Salvo el sector universitario, la moribunda Universidad española, que sigue ofreciéndo todo su respaldo al sanchismo, se diría que apenas hay ámbitos en la sociedad española más desarrollada moral y políticamente que no tengan críticas radicales al Gobierno en funciones de Sánchez. La llamada sociedad civil, absolutamente ilustrada y totalmente secularizada en sus razonamientos, cuestiona decisiones y actuaciones del gobierno especialmente en materias que afectan a la nación entera. Conviene destacar desde el principio que la crítica clave al gobierno de Sánchez no se refiere a una determinada política, ni siquiera a la actuación de un determinado miembro del Ejecutivo, sino al asalto programado del PSOE, junto a otros partidos políticos, de los fundamentos del Estado-Nación.
Por eso, el centro del debate no es otro que la prometida ley de amnistía de Sánchez para los golpistas catalanes, que vendría a ser un punto y aparte de un largo proceso para fragmentar España y, de paso, abrir brechas en el resto de Europa para que sigan su "ejemplo". También conviene recordar que la "ley de amnistía" no tiene por único objetivo, obviamente, conseguir los votos de los golpistas catalanes de 2017 para que Sánchez sea investido Jefe del Gobierno, sino para legitimar y dar fin al proceso secesionista de Cataluña y, seguramente, el del País Vasco.
En efecto, por si alguien albergaba alguna duda sobre las intenciones de Sánchez, en verdad, sobre el minucioso plan trazado para descuartizar la nación del que el propio Sánchez es solo una pieza más, sin duda alguna importante, pero quizá no sea la decisiva, salió a la palestra pública el 28 de octubre y anunció al país entero que había pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, "el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida", y, eso, lo "justifica" por el "interés de España", o sea, en sus palabras, "para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".
Independientemente de la valoración moral y política que nos merezca esa declaración, debemos reconocer que el argumento ideológico utilizado por Sánchez para pactar con los condenados por la justicia excluye, como mínimo, a más de la mitad de la población española: él pacta con los asesinos del Estado de derecho, de los secesionistas catalanes, para que no gobierne la derecha. Prefiere la ruptura de España, el enfrentamiento y la división entre los españoles, antes de que llegue al poder, naturalmente, por la vía de las urnas, un gobierno democrático.
Sí, según él, todo lo hace "por el interés de España"; esta coletilla perversa, que añade Sánchez a su declaración no merece mayor comentario, salvo que es la prueba principal de la condición espiritual de este sujeto: el cinismo. La realidad dolorosa de España es convertida en la última instancia que justifica su oportunismo. Es obvio que no existe ideólogo en España y en el mundo, por muy perversa y zafia que sea su mente, capaz de creerse y divulgar esa mentira. Nadie puede intentar hacer pasar por verdad semejante patraña. Porque es inverosímil, desde cualquier punto de vista, una falacia, una trola de ese calibre, la sociedad española, incluida la vieja casta de los políticos socialistas y también un sector minoritario de la militancia socialista, está protestando contra el sanchismo. Y, un día sí y otro también, lo mejor de la sociedad civil española está en la calle tratando de detener esta atrocidad.
Mas si el anuncio de Sánchez del 28 de octubre nos hacía presagiar lo peor, especialmente lo que se refería a la exclusión y persecución de más de la mitad de la población española, el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, el 9 de noviembre, no sólo confirma todos esos males, sino que también sitúa al partido fundamental del Gobierno, el PSOE, al frente del separatismo catalán. El golpe de Estado está consumándose. He ahí un nuevo motivo para que la ciudadanía española salga a la calle. Ya no se estaría excluyendo a más de la mitad de los españoles, sino que se estaría legitimando un golpe de Estado de los partidos secesionistas contra el resto de España. Los españoles, sí, ya estarían situados muy por debajo, por decir algo, en derechos comparados con los catalanes. De hecho, el PSOE se compromete a representar solo los intereses de los catalanes… La cosa se ha salido, como dice el castizo, de madre, porque ya no se trata de un intercambio de favores, de la amnistía a unos cuantos delincuentes por siete votos de Junts, sino de que el PSOE se convertiría, de llevarse a cabo lo acordado, en el Partido Nacional-Socialista de Cataluña, y si no creen mi diagnóstico, lean y díganme, por favor, si acaso existe otra manera de interpretar estos dos puntos del acuerdo citado:
- La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
- La ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio."
