Leo y escucho, sin sorpresa pero con preocupación, que las tesis mantenidas hace un año en mi artículo Es un golpe de Estado son ahora ampliamente compartidas por muchos de los incrédulos, cándidos e ingenuos de entonces. Es un paso al que irremediablemente debíamos llegar y que alcanzarían a comprender hasta los moderados más irreductibles.
Me preguntan ahora qué se puede esperar del próximo gobierno y la próxima legislatura y entonces tengo que remitirme a otro texto, publicado a continuación del anterior y que titulé Vivir en el Chavismo. Allí, muy resumidamente, alertaba del cambio de régimen que experimentaríamos y advertía también sobre el derrumbe de la Res Publica por la llegada al poder, trámite las urnas y no pocas marrullerías, de sus sepultureros.
Es decir, como ya había vivido en Hispanoamérica, el paso del Estado constitucional a una forma de tiranía donde impera la política total y la barbarie parlamentaria. Lo que vamos a ver —ya lo estamos viviendo— es un desplazamiento de la legalidad en favor de las necesidades políticas o intereses de conservación del poder, elevadas y categorizadas como interés público o interés nacional.
En estas circunstancias, como advirtió en su día E. Hemmingway, ya no se puede mantener el poder ni la tarea de gobierno de manera honesta. Lo que viene es sólo una forma u otra de tiranía.
La próxima legislatura, el próximo mandato gubernamental, como veremos desde la sesión de investidura misma, consistirá esencialmente en una degradación total de la vida pública y una aceleración del desmantelamiento de lo que queda de Estado constitucional. Es en verdad en lo que estamos desde hace tiempo por mucho que algunos sigan empeñados en no ver la realidad de las cosas y otros, en fin, insistan en que todo esto es reforzar la democracia.
¿Qué viene entonces? Pues más allá de la tramitación y aprobación de la impunidad sobrevenida de no pocos y cualificados delincuentes, mediando eventual prevaricación de los miembros de la mesa del Congreso, sin dictámenes de Consejo de Estado y CGPJ, y sin efectos suspensivos por la interposición de un eventual recurso de inconstitucionalidad, muy resumidamente, a partir de 2024 cada sesión de control parlamentario será una especie de mini debate sobre el estado de la nación, con gran bronca y acusaciones de todo tipo el estilo. Ambiente de crispación que se trasladará de un modo u otro a la sociedad.
También tendremos mucho Real Decreto Ley como en la anterior legislatura, ataques continuos e indiscriminados al empresariado y a todo apellido relacionado con poder económico, gasto público desenfrenado para mantener la enorme red clientelar con la complicidad de Bruselas, donde no hay simpatía alguna por un gobierno alternativo al que hemos tenido ni al que se perfila estos días, y enorme hostilidad y agresividad con toda fuente de discrepancia o disenso en la prensa o donde corresponda.
Veremos igualmente un asalto definitivo al CGPJ para desestabilizar acto seguido otras instancias judiciales, un asedio a determinadas empresas en las que haya una mínima posibilidad de controlar directa o indirectamente sus consejos de administración, y un vaciamiento, ya total, de la presencia de la Administración General del Estado en determinadas CCAA, mientras en paralelo se prepara el terreno para una futura unificación, aunque sea de facto, del País Vasco con Navarra. Alza de impuestos por el bien de todos, medidas de gracia con terroristas de ETA, fortalecimiento de nuestros vínculos con los narcocomunistas del Grupo de Puebla, además de un avance de normas y disposiciones disparatadas y distópicas. Del apartheid del español en determinadas regiones ni hablamos.
Ante esta hoja de ruta, que cuenta además con el apoyo del potente comisariado político del Tribunal Constitucional, tiene razón el señor Girauta cuando dice que si la ley y la separación de poderes no es parámetro de actuación y control para unos, entonces tampoco lo será para otros. ¿Es esto una llamada a la revolución? No, porque la revolución ya está en marcha. No se puede acusar de golpistas a quienes reaccionan, aún sin contar con el aparato del Estado, ante quienes están dando un golpe de Estado desde su interior.
Tiene también razón el señor Eduardo Vírgala, uno de esos pocos catedráticos de Derecho constitucional que sí ejerce el Derecho constitucional, cuando advierte, según he leído en un texto que me han pasado, que nada hay que esperar ni del Consejo de Estado, ni de la Unión Europea, ni la ONU, ni de la Comisión de Venecia ni del sursum corda. El golpe de Estado, la mayor concentración de poder al servicio de un individuo y su corte, es ya un hecho y sigue su camino.
En fin, qué peligrosos son estos textos alarmistas, dirán algunos si me leen. Qué radical o qué temerario, dirán otros. Son los orgánicos, que no comprenden, ni quieren comprender, que estas situaciones son las que dan sentido a todo eso que estudiamos durante la Facultad. Estas situaciones son las que dan pleno sentido a Locke, Montesquieu, Stuart Mill, Hamilton, Berlin, Franklin, James Wilson, Tocqueville o tantos otros, algunos de los cuales hasta arriesgaron sus vidas para defender que los poderes otorgados por el pueblo deben tener suficientes contrapesos y deben estar debidamente separados para reducir la tendencia a la irresponsabilidad o la tiranía.
Lo contrario, permanecer impávidos, silentes, esperanzados en no se sabe qué o en que no será para tanto y ya escampará con un cambio de gobierno, no es más que convertirnos en cómplices del proceso, siervos que aceptan la servidumbre, el ostracismo o el exilio en casa propia. El cambio de régimen inspirado en la libertad y la igualdad jurídica de todos está siendo suplantado por un gobierno de colectivistas malhechores.