho consecuente?

Se está suponiendo, erróneamente en mi opinión, que lo de estos días es una singularidad política que está obligando al presidente del Gobierno a la modificación de algunos artículos del Código Penal para lograr que sus socios separatistas aprueben los Presupuestos para 2023. No es así. Es el desprecio de las izquierdas por la democracia como forma estable de convivencia y acuerdo lo que motiva que las malversaciones del Derecho y de la democracia sean sucesivas, crecientes y dañinas para el régimen constitucional de 1978.

Podría haberse optado por la vía del indulto, ya ensayada con los separatistas catalanes, ampliando sus efectos y extendiéndolos a otros condenados, por ejemplo, los socialistas implicados por el caso ERE. De hecho, la familia de José Antonio Griñán lo pidió. Pero el coste electoral de una "amnistía" exprés encubierta (así la llamó Cayetana Álvarez de Toledo ya en 2020), más si cabe cuando afecta a todo un presidente nacional del PSOE como Griñán, era y es demasiado alto y se intenta volver a lo tradicional, a la malversación del Derecho para lograr los objetivos políticos.

Lo que estamos viviendo en estos momentos son combates tácticos de la gran malversación democrática que es el intento de reventar el poder judicial en España como tercer pilar constitucional del Estado de Derecho y eso, como puede recordarse fácilmente con la presunta muerte de Montesquieu anunciada por Alfonso Guerra, no es nada nuevo. Es el método y el carácter de las izquierdas hostiles a la "democracia burguesa" o "formal", despreciada muy especialmente por el comunismo y el socialismo comunistizado. Un poder judicial independiente no es aceptable para ellos porque la democracia tampoco lo es.

Aunque en el Código Penal la malversación tenga un significado técnico determinado, malversar se ha convertido en el modo político habitual, sobre todo desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Por poner un ejemplo transversal definitivo, aunque la Constitución reconoce el derecho a la información veraz de los españoles, resulta evidente –hay pruebas a manos llenas—, que las mentiras sucesivas del presidente del Gobierno malversan el derecho de los españoles a la verdad.

Desde la patraña sobre su propio currículo a haber reconocido, y luego negado, que en Cataluña en 2017 se cometieron los delitos de rebelión y sedición, pasando por haber afirmado que existía un Comité de Expertos que aconsejaba al gobierno durante la reciente pandemia de Coronavirus, todos son ejemplos de la malversación continuada del derecho a la verdad, clave básica del voto en libertad en una democracia, que se ha convertido en costumbre.

Hace unos días, el gobierno social-comunista-separatista que preside anunció la reforma, a la baja, del delito de sedición mintiendo reiteradamente. Poco después se deslizaba la ampliación de la reforma al delito de malversación de caudales públicos. Ambos tipos delictivos, como es sabido, son los que motivaron las condenas de los principales dirigentes separatistas del golpe de estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

En el caso de la malversación, su reforma puede beneficiar, además de a los separatistas —Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa—, al grupo de altos cargos de la Junta de Andalucía que perpetró este delito en el caso ERE y a muchos otros condenados debido al carácter retroactivo de su aplicación si es que se produce. En todo caso, se trataría de aplazar o evitar del todo el ingreso en prisión de José Antonio Griñán y sus secuaces, medida que exige ya la Audiencia Provincial de Sevilla. Se podrían matar así dos pájaros de un tiro.

El proyecto de ley orgánica que quiere eliminar la sedición y la cuantía de sus penas, que exigirá ser aprobado por mayoría absoluta, ya se ha presentado en el Congreso de los Diputados con el título encubridor de "Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la unión europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso".

Queda por saber si se presentará, cómo y cuándo, la reforma del delito de malversación hoy vigente en el Código Penal. De lo que no cabe duda es de que dicha reforma, como la del título de Sedición y su delito, obedece a motivos puramente políticos que consisten en permitir que los autores de estas transgresiones bien graves no ingresen en prisión y, a ser posible, no queden inhabilitados para el desempeño de cargo público. Oriol Junqueras for Honorable.

En el caso de los ERE, eliminar las penas de inhabilitación exigiría una nueva reforma, la del delito de prevaricación, nada imposible cuando uno de los gurús jurídicos del Gobierno defiende que ni los Presidentes de la Junta de Andalucía ni, por ende, su Consejo de Gobierno pueden prevaricar. O sea, no hay que descartar que tal nueva maniobra sea posible.

En palabras del aspirante a sillón en el Tribunal Constitucional, Javier Pérez Royo, "un presidente (Chaves, Griñán) no puede cometer el delito de prevaricación", esto es, no puede adoptar decisiones injustas, como las adoptadas en el caso ERE, a sabiendas… Está claro que no, como salta a la vista. Y añade: "El presupuesto lo aprueba el Parlamento y el Parlamento no delinque. La partida presupuestaria no puede ser nunca constitutiva de delito, otra cosa es que se cometan delitos haciendo uso de esas partidas presupuestarias". Ese es el argumento. Es más, invita a ambos condenados a querellarse contra el Tribunal que los sentenció.

Esto es, estamos ante lo que se conoce como legislación ad hominem, que es la gran malversación del Derecho. La ley no sólo debe ser igual para todos sino que debe ser concebida para todos. Cuando una ley se elabora para resolver el caso particular de una persona o grupo de personas estamos ante una ley ad hominem, una abominación que se dirige a personas (para salvarlas o condenarlas), no a delitos. El PP las hizo y el PSOE las hizo y las hace, mostrando ambos su desdén democrático. Pero nunca como ahora la ley ha servido tan descaradamente a las conveniencias políticas y personales de un gobierno y los partidos que lo sostienen.