El PSOE, el principal partido del Gobierno de España en funciones, está defendiendo antes a Cataluña, a los ciudadanos de Cataluña, que a los extremeños, andaluces o riojanos…. He ahí la clave para no tomarse a chanza el nuevo nombre del partido de Sánchez: Partido Nacional-Socialista de Cataluña. Pero, insisto, nadie se engañe sobre las posibles quiebras del sanchismo y la fuerza de la sociedad civil española. Recordemos siempre que la base electoral socialista es muy alta, más de siete millones de votantes. El partido sanchista no está dividido. Por eso, podría sacar adelante la ley de amnistía y convertirse en vanguardia de la fragmentación de España. Un estrato social muy extenso y poderoso, situado en lo más alto de la pirámide del poder y con ramificaciones en los puntos vitales de la economía, del conocimiento y la cultura, de la investigación y la ciencia, y, por supuesto, de la esfera de la justicia, como es el Tribunal Constitucional, apoya al partido sanchista. Éste último órgano, clave de bóveda del plan para fragmentar a España, está tan deteriorado moral y políticamente que ya todo el mundo ilustrado, democrático y legal, sabe que votará a favor de la ley de amnistía. ¡Cómo para no estar consternado sobre lo que nos espera! División y enfrentamiento.
Y, sin embargo, por fortuna, la hegemonía socialista no es absoluta. El extenso grupo social y político sanchista, como todas las organizaciones y colectividades, está dividido por intereses, ideas y querellas de poder. Quiebras relevantes han aparecido en el seno de la casta política que sostiene al sanchismo, valga reiterar las críticas de los viejos dirigentes socialistas a Sánchez, las declaraciones de los directivos de las grandes empresas españolas amenazando al Gobierno con su salida de España. Importantes son también las críticas surgidas en el seno de las grandes instituciones del Estado, entre las que destaca, en primer lugar, la advertencia al gobierno elaborada por el Consejo General del Poder Judicial denunciando la ley de amnistía; tampoco es baladí que un juez, García Castellón, haya procesado por terrorismo al fugado Puigdemont; y, en el ámbito internacional, la carta del Comisario de Justicia de la Unión Europea, Reinders, pidiendo explicaciones al Gobierno en funciones sobre esa ley de amnistía está siendo comentada en el mundo entero. En fin, hay razones para no desesperar… Todavía quedan fuerzas para defender el Estado de derecho, la Nación.
La protesta en la calle, sin duda alguna, ha alcanzado también carácter nacional. Aquí es donde se jugará la principal baza contra el auto-golpe de Estado que está perpetrando Sánchez. La cuestión es qué respuesta está dando el Partido de Núñez Feijóo para canalizar, organizar y respaldar esa desazón democrática de carácter antigubernamental y antigolpista. Aparte de la justa declaración formal de que quiere una España de ciudadanos libres e iguales ante la ley, es la hora de que el PP, quizá junto a VOX, elabore un programa de afirmación de los valores democráticos. Nacionales. Se necesita una sencilla página u octavilla que penetre en el alma de todos los españoles. De todos. Y no sólo las de sus votantes. Esa página volandera debería estar redactada con la razón para que llegue al corazón de todos los españoles. Eso significa que debería tocar, rectificar y superar el punto fundamental del sanchismo, que no es otro, como todo el mundo sabe, que dividir, polarizar y enfrentar a la ciudadanía española quitándole su principal punto de apoyo: la Nación. Porque Sánchez ha pactado con el secesionismo catalán una ley de amnistía inconstitucional desde cualquier punto de vista jurídico, según ha demostrado con precisión y altura moral la nota emitida por el Consejo General del Poder Judicial. Creo que la Oposición haría bien en tomar como eje de sus discursos y actuaciones la citada declaración. Me parece que el fundamento moral de este documento es tan relevante como su argumentación jurídica. Sólo por eso, por ese entramado casi perfecto entre la ética y el derecho, deberíamos divulgar la esencia de este documento, cuyo principal objetivo es mostrar que una ley de amnistía, como la anunciada por el presidente del Gobierno en funciones, "tan solo puede tener por objeto dejar sin efecto las decisiones –generalmente en sentencias— adoptadas por los Tribunales con relación a los mencionados hechos del pretendido conflicto catalán. Es decir, pura y simplemente, una ley de esas características solo puede suponer declarar la nulidad de esas decisiones. En otras palabras, que las Cortes vendrían a incidir en el Poder Judicial declarando la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales que se integran en él".
Leamos, releamos y hagamos nuestros, pasémoslo, por el juicio de nuestra conciencia, la esencia de esta declaración institucional de uno de los pocos organismos del Estado de derecho con relativa autonomía del Ejecutivo de Sánchez. Hallemos ahí la guía para que los españoles no vuelvan a los enfrentamientos del pasado al que tan proclive son los sectores más sectarios del PSOE. Digamos, sí, en voz alta y clara que "confundir el ´interés de España' con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora. Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política, constituye una perversión del régimen constitucional, porque nada impediría que mayorías coyunturales en la composición de las Cortes impongan su criterio por encima de las exigencias constitucionales, al amparo de que una norma con ese rango no puede ser cuestionada por los ciudadanos".
Amén.