El 8 de octubre de 2023, numerosas instancias civiles y políticas españolas convocan a una manifestación en Barcelona para expresar el rechazo a la mayor conspiración anticonstitucional conocida desde 1978: la aprobación de una Ley Orgánica de Amnistía (ese es el nombre que le ha dado la vicepresidenta Yolanda Díaz al regreso de su encuentro con el sucesor de Jordi Pujol y Artur Mas, el prófugo Puigdemont) y la conformidad legal con un referéndum que permitirá, de hecho, declarar la independencia en cualquier región de España ahora y en el futuro. Valgan estas reflexiones a vuela pluma como aportación y certificación de mi asistencia real desde Sevilla aunque no esté presente físicamente en el Paseo de Gracia.
Ambas medidas atentan directamente contra la Constitución que consagra, como es sabido y es de sentido común político, que la soberanía nacional reside en la nación española y que su futuro no puede ser decidido por los ciudadanos de una parte de ella erigida en sujeto equiparable.
Además, y está expresamente recogido en su texto, los indultos generales están literalmente descartados del derecho de gracia que sólo puede administrar el Rey. De la amnistía, o como vayan a llamarla en adelante, ni se habla siquiera porque no puede contemplarse racional ni moralmente en ningún régimen democrático. Menos aún, si es el precio que un partido político, el PSOE, paga a otros por conseguir una mayoría suficiente que le permita desgobernar degenerando una nación como la nuestra.
Esto de las manifestaciones está muy bien en tanto es un derecho a expresarse libremente en las calles de España, recogido naturalmente en la misma Constitución que hoy se pone en cuestión. Otra cosa, sin embargo, es su eficacia política en un régimen democrático que privilegia a los partidos como formas muy preferentes de expresión y organización política y modo casi único de poder obtener un acta de diputado o senador y de proponer leyes.
Recuérdese, por ejemplo, la inmensa manifestación de españoles en Madrid con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco, hijo de albañil y concejal del PP, por la banda terrorista ETA, ahora metamorfoseada en Bildu, días después de la liberación de José Antonio Ortega Lara. Nos reunimos torrentes de cientos de miles de personas hasta más del millón confluyendo en la Puerta del Sol de Madrid en un acto de rebelión contra el terrorismo y su iniquidad moral.
Cierto es que el gobierno Aznar tomó decisiones antiterroristas muy importantes, pero no pudo parar lo que sigue siendo, por ahora, imparable, por más que nos duela. Días después el PNV precipitó un acuerdo con ETA apuntalando el árbol que le proporcionaba las sangrantes nueces políticas. Luego vinieron los pactos social-comunistas-separatistas y los cordones infecciosos contra el PP, por más que ahora, que los padece Vox, este partido parezca haberlos olvidado.
Luego vino el atentado inexplicado del 11-M de 2004 que hizo salir al PP del Gobierno, las sucesivas rendiciones de un Gobierno socialista vergonzoso y ruinoso, la apatía del PP de Rajoy por los valores y las ideas y finalmente, la reencarnación de ETA y el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, mientras PP y Vox, sobre todo, se enzarzaban en una bronca impropia del momento nacional.
Lo que está ocurriendo ahora, y da motivo a la manifestación del día 8, no es sólo consecuencia de la superioridad táctica de un PSOE sumado a Podemos y al separatismo – el eficaz "divide y vencerás" de Sánchez le hace parecer un Julio César capaz de profanar todos los Rubicones—, sino también de todos nosotros.
Es responsabilidad de un socialismo incapaz de reformarse que, aunque intentó eliminar al Frankenstein que llevaba dentro, no pudo porque no supo. Lo es de un PP que, cuando le convino, se alió con el pujolismo y nunca rectificó nada cuando dispuso de la mayoría absoluta más contundente desde 2011. Igualmente, son responsables UPyD, UPN, CC y lo es Vox, que nacido del vacío de una derecha amorfa, se han mostrado incapaces de forjar la unidad necesaria. Y lo son los socialistas que hablan y hablan (Guerra, González, Page y otros) contra el desastre nacional pero luego callan, otorgan y se escabullen. A ninguno de ellos, salvo al bizarro Javier Corcuera y tal vez al resuelto Joaquín Leguina, se les espera Barcelona, salvo milagro.
Sí, esta manifestación del domingo 8 de octubre es absolutamente necesaria. Las manifestaciones, por masivas que sean, desahogan a la parte más consciente de los ciudadanos que sienten la cercanía de un problema, un peligro o un caos. Pero tienen tres problemas.
Uno, ya enunciado, es que carecen de la eficacia real que sólo pueden conseguir si los partidos políticos, o el Gobierno u otros poderes del Estado intervienen decisivamente y asumen lo manifestado. Que se sepa, pocas manifestaciones incorporan un objetivo político concreto que pueda convertirse en proyecto de ley o iniciativa parlamentaria.
El segundo, insisto, es que toda manifestación tiene lugar en una ciudad de España. Cuando el objeto de la misma es resolver un problema nacional, muchos ciudadanos que viven en otras ciudades y regiones desearían seguramente asistir pero no pueden por razones diferentes y legítimas. ¿Es que acaso es imposible para los informáticos de España, que los hay y extraordinarios, idear un sistema gracias el cual cualquier español en cualquier parte de España pueda ser conceptuado y cuantificado, de forma virtual pero certificada y real, como asistente? ¿Cuántos manifestantes habría en Barcelona el día 8 de contabilizarse el deseo expreso de asistir de los que no pueden?