En el caso de la modificación del delito de malversación, si es que llega finalmente a sustanciarse, estaremos ante el intento por parte del gobierno de Pedro Sánchez de arrimar el ascua a su sardina, aprovechando que el Pisuerga (léase Guadalquivir) pasa por el separatismo catalán, para resolver lo que sólo podría haber resuelto –y tal vez no tenga otro remedio debido a la urgencia de los plazos, pocos días pueden quedar para el ingreso en prisión de Griñán y cía—, un indulto con daños electorales incómodos. El reloj dirá si hay tiempo para una cosa o la otra.

Pero, ¿qué es lo que se quiere hacer, según se puede deducir del barullo declarativo de unos y de otros? Se quiere distinguir entre el malversador, autoridad o funcionario público o persona que se apropia o administra deslealmente para beneficio o lucro propio el dinero público y el malversador que, aunque administra deslealmente el dinero presupuestado usándolo para otros fines, no se lo lleva crudo él mismo, sino terceras personas, ya sean de su partido, de su pueblo, de su circunscripción electoral u otros beneficiarios varios.

Aunque es casi imposible descubrir si el malversador, el que sea, obtiene o no beneficios personales por diferentes vías y tiempos, la reforma social-comunista-separatista pretende distinguir entre malversadores ladrones tipo Dioni, los malos, y malversadores ladrones tipo Curro Jiménez o Diego Corrientes, "el rey de la Andalucía,/ el que a los ricos robaba/ y a los pobres socorría", los buenos.

Hasta Stalin tuvo más arte y destreza cuando en el Informe sobre el activo de la organización de Leningrado de 13 de abril de 1926, ^[i] distinguió entre malversadores "tristes" y "alegres", caracterizando a éstos últimos como gente que robaba al Estado transfiriendo una parte a su círculo próximo de amiguetes y seguidores que lo consideraban héroes. A lo mejor reconocen a alguien en esta descripción del tirano:

Resulta que había un lechuguino, un jovenzuelo con bigotito, que robaba alegremente en una de nuestras instituciones; robaba de un modo sistemático, sin darse punto de reposo, y robaba siempre con suerte. En este caso, es digno de atención no tanto el ladrón en sí, corno el hecho de que la gente que lo rodeaba, conociéndole, lejos de
salirle al paso, estaba dispuesta, por el contrario, a darle palmaditas en la espalda y a encomiar su destreza, por lo cual el ladrón pasó a ser una especie de héroe a los ojos de la gente.

De este modo, dado que José Antonio Griñán y su cuadrilla no se han beneficiado ni lucrado personalmente con el dinero de los ERE —sienta el PSOE sin demostración—, pertenecerían a una nueva categoría de malversadores buenos o "no indecentes", tal vez "alegres", por su éxito popular. Esta sería la categoría que habría que definir en una nueva redacción del delito de malversación para reducir sus penas logrando, por fin, que el objetivo político –la máxima impunidad de los amigos—, se cumpla.

Ha subrayado en estas páginas Emilio Campmany que "malversar dinero público aprovechando que se administra puede ser mucho más grave cuando el fin es distinto al lucro personal. A fin de cuentas, quien roba para sí no hace más perjuicio que el económico. Pero quienes, como los independentistas, robaron para intentar un golpe de Estado con ese dinero hicieron mucho más daño que el que provoca una merma en los recursos públicos". Como Griñán, que aceptando un método clientelar de ayudas socioeconómicas alteraba la limpieza democrática de las elecciones andaluzas, entre otras cosas, un daño mucho más grave que llevárselo calentito.

Se ha recordado que, desde 2015, año en que se modificó el delito de malversación para penar más severamente la corrupción, 600 personas han sido condenadas por este delito. En 2022, ya son 48 los culpados por ello. O sea, que no sólo serían los golpistas catalanes ni la capilla chavista-griñanista los beneficiados, sino que habría que revisar todas estas condenas por corrupción: un jaleo brutal y arbitrario para beneficio de tres partidos, PSOE, Podemos y Esquerra, que favorecerá indudablemente a muchos otros condenados, como en el escandaloso caso de la Ley del "sí es sí".

Pero bueno será no perder de vista en qué conflicto estamos. La reforma de los delitos de sedición y/o malversación, por llamativas que sean, no son más que batallas menores de la guerra total que las izquierdas, separatistas o no, han declarado al poder judicial en España. Del intento de sumisión de sus organismos, apenas independientes ya, se sigue con la modificación partidista e interesada de artículos del Código Penal, alentando para ello una profunda división doctrinal entre los juristas.

Y esta guerra judicial no es más que un frente de la confrontación general de las izquierdas españolas con la democracia en su conjunto, con la Constitución de 1978 y con la herencia de una Transición que quiso, ingenuamente sabemos ya, una reconciliación nacional. Obvio es que las izquierdas y los separatismos siguen ansiando, sin examen de conciencia alguno de sus responsabilidades históricas, que media España deje de existir políticamente a manos de la otra media.

Para conseguirlo, necesitan con mucha urgencia la malversación acelerada del Derecho y de la Democracia antes de las próximas elecciones. Tienen que impedir que cualquier tentativa de regeneración nacional triunfe, retrase o merme su hegemonía total. El que crea que estamos en otra película, podrá ser una buena persona pero no tiene ni idea de cine. ¿Está alguien preparándose en serio para que el final del guión no sea el dictado desde las izquierdas y separatismos? Yo no lo veo.

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^[i] José Stalin, Obras Completas, tomo VIII. Edición Lenguas Extranjeras, Moscú, 1953.