El tercer problema es que su misión catártica, que puede agotar sentimental y políticamente a los ciudadanos, no es suficiente. Cuando además, algunas otras con el mismo fin explícito, en este caso, de oposición a un gobierno felón, se suceden en tiempos bien cortos, puede acentuarse el cansancio y el pesimismo. Si, por si fuera poco, sus impulsores o simpatizantes priorizan sus diferencias sobre sus concordancias, el efecto puede ser fatal. Distinguir lo esencial de lo accidental y accesorio es capital para este momento de la nación española.
La manifestación del 8 de octubre de 2023 es, además, diferente a todas las anteriores. La manifestación de Barcelona tiene que contribuir a resolver un problema de calado histórico coreando al unísono el discurso del Rey del 3 de octubre de 2017 (debería ser releído públicamente en el acto), que dio pie a la gran marcha nacional del día 8 siguiente.
En efecto, se trata de España, de la Constitución, de la unidad nacional y de la convivencia en libertad, pero se trata igualmente del Rey, de una monarquía aprobada democráticamente dos veces, como ha dicho Alfonso Guerra, por los españoles. ¿Qué más legitimidad es necesaria? Pues a pesar de ello los ataques de los facciosos al Rey y a la Monarquía son continuos desde aquel discurso. Siguen siéndolo. "No tenemos Rey", llegaron a decir no hace tanto.
Hace seis años, los manifestantes de Barcelona se arroparon con el discurso del Rey y lo arroparon, pero esta vez no va a haber nuevo discurso del Rey, no sólo porque sigue vigente el de entonces, sino porque es evidente que Felipe VI se encuentra problemáticamente situado en la tela de araña jurídica que el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando para desmemoriarnos de aquel discurso. Hay que ayudarlo, que hizo mucho cuando pudo. Ahora nos toca a todos ayudarlo a él para ayudarnos.
Bueno será recordar algunas ideas del discurso del Rey, aceptado por Sánchez, para que nunca se olviden:
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada −ilegalmente−la independencia de Cataluña.
Los separatistas y aliados "han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando ─desgraciadamente─ a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.
Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.
Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.
Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña.
Terminaba subrayando "una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como Rey con la unidad y la permanencia de España".
El Rey defendió lo que debía defender constitucionalmente y escrito está ya en la Historia.
Pero hay otra diferencia radical entre esta manifestación y cualquier otra anterior. En 2017 el gobierno y la oposición estuvieron con el Rey y la Constitución. Ahora, el PSOE de Pedro Sánchez y su gobierno en funciones, tras haber mentido a los españoles en una campaña electoral vergonzosa en la que afirmó que nunca pactarían con los que después descaradamente pactó, tiene el propósito declarado de reventar aquel discurso real dando palabra y poder a los mismos que perpetraron, y afirman que volverán a perpetrar, un golpe de Estado anticonstitucional.
El cinismo es tal que aquellas palabras de Felipe VI de hace seis años fueron aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y el propio Pedro Sánchez, cuyo representante Josep Borrell intervino, inexplicablemente, en el acto central de aquella manifestación, hoy comprendemos que para descafeinarla. Se equivocó de "circo" pero lo recordamos, sí. Su circo está en otras partes, sobre todo en su partido, que con Sánchez es hoy el mayor problema de España.
Pero entonces, no se olvide, el PSOE y Pedro Sánchez dieron su apoyo a la tímida, sí, pero aplicación legal, del artículo 155 de la Constitución. Esta manifestación es diferente porque el PSOE ha dejado de estar con la Constitución por mucha prestidigitacion jurídica que el desinhibido ilusionista Pumpido nos ofrezca con el polvo de su número de circo.
Debería haber otra diferencia más. Las disensiones internas, aún legítimas, de los partidos, las asociaciones civiles y las personas que tenemos que sostener y amplificar aquella alocución real, deben coincidir en una estrategia conjunta de recuperación del espíritu de la Transición y de reconciliación del que hizo gala la primera generación democrática tras la Dictadura de Franco.
Esta manifestación no puede terminar el día 8 en Barcelona. Debe ser continuada por la elaboración de proyecto común y eficaz que conduzca a hacer que sea la mayoría nacional la que decida el futuro de España y no unas castas beneficiadas por privilegios que van desde un trato electoral, político y judicial desigual y preferente a unos incumplimientos legales escandalosos en educación, pasando por privilegios presupuestarios que perjudican a la inmensa mayoría de los españoles y hacen imposible la solidaridad nacional y permiten redes de comunicación públicas que sirven más a la destrucción nacional que a su cohesión.
Serán, seremos, los manifestantes del día 8 de octubre de 2023, reales y virtuales, los que deberemos corear al unísono en Barcelona y en toda España el discurso del Rey de 2017. La mejor manera de ayudar a España y a su democracia constitucional es defender, difundir y corear aquel discurso del Rey que hoy se está traicionando de forma impune, por ahora.
Se me ha recordado en estos días una moraleja de don Juan Manuel, el conde Lucanor, en uno de sus cuentos. Dice así: "Si al comienzo no muestras quién eres, nunca podrás después, aunque quisieres". Debimos mostrar quiénes somos hace seis años pero no lo hicimos del todo y así nos ha ido. Por diferente que sea esta manifestación, con todos sus ingredientes, tenemos otra oportunidad. La Nación, la Constitución, el Rey y la democracia están en juego